La mina sevillana Las Cruces prescinde de 500 trabajadores subcontratados

La empresa Cobre Las Cruces, que pretende explotar una mina de 900 hectáreas entre los municipios sevillanos de Gerena, Guillena y Salteras, anunció ayer que va a prescindir de los servicios de unos 500 trabajadores. Se trata de los empleados de las contratas que hasta ahora desarrollaban su labor en el complejo minero. La compañía "reducirá al mínimo todos los trabajos relacionados con las infraestructuras y los procesos de producción del complejo ante la imposibilidad de mantener la actividad de los mismos sin disponer de mineral". La empresa culpó ayer a la Administración de los retrasos de su proyecto.

La Consejería de Innovación paralizó las obras de la mina en mayo de 2008 tras detectar la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (GHG) riesgo de contaminación en el acuífero Niebla-Posadas. El Juzgado 19 de Sevilla mantiene abierta también una investigación sobre este asunto.

El plan de viabilidad de la mina está ahora en la fase de exposición pública

La empresa presentó en septiembre de 2008 un nuevo plan global para poder reanudar su actividad. Es la Agencia Andaluza del Agua la que ahora debe dar el visto bueno. Jaime Palop, director de la agencia, y la Junta de Andalucía han mostrado abiertamente su disposición a que la mina vuelva a funcionar. Pero se deben cumplir los plazos legales.

El plan global se encuentra en fase de exposición pública desde el 13 de marzo pasado. Tendrá que transcurrir un mes en el que cualquier "persona física o jurídica" podrá formular sus alegaciones. Luego será la Agencia Andaluza del Agua la que tendrá que resolver sobre este plan, que cuenta ya con el visto bueno del Instituto Geológico y Minero de España (Igme). Hace meses se barajó incluso la posibilidad de dar una autorización provisional, algo que hasta ahora no se ha producido.

Cobre Las Cruces criticó ayer "la demora en las resoluciones" administrativas. Según el comunicado difundido, la empresa "confiaba en obtener un levantamiento de la suspensión, pero éste no se ha producido, por lo que la compañía se ve obligada a reorganizar los trabajos hasta que se solucione la situación actual".

La supresión del medio millar de puestos de trabajo no afecta a la plantilla propia de la empresa, compuesta por 218 personas. Los empleos son la principal baza con la que cuenta la compañía en este momento de crisis económica para presionar a la Administración autonómica. De hecho, la Junta de Andalucía pretende recolocar en Las Cruces y en la empresa pública Egmasa a 44 de los 73 ex trabajadores de la mina de Aznalcóllar que todavía no han conseguido un empleo.

Según señaló ayer Las Cruces, la reducción de sus actividad no afecta a "las funciones de control y vigilancia medioambiental, seguridad u otras facetas básicas para la correcta evolución del proyecto con todas las garantías".

Lo que hasta ahora se ha llevado a cabo en la explotación ha sido la construcción de las infraestructuras básicas. Pero, para que la mina pueda funcionar, la empresa debe tener permiso para profundizar en la corta y poder llegar así hasta el mineral. Según la compañía, "el mantenimiento artificial de la totalidad de las tareas y de los puestos de trabajo" tendría ahora un coste mensual de 5,1 millones de euros, "que la compañía no puede asumir". Cobre Las Cruces sostuvo ayer que ha invertido en este proyecto 504 millones de euros.

Ecologistas en Acción ha sido desde un principio muy crítico con la empresa y ahora también con la Junta de Andalucía. Según esta organización, el nuevo plan global de Cobre Las Cruces es un "fraude de ley". Ecologistas en Acción acusa a la compañía de haber contaminado con arsénico el acuífero. La empresa, por su parte, negó ayer que el Niebla-Posadas se haya visto afectado por su proyecto.