Tiempo de manifestaciones
El domingo pasado, Izquierda Unida convocó una manifestación en Sevilla con la finalidad de dar mayor consistencia a su posición respecto de la actual crisis económica y exigir un cambio de la política que se está siguiendo desde los Gobiernos socialistas, el de España y el de Andalucía, para hacer frente a la misma.
Para el día 18, me parece haber oído en un informativo de radio, que el PP ha convocado también una manifestación en Málaga, con el paro como elemento central justificador de la movilización ciudadana.
Están siendo las primeras en España, pero no creo que vayan a ser las últimas. La angustia que está generando la intensidad de la crisis en general y el alarmante incremento del desempleo en particular tiene que expresarse de múltiples maneras y una de ellas, sin lugar a duda, va a ser la celebración de manifestaciones. Como tantas otras veces, Francia puede marcar también en este caso el camino. Las manifestaciones de la semana pasada, más numerosas en términos relativos fuera de París que en la propia capital, creo que van a ser una referencia europea.
La lógica de la convocatoria de estas manifestaciones salta a la vista. En un momento de crisis económica la política es mucho más importante que cuando no la hay. Lo decisivo al final es siempre la forma en que una sociedad va a hacer frente a la crisis, para intentar salir de ella lo más pronto y en las mejores condiciones posibles. Y eso va a depender, no exclusivamente, pero sí de manera muy importante, de las decisiones que se adopten por los parlamentos y gobiernos del país que sea. En España, dada nuestra estructura del Estado políticamente descentralizada, de las decisiones que adopten los Parlamentos y Gobiernos estatal y autonómicos. Es lógico, en consecuencia, que se ejerza el derecho de manifestación con la finalidad de intentar influir en la política anticrisis que deba ponerse en práctica a través de tales órganos. La mayoría parlamentaria y su Gobierno son, en consecuencia, los destinatarios naturales de las manifestaciones convocadas y de las que puedan convocarse.
El problema en esta crisis que estamos ahora mismo viviendo es que los poderes públicos no se han caracterizado por la pasividad, sino por todo lo contrario. No ha habido en los dos últimos siglos un activismo parlamentario y gubernamental como el que se está produciendo en todos los países y también en España como consecuencia de la intensidad de la crisis económica. Las medidas que se están adoptando hubieran sido inimaginables en ningún momento del pasado y si alguien se hubiera atrevido a proponerlas, se habría considerado que era una persona enajenada. ¿Hay algo más que no se ha hecho y que todavía se puede hacer y, si es así, en qué consiste?
El vicepresidente, Pedro Solbes, fue muy criticado hace dos semanas por haber dicho en entrevista concedida a EL PAÍS que con las decisiones que se habían tomado se había agotado prácticamente el margen de maniobra. No es prudente, posiblemente, que el responsable de la política económica se manifieste en esos términos, pero algo de eso hay. Los recursos de que los Parlamentos y Gobierno disponen no son infinitos. Y el tener más o menos no depende de su propia voluntad. Una emisión de deuda pública tiene que ser cubierta. La posibilidad de que se cubra depende, entre otras cosas, de la calificación que tenga la deuda en los mercados.
La política económica está muy condicionada por la existencia de la Unión Europea, por un lado, y por la globalización, por otro, y estos condicionantes no van a dejar de estar presentes por muchas manifestaciones que se convoquen.
