Dónde poner el foco de atención

Las últimas cifras sobre la economía europea aumentan la preocupación: la situación de la Unión Europea (UE) es peor que la de EE UU, epicentro de la crisis financiera. En el último trimestre de 2008, la actividad económica de los Veintisiete retrocedió un 1,5%, frente al 1% de la americana. Especialmente inquietantes son los datos de Alemania, la locomotora europea, que decreció un 2,1%. Y a pesar de lo que se cree, el comportamiento de la economía española (-1%), siendo lastimoso, es el menos malo de las cinco grandes naciones de la zona.

En la intervención que Zapatero realizó la semana pasada en la Asociación de Periodistas Europeos para presentar los objetivos de la presidencia española de la Unión Europea, en el primer semestre de 2010, subrayó el esfuerzo coordinado de la UE para lanzar un estímulo de unos 200.000 millones de euros (el 1,5% del PIB comunitario) con el fin de detener los peores efectos de la crisis. El presidente de la Comisión Europea, Durão Barroso, ha evaluado el conjunto del esfuerzo fiscal comunitario en 600.000 millones de euros en dos años (plan de estímulo, más aplicación de los estabilizadores automáticos, más la recapitalización de bancos en dificultades), lo que supone el 4,5% del PIB de la zona.

Se puede estar tajantemente en desacuerdo con Fernández Ordóñez, pero sobre lo que dijo, no sobre un cliché de ello

La recesión se concreta en el aumento del desempleo. Hay una discusión latente sobre las razones de que el paro haya aumentado mucho más en España (la tasa más alta de la OCDE) que en otros países con similares problemas: en qué grado se debe a que aquí sigue aumentando la población activa o si hay que echar la culpa a la rigidez laboral (que en parte desmiente el proceso de destrucción de puestos de trabajo: las empresas ajustan con rapidez sus plantillas a las nuevas necesidades de producción).

Es en este contexto en el que hay que enmarcar la polémica surgida por las palabras del gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez (MAFO). El debate, en esencia, contiene cuatro cuestiones sucesivas. Primero, por qué el gobernador guarda un silencio sepulcral sobre la situación financiera y no contribuye a la discusión sobre si el crédito está llegando a las empresas y los ciudadanos particulares. ¿Es o no excesiva su cautela? Segundo, por qué abordó la reforma laboral, que no parece corresponderle entre los objetivos de su cargo; seguramente piensa que el desempleo sí forma parte de su negocio, ya que un millón de nuevos parados es potencialmente un millón de nuevos morosos, lo que puede debilitar la solvencia de las entidades financieras.

Tercero, qué dijo concretamente. De la lectura de su discurso no se desprende que pidiese de modo directo un abaratamiento de despido ("creo que es un error plantear el debate exclusivamente en el abaratamiento del despido y pienso que sólo podremos avanzar si se centra en encontrar las fórmulas que nos permitan aumentar la productividad, reducir las cifras de desempleo y mejorar los salarios de los trabajadores"), sino el estudio de experiencias como la danesa (4,1% de tasa de paro) o la austriaca (3,8%). En Dinamarca han optado por mejorar de modo sustancial el pago periódico (la prestación pública) a cambio de suprimir la indemnización privada por desempleo. En Austria, las empresas constituyen un fondo individual para cada uno de los trabajadores, que se pone a su disposición en caso de perder el empleo en esa empresa como forma de complementar la prestación por desempleo que recibe el Estado; cuando el trabajador encuentra empleo en otra empresa se lleva la parte no consumida del fondo, que vuelve a ser engrosada con las aportaciones de la nueva empresa. Al final de su vida laboral, el fondo disponible constituye una fuente adicional de recursos para la jubilación. Se puede estar tajantemente en desacuerdo con el gobernador, pero sobre lo que dijo, no sobre un cliché de ello.

Cuarta y última cuestión: ¿es el momento de abordar una reforma laboral cuando el problema central ha sido otro? ¿Tiene sentido desviar el foco de atención hacia la flexiseguridad (flexibilidad para las empresas y seguridad para el trabajador) en una coyuntura en la que lo que se discute es quiénes son los responsables del crash financiero, los salarios de los altos ejecutivos y la ausencia de eficacia de los organismos reguladores en los abusos? ¿Es oportuno o es sospechoso?