"Ya sé para qué me habéis llamado"

Es miércoles, 25 de marzo. En el Banco de España se cuece la fusión entre Caja Castilla La Mancha (CCM) y Unicaja. Hay prisas. Los responsables del banco central han convocado, por separado, a los de las cajas para acelerar la integración. En teoría, son reuniones técnicas, como otras anteriores, por lo que no acuden los presidentes, Juan Pedro Hernández Moltó (CCM) y Braulio Medel (Unicaja), ni el gobernador, Miguel Ángel Fernández Ordóñez. Pero todo se precipita a partir de entonces.

El primero en llegar es el equipo de CCM, encabezado por el director general adjunto, José Luis Rodríguez Romo, a quien se comunican las necesidades financieras que tiene la caja para quedar saneada, lo que supone arrojar unas pérdidas muy cuantiosas. Asimismo, se les adelanta que el Banco de España va a proponer a Unicaja hacer una emisión de preferentes por valor superior de 500 millones de euros para facilitar la operación.

La inspección revelaba pérdidas de más de 500 millones de euros

Los consejeros de CCM ya habían decidido destituir a los directivos

Existía el riesgo evidente de que se acelerase la retirada de depósitos

La fuerte inversión inmobiliaria ha sido la causa de su perdición

Tras irse Unicaja, el Banco de España barajó buscar una tercera caja

La intervención ante Mariano Rubio marcaría a Moltó para bien y para mal

La reunión con Unicaja discurre por un camino diferente. Mientras los ejecutivos de CCM aparecen sumisos ante las propuestas del Banco de España, los de Unicaja se muestran firmes. Exigen unas aportaciones mucho mayores, cifradas en torno a 3.000 millones por fuentes externas. Unicaja esgrime un informe encargado a Price Waterhouse en el que se habla de pérdidas actuales y futuras, de la calidad de los activos dudosos y de otros parámetros. El Banco de España, sin embargo, sólo reconoce como cifra estimada de agujero unos 1.300 millones, y en todo caso no más de 1.500 millones. La partida acaba en tablas, porque Unicaja no está dispuesta a ceder.

La entrevista con los ejecutivos de la caja andaluza deja malas vibraciones en el palacio de Cibeles. El gobernador comprende al recibir la información de su gente que la prevista fusión no va a salir y que todo se encamina a una intervención, la última alternativa contemplada en su estrategia: primero "una solución privada", es decir, la integración en otra caja; después, si necesita ayudas, apoyo del Fondo de Garantía de Depósitos (FGD), y, por último, y si no hay más remedio, intervención del sector público.

Así ocurre. Al día siguiente, sin prácticamente tiempo de reponerse, el organismo regulador acelera las máquinas. Quiere cerrarlo todo en 48 horas. Entrega a los directivos de CCM los resultados de la inspección realizada a la caja (en realidad es una inspección complementaria a otra que se había hecho en 2008), según la cual, lejos de obtener unos beneficios de 30 millones de euros en el ejercicio pasado como había anunciado el equipo gestor, la caja presenta unas pérdidas que pueden superar los 500 millones de euros.

La razón de tan extremado cambio se debe a que los inspectores han estimado unas fuertes provisiones de la cartera de renta variable y de la crediticia. El Banco de España subraya, además, la mala gestión llevada a cabo en los últimos años, sobre todo por la potente expansión sin control que hizo en el negocio de promoción inmobiliaria, donde tienen concentrada la mayor parte del riesgo. Es el resultado de una política desenfrenada que financió en gran parte en los mercados internacionales y que generó importantes desequilibrios. Los sueños de crear una gran caja se han esfumado.

La caja, que se encuentra sometida a un estrés extraordinario debido al crecimiento vertiginoso de la morosidad en los últimos meses (acabó el año con más del 5% y en esos momentos supera el 7% con holgura, según los datos reconocidos) y la pérdida diaria de depósitos, se sume en una situación catatónica.

La gravedad es extrema. El asunto es tratado de urgencia el mismo jueves por la Comisión Ejecutiva de la entidad en Cuenca, con el presidente al frente. El viernes, éste convoca una reunión informal del Consejo de Administración en Toledo, con presencia también de la mayor parte del equipo directivo. Se celebra una comida en un salón reservado del hotel Beatriz, a las afueras de la capital manchega, que se alarga hasta bien entrada la tarde. Tras una introducción seca y fría, Moltó da la palabra a Rodríguez Romo, a quien le toca ponerse rojo y explicar los datos entregados por el Banco de España, así como los mensajes recibidos el miércoles en Madrid.

El Consejo muestra perplejidad y cabreo. Los consejeros, incluido Moltó, acusan al equipo directivo de haberles engañado y ocultado la realidad de la caja. Son el catedrático de economía albaceteño Federico Rodríguez Morata, vicepresidente de la entidad, y el representante de UGT, Carlos Jiménez, quienes lideran la protesta pidiendo la destitución del equipo directivo, empezando por el director general, Ildefonso Ortega.

El resto de consejeros, aunque algunos guardan silencio, se suma, incluidos los dos representantes del PP (Tomás Martín-Peñato, presidente de la caja de 1995 a 1999, y Germán Chamón) que se negaron a dimitir del máximo órgano de la caja cuando la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, ordenó la dimisión de sus cuatro representantes en pleno proceso de fusión alegando falta de información.

La comida termina en medio de un gran ruido mientras cae la noche en Toledo. Los consejeros salen del hotel decididos a abordar la destitución del equipo directivo junto al informe del Banco de España, en el consejo ordinario previsto para el martes 31 de marzo, que nunca se llegaría a celebrar. Temían que iban a ser los paganos de la crisis y no les faltaba razón, como se demostraría dos días después.

En ese momento, los consejeros de CCM son totalmente ajenos de lo que se está cociendo en Madrid y Málaga. Moltó les ha contado las reuniones que ha mantenido con Braulio Medel para avanzar en la integración y que Medel le ha comunicado que lo deja todo para después de Semana Santa, cuya celebración es muy importante en Málaga. El retraso no gusta mucho a los manchegos, pero éstos no están para poner condiciones a Unicaja, con la que están convencidos de que se van a fusionar. Pero Unicaja no tiene prisa.

Al Banco de España, sin embargo, le urge ya una solución, entre otras cosas porque los depósitos de la caja manchega sufren una sangría diaria que hay que atajar. A esas alturas, Fernández Ordóñez es consciente de que Unicaja no va a renunciar a sus últimas exigencias, por lo que convoca para el viernes por la mañana al consejero de Economía del Gobierno andaluz, José Antonio Griñán, y por la tarde, a Medel. No hay consignas entre éstos, pero tampoco hacen falta. La reunión de Griñán con el gobernador es cordial, pero tensa. El ex ministro de Trabajo con Felipe González se mantiene en sus trece y asegura que la operación es perjudicial para la caja andaluza si no se le hacen las aportaciones que pide, mientras el gobernador le insiste en que CCM no tiene problemas de solvencia, sino de liquidez, y que su patrimonio es positivo. No hay acuerdo.

Por la tarde, justo cuando la caja que preside celebra Consejo de Administración en Málaga, Braulio Medel mantiene ante el gobernador la misma postura que Griñán. Insiste en las reclamaciones hechas por su gente. Aunque Unicaja prefiere no manejar cifras, la due dilligence ha arrojado un desfase de 3.000 millones que el Banco de España no reconoce. Tampoco hay acuerdo.

Y mientras los consejeros de CCM se enzarzan en disputas toledanas, el Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) de cajas debate si acepta la propuesta de Unicaja. El FGD, que se dota de aportaciones de las entidades privadas desde la reforma de 1996, lo forman ocho miembros, cuatro de las cajas (Juan Ramón Quintás, presidente de la Confederación Española de Cajas de Ahorros CECA; Isidro Fainé, de La Caixa; Miguel Blesa, de Caja Madrid, y el propio Medel, que evidentemente no asiste) y cuatro del Banco de España (el subgobernador, José Miguel Arístegui, y tres altos directivos). Según el organismo, hay diferentes interpretaciones; pero no ha lugar a aceptar la propuesta de Unicaja. Definitivamente, la operación está rota.

Durante la mañana del sábado los consejeros de CCM, que siguen ignorantes de todos estos movimientos, se cruzan llamadas para formar una postura unánime ante el previsto Consejo del martes para echar al equipo directivo. De poco serviría, porque la comisión ejecutiva del Banco de España decide esa mañana "sustituir a los administradores" de la caja, que es una forma eufemística de llamar a la intervención, por dos inspectores y un jurista del organismo (Jorge Pérez-Cerdá Silvestre, Carlos Miguel Hervás Arnáez y Rául Hernández Pardo), y al mismo tiempo insta al Gobierno para que apruebe en reunión extraordinaria del Consejo de Ministros un aval del Tesoro por valor máximo de 9.000 millones para garantizar los depósitos de la caja, aunque luego sólo se destinen 3.000. En todo caso, el doble de lo que se decía al principio.

El Gobierno cumple el trámite el domingo por la tarde. Unas horas antes, Moltó recibe una llamada del Banco de España convocándole en Madrid a las cuatro. Tiene que suspender su paseo habitual por las calles de Toledo y a las dos y media, con traje y corbata, se traslada a la capital, distante sólo 70 kilómetros. No conoce los extremos de la reunión, pero diez minutos después de su partida una llamada a través del móvil se los transmite como un aguijón: "Cuatro ha informado de que nos van a intervenir". El interlocutor no tiene más información.

"Ya sé para que me habéis llamado", acierta a pronunciar Moltó al entrar al despacho del gobernador. Ordóñez le entrega un documento de tres folios en el que le confirma la intervención.

La visita es breve. No había mucho que hablar. Moltó sale del Banco de España ya como ex presidente de la entidad manchega y se dirige andando a la cercana sede de CCM en Madrid, en la carrera de San Jerónimo, donde ya le espera la prensa, a la que muestra una sonrisa forzada. Mientras, el Consejo de Ministros aprueba la intervención y todos los medios de comunicación comienzan a recabar información y a preparar el perfil del protagonista principal.

En el repaso aparece la histórica intervención de un Juan Pedro Hernández Moltó, diputado socialista y portavoz de la Comisión de Economía del Congreso, en la comparecencia del ex gobernador del Banco de España Mariano Rubio con motivo de la investigación parlamentaria del caso Ibercorp en 1992. "Míreme a la cara, señor Rubio: me recuerda, ¿verdad?, no vamos a permitir que casos como éste...". El corte sale en todas los medios de difusión. Aquella intervención, con un Rubio acribillado y derrotado, determinaría para bien y para mal la carrera posterior de Moltó, al que José Bono, a la sazón presidente de Castilla La Mancha, hizo presidente de CCM siete años después.

Al frente de la caja quiso hacer una entidad grande, buscó la expansión territorial y se metió de lleno -algo que hicieron muchas entidades financieras guidas por la fiebre del ladrillo- en los negocios inmobiliarios y otros que pitaban. La asunción de tantos riesgos en el sector inmobiliario ha resultado la causa de su perdición.

Hay quien dice que muchas entidades están en la misma situación de debilidad que CCM y que su intervención se ha convertido en banco de pruebas del Banco de España para posteriores operaciones de rescate. Que se escogió una caja de ahorros presidida por un socialista para evitar ataques desde la derecha y que luego les tocara a otras. Son reacciones a bote pronto, de hablar por hablar pero sin datos, que dejan muchas dudas sobre la realidad, la cual sólo conoce el Banco de España.

En cualquier caso, lo que es verdad es que el gobernador reconoció en su intervención el pasado martes en el Foro del diario Cinco Días que podría haber más: "Dada la magnitud e intensidad de la crisis financiera mundial deberíamos prepararnos para emplear más recursos públicos que en ocasiones anteriores".

El jueves, en su comparecencia en el Congreso de los Diputados, explicó las prisas de última hora para cerrar la operación, que calificó de "impecable": "Dado que los administradores de la caja no habían sido capaces de encontrar una solución que evitara el agravamiento de los problemas, no parecía razonable demorar el uso de las medidas cautelares previstas en la ley para buscar otras soluciones". Y añadió: "Además, una vez que no se habían podido cumplir las expectativas de fusión, existía el riesgo evidente de que la caja sufriera una crisis de confianza en los mercados y retiradas adicionales de depósitos que podían provocar un colapso de liquidez".

La situación ya había sido advertida, al igual que a otras cajas, en 2003, por la excesiva exposición al negocio inmobiliario. Sin embargo, y a la vista de los resultados, el poder de convicción de las autoridades (el gobernador era Jaime Caruana, aunque eso tenga poco que ver) dejó mucho que desear. El caso es que CCM entró en el paquete de entidades con "seguimiento especial", según la terminología del banco central, y en 2008 se abre una primera inspección y se pide un informe a la caja que ponen en evidencia la necesidad de buscar la solución "privada".

Eso ocurre en octubre del año pasado y la primera en entablar conversaciones con CCM es la caja aragonesa Ibercaja, que en su día presidiera el hoy diputado popular Manuel Pizarro. Pero no prospera por diversas razones que no convencen al equipo presidido ahora por Amado Franco. Entonces es cuando aparece la opción Unicaja, con la que las negociaciones se consolidan hasta la ruptura de la semana pasada.

La caja que preside el histórico Braulio Medel, ex presidente de la CECA, dejó bien claro desde el principio que iba a estudiar la operación, ya que, entre otras cosas, frenaba la prevista creación de una gran caja andaluza, que ahora podrá retomar. A medida que van viendo las tripas de CCM, la caja y el Gobierno andaluz se van alejando. Además, Unicaja ha sufrido una rebaja de calificación por parte de Fitch como consecuencia de la operación, que ha dejado a Medel medio escaldado.

Tras el abandono de Unicaja, el Banco de España barajó la posibilidad de buscar una tercera solución privada. Pero la desestimó para optar por la solución de la intervención. "Buscar una tercera opción era como condenarlo al fracaso después de las experiencia anteriores", asegura una fuente consultada.

El ajuste definitivo está por cerrar. Los tres interventores del Banco de España se instalaron el lunes en Cuenca, sede oficial de la caja. Con los resultados de las dos inspecciones realizadas y los papeles que están viendo estos días esperan tenerlo pronto listo.

Lo paradójico del asunto es que mientras todos los miembros del Consejo de Administración (representantes políticos e independientes) han tenido que dejar sus cargos, los miembros del equipo directivo, que iban a ser destituidos por aquéllos, se han hecho fuertes en la entidad. Al menos de momento, porque de acuerdo con las palabras de Ordóñez, sus días parecen contados: "Los gestores se deben ir porque lo han hecho mal".

Precisamente, el equipo directivo del que se rodeó Moltó cuando accedió al cargo tiene unos ingresos mucho mayores que los del presidente, que, según su declaración oficial a las Cortes de Castilla La Mancha, fueron de 74.374 euros anuales brutos en 2008. Esa cifra sólo recoge en parte el aumento de sueldo al doble que se produjo el año pasado, con lo que en realidad subiría a alrededor de 110.000 euros. Una cantidad muy modesta en el mundo de las finanzas. Los ingresos del director general, Ildefonso Ortega, ascienden a 300.000 euros; los del director adjunto, José Luis Rodríguez Romo, a unos 270.000, y los de los seis subdirectores a 240.000 euros, según fuentes de la entidad. -