Ir a pachas o pagar a escote

Más allá del contenido de la medida, el barullo suscitado por los procedimientos para las subvenciones a los compradores de coches no constituye anécdota, sino categoría.

Cuando unos colegas van al restaurante, pueden ir "a pachas", concepto popular aún no incorporado a los diccionarios. Pagarán la factura por mitades, sin tener en cuenta que unos pidan langosta y otros, acelgas. Pero también pueden ir "a escote" (del francés escot y del fráncico skot: contribución en dinero), sistema de prorrata por el que cada uno paga su parte, lo que ha consumido.

Las empresas serias aplican el escote, el criterio de internalización de costes: sus cuentas deben contemplar todos los costes, directos o indirectos. Por ejemplo, medioambientales, que dan causa al principio según el cual "quien contamina, paga". Esos costes deben ser soportados por ingresos correlativos. Las administraciones serias lo amplían al principio de responsabilidad fiscal. Quien gasta debe antes recaudar. Al cabo, eso tiene traducción política, el principio de lealtad institucional o constitucional. Que incluye también deberes de transparencia: no ocultar la cofinanciación de la UE del satélite para la T-4 de Barajas o de la depuradora barcelonesa del Besòs.

IAE, dependencia, patrimonio y automoción: la secuencia de la erosión de la lealtad institucional

Estos principios se incumplían cuando empezó a desarrollarse el nuevo Estado democrático / autonómico. Las autonomías gozaban de escasas competencias. El grueso de su coste se sufragaba con transferencias (subvenciones) centrales y no con impuestos, apenas descentralizados. Así, los Gobiernos autónomos podían colgarse las medallas de los nuevos polideportivos, ambulatorios o escuelas. Pero no pagaban la factura política de recaudar los recursos. Actuaban como repartidora, mientras el Gobierno asumía el funerario rictus del recaudador. Unas llevaban la fama y el otro cardaba la lana. Imperaba, así, la irresponsabilidad fiscal. Y cierta impunidad política.

De un tiempo a esta parte sucede lo mismo, pero al revés. Muy desarrollado el despliegue descentralizador, las autonomías desempeñan competencias nucleares, y además recaudan, ya empiezan a pagar factura política por cobrar impuestos. Ahora, la Administración central tiende a dictar impunemente medidas que disminuyen los ingresos o aumentan los gastos de aquéllas sin negociar ni avisar en forma debida.

En el caso de las subvenciones a la automoción, la pretensión era y es ir "a pachas", aportando ambas partes una cantidad idéntica, 500 euros, cuando el ingreso correlativo es asimétrico: el Gobierno recauda alrededor del 63% de los impuestos de un vehículo (una parte del IVA), y las autonomías, sólo el 36%.

Quien inauguró la tendencia fue el Gobierno de Aznar, con los municipios. Suprimió en 2002 casi todo el impuesto de actividades económicas, IAE. No negoció con los afectados, los ayuntamientos, el mecanismo para compensar los 1.200 millones que éstos perdían, hasta después de colgarse la medalla de convertirse en campeón de la rebaja de impuestos.

Ocurrió con la Ley de Dependencia en 2007, cuando el primer Gobierno de Zapatero requirió a las autonomías financiarla por mitades, de 220 millones. Un gasto social muy necesario, calculado para 200.000 beneficiarios, pero que se dispara en 2009 a más de 600.000, por 1.600 millones. Ha sucedido en 2008 con la supresión del impuesto sobre el patrimonio, cuyos rendimientos (1.800 millones) revertían al 100% en las autonomías. Aún se desconoce cuándo y cómo se cubrirá ese agujero.

Se supone que el efecto anuncio de una medida revelada por sorpresa levanta expectativas y estimula a la sociedad. A riesgo de dificultar el despliegue de esa medida, erosionando, al final, su eficiencia. Sobre todo si no se maduró con una Memoria económica, ni se negoció con los afectados. Claro que negociar resta escaparate. Pero evita barullos, siempre jaleados por los neocasticistas que denostan a las autonomías como presunto culpable de la presunta ruptura del mercado interior. Siempre que la causa no sea una medida dictada por sus ídolos, ya la supresión del patrimonio, ya la rebaja del 20% de la matriculación anunciadas por... la Comunidad de Madrid.

Políticamente es arduo transitar un esquema federal sin instituciones federales (Senado, algunos ministerios reorientados a la coordinación más que a la ejecución) o usando con cuentagotas las disponibles (conferencias sectoriales, y de presidentes). Económicamente bastaría "mejorar la regulación y aplicación del principio de lealtad institucional" de forma que el Estado evite "perjudicar los ingresos autonómicos con las modificaciones legales, tanto por el lado del gasto como del ingreso". Lo afirmaba y lo firmaba el Gobierno en el texto de su Propuesta base para un acuerdo de financiación, de 30 de diciembre de 2008. Pues eso.