CiU minimiza las irregularidades de Puig en Adigsa y las considera "error contable"

Minimizar los errores propios y hurgar en lo "poco" que ha hecho el actual Gobierno para mejorar la gestión. Ésta es la estrategia que siguió ayer Convergència i Unió para defenderse en el Parlament de las graves irregularidades que la Sindicatura de Cuentas denunció en la empresa pública Adigsa cuando ésta dependía del secretario general adjunto de Convergència (CDC) y ex consejero de Política Territorial, Felip Puig. Según el diputado de CiU, Carles Sala, que el Ejecutivo de Jordi Pujol contratara a dedo empresas de personas vinculadas al partido, que adjudicara obras sin contrato y que comprara decenas de pisos por medio de un intermediario no autorizado son simples "errores contables".

El informe que ayer debatió el Parlament va en la línea de la investigación abierta en el Juzgado de Instrucción número 3 de Barcelona tras una querella de la fiscalía por la polémica del 3%, cuando en enero de 2005 Pasqual Maragall acusó a CiU de cobrar comisiones en las obras públicas que contrataba. El informe de la Sindicatura revela sobrecostes no justificados en rehabilitación de viviendas, que en algún caso alcanzaron el 80% y que, de media, superaron el 17%. Ese porcentaje es similar al 20% que exigió Adigsa en comisiones a los constructores, según la investigación judicial.

Sin embargo, todas estas irregularidades fueron minimizadas por Carles Sala, el diputado de Unió Democràtica al que la federación nacionalista recurrió ayer para defender al secretario general adjunto de CDC. Según Sala, no hubo "corruptelas" en Adigsa y sólo algunos "errores contables" que en ningún caso tienen mala fe. Es más, según Sala todas las irregularidades que denuncia la Sindicatura y que la fiscalía investiga se hicieron con la "loable" intención de poner el máximo número de pisos de protección oficial al servicio de los ciudadanos.

Los grupos de la izquierda criticaron con una sola voz la gestión de CiU sobre Adigsa y aseguraron que las irregularidades detectadas por la Sindicatura en el ejercicio 2003 se han ido corrigiendo desde entonces, algo que CiU y PP pusieron en duda. El socialista Jordi Terradas hizo especial hincapié en el hecho de que Adigsa comprara a intermediarios pisos a precios muy hinchados. "En Manresa ustedes compraron un piso hasta el 177% más caro de lo que costaba 17 días antes", dijo el diputado. El informe de la Sindicatura no concreta tanto, pero sí asegura que en algunas compras de pisos "hubo una primera transmisión entre el propietario y otro comprador y una segunda transmisión en que Adigsa compra a este último con aumentos importantes". El cambio de precio se hizo en sólo "unos días".

Terrades recordó también que 44 inmuebles comprados en el mercado secundario se pactaron de forma verbal por una persona ajena a Adigsa. En 34 de estas viviendas, las obras de rehabilitación tuvieron un sobrecoste del 41,7%. El encargado de comprar buena parte de estas viviendas fue, según Terrades, José María Penin, ex militante de CDC y uno de los ocho imputados por la fiscalía en este caso.

La diputada de ERC, Maria Àngels Cabasés calificó de "muy graves" todas estas actuaciones y recordó que pueden derivar en responsabilidades penales. Desde Iniciativa per Catalunya, la diputada Laia Ortiz, se centró en contraponer la labor de CiU al frente de Adigsa a la que está llevando el ecosocialista Francesc Baltasar, consejero de Vivienda y actual responsable de la empresa pública de vivienda.