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Las asociaciones prevén un respaldo masivo a la primera huelga de jueces

Los magistrados fijan sus servicios mínimos y atenderán sólo casos urgentes

La Justicia se topará hoy con la primera huelga de jueces de la historia de España. Las dos asociaciones convocantes (Francisco de Vitoria, con 570 afiliados, y Foro Judicial Independiente, con 260) calculan que el paro de 24 horas será secundado por "entre 1.500 y 2.000" magistrados. En España hay 4.400 jueces, pero las asociaciones excluyen de sus protestas a los alrededor de 700 jueces sustitutos y a los magistrados del Tribunal Supremo.

El comité de huelga ha fijado por su cuenta los servicios mínimos, tras haberse inhibido el Consejo del Poder Judicial, que considera que el paro no tiene "base legal". No se dejará de prestar "ningún servicio que afecte a derechos fundamentales": causas con preso, bodas, enterramientos y cuestiones relacionadas con las elecciones en Euskadi y Galicia.Muchos jueces comunicaron ayer su intención de ir hoy a la huelga a través del correo electrónico que han habilitado al efecto las asociaciones. Las previsiones apuntan a que el seguimiento será muy importante en Barcelona, Sevilla, Málaga, Valencia y Madrid. En la capital de España, el paro de los jueces coincidirá con el de los funcionarios si éstos, que ayer tarde seguían negociando, no alcanzan un acuerdo con el Gobierno de Esperanza Aguirre, al que acusan de incumplir el pacto económico de hace dos años.

La huelga de jueces afectará básicamente a los juzgados unipersonales, los que mayor contacto tienen con los usuarios. No habrá huelga, salvo que algún juez quiera sumarse a ella a título individual, ni en la Audiencia Nacional ni en el Supremo. Sólo varias audiencias provinciales españolas (la Civil de Madrid, y las de Málaga, Gerona y Pontevedra) habían decidido secundar el paro. Sobre posibles sanciones a los huelguistas, fuentes del Consejo han asegurado que no se adoptarán medidas disciplinarias. Y así lo han comentado a los jueces, entre otros, la vocal conservadora Concepción Espejel, aunque también hay vocales que apoyan la incoación de expedientes.

Dos de las cuatro asociaciones, la mayoritaria APM y la progresista JpD, se han desmarcado del paro de hoy. Pero mantienen que se haga una huelga el día 26 de junio si no fructifican las negociaciones con el ministerio.

Por otro lado, casi todos los presidentes de los principales tribunales superiores creen que no cabe que los jueces hagan huelga.

- El presidente del TSJ de Baleares lamenta la pérdida de la unidad judicial.

Antonio Terrasa, presidente del Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares, asume que la huelga "quiere reflejar la necesidad urgente de un cambio sustancial en el tratamiento que secularmente se ha venido dispensando" a la Justicia. No obstante, cree que el paro siempre es recurso, y lamenta que "se haya perdido la unidad asociativa de los jueces". Los jueces de Mallorca e Ibiza secundan los paros.

- Al presidente del TSJ de Andalucía le "chirría" la huelga.

La actitud ante el paro del presidente del Tribunal Superior de Andalucía, Augusto Méndez de Lugo, está siendo muy criticada por los jueces, que ven en sus declaraciones y escritos "coacciones" contra los huelguistas. Méndez de Lugo ha indicado que le "chirría mucho" que los jueces vayan a la huelga, "puesto que son parte del Estado". En Andalucía se prevé que siga la huelga el 30% de los 820 magistrados.

- El presidente de la Audiencia de Barcelona, en contra de la huelga. José Luis Barrera entiende que "no existe el derecho de huelga de los jueces (...) porque son un poder del Estado. Hay un grupo de compañeros que quiere hacer huelga, pero yo pienso que un juez no puede hacerla, es como si se declarara en huelga el Consejo de Ministros. Otra cosa es que hay un descontento por las condiciones precarias". El seguimiento de la huelga se prevé mayoritario en Cataluña, a tenor de las votaciones registradas en las juntas.

- Justificaciones de la baja incidencia de la huelga en el País Vasco. Juan Luis Ibarra, presidente de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior del País Vasco, cree que el paro tendrá hoy una incidencia mínima en esta comunidad porque, si bien hay "malestar", admite que la carga de trabajo "está por debajo de la media" y que, en general, los medios disponibles son aceptables. Además, la mitad de la plantilla es de jueces sustitutos. "Va a hacer la huelga muy poca gente", opina.

- El presidente del Tribunal Superior de Aragón cree que la huelga es precipitada.

Fernando Zubiri respalda el derecho a la huelga de los jueces porque, aunque ostentan "un poder del Estado", no tienen "capacidad de autoorganización, ni de fijar sus condiciones de trabajo, ni tampoco el estatuto profesional". "Puede ejercitarse dicho derecho como forma de puesta en conocimiento de la sociedad" de la situación y como un "intento de lograr una sustancial mejora del servicio público de la justicia". No obstante, Zubiri matiza que esta convocatoria es precipitada, dado que hay un proceso "de negociación abierto con el ministerio". El juez decano de Zaragoza, Ángel Dolado, calcula que la mitad de los 132 jueces de Aragón se sumarán a la huelga. Cada uno "fijará los servicios mínimos a título personal".

- El presidente del Tribunal Superior de Madrid llama a la prudencia. Francisco Vieira, que tomó posesión del cargo la pasada semana, aludió a la huelga en su discurso de investidura. Consideró "legítimo" el malestar de los jueces, pero instó a que "prevalezca la sensatez y la prudencia". En Madrid se prevé que el 60% siga la huelga.

Con informaciones de Pere Ríos, Andreu Manresa y Concha Monserrat.

Las reivindicaciones judiciales

- Urgente creación de la nueva oficina judicial, con delimitación precisa de las funciones de jueces y secretarios.

- Modificar el proyecto legal en curso para que sean los jueces, y no los secretarios, los que señalen los juicios.

- Plena incorporación a los juzgados de las nuevas tecnologías.

- Incremento en cinco años de las inversiones en justicia, que pasen del 1% actual a 3%.

- Asegurar la cobertura de las vacantes superiores a seis meses de los funcionarios mediante personal titular.

- Revisión de la planta judicial y creación de 1.200 juzgados.

- Que las sustituciones de jueces las hagan magistrados titulares, y que se cumpla la ley de retribuciones.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 18 de febrero de 2009

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