Solbes enfría las expectativas de las comunidades de recibir más dinero

La negociación sobre el nuevo sistema de financiación autonómica volvió a enredarse ayer cuando parecía definitivamente encauzada. La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, había adelantado que esta semana el Ejecutivo concretaría cuánto dinero adicional está dispuesto a poner sobre la mesa. Pero a la salida del Consejo de Ministros, el vicepresidente económico, Pedro Solbes, sentado en rueda de prensa junto a De la Vega, echó balones fuera y aprovechó para desinflar las expectativas de varias comunidades.

"Todavía no es momento de hablar de cifras concretas", dijo Solbes. A la pregunta de si el dinero adicional que aportará el Gobierno estará más cerca de los 7.000 millones de euros -cifra adelantada ayer por la cadena SER- o de los 12.700 millones -exigencia mínima de la Generalitat catalana-, el vicepresidente tiró de ironía y optó por referirse a la primera cifra: "Estará más cerca de los 7.000 millones que de los cero". Esos 7.000 millones supondría aumentar en un 6% los 110.000 millones distribuidos en 2006.

Varias autonomías expresaron su desconfianza ante la falta de concreción

La Generalitat catalana, el Gobierno más quejoso por la insuficiencia de la financiación autonómica actual, ha barajado las cifras más ambiciosas: en un documento de trabajo llegó a plantear la necesidad de que el Ejecutivo central ponga 20.000 millones más. Al evitar referirse a la exigencia mínima catalana (12.700 millones), Solbes echó un jarro de agua fría sobre las expectativas autonómicas.

Representantes políticos catalanes, andaluces y baleares reaccionaron recordando que sus expectativas eran sensiblemente mayores en la negociación, con la prudencia necesaria al no confirmarse las cifras. Otros dirigentes, desde la Comunidad Valenciana, Murcia o La Rioja, también dejaron entrever su desconfianza ante la falta de concreción.

Antes del Consejo de Ministros, fuentes de Economía aseguraron que el Gobierno no baraja la cifra de 7.000 millones, sin dar más detalles. Ni tampoco que se haya decidido ya destinar 3.000 millones para compensar el crecimiento demográfico no recogido en el sistema actual (se usa el padrón de 1999), como afirmó el presidente de Murcia, Ramón Luis Valcárcel (PP), tras reunirse con el presidente del Ejecutivo, José Luis Rodríguez Zapatero.

El Gobierno ha asumido que tiene que poner dinero adicional para compensar el aumento demográfico, para mejorar la dotación de la Ley de Dependencia y para dar cobertura a los tres nuevos fondos que incluirá el sistema para atenuar las diferencias de financiación entre las comunidades. Pero también ha advertido de que el nuevo dinero se incorporará de forma gradual (en tres años) y que estará condicionado por la estabilidad presupuestaria -el déficit público este año, sin contar el dinero adicional para las comunidades, rondará ya el 6% del PIB, según anticipó ayer Solbes-.

En cualquier caso, los 7.000 millones que ayer las comunidades rechazaban por insuficientes serían la mayor inyección de recursos al sistema si se compara con reformas precedentes. En la última, de 2002, el Gobierno del PP y las comunidades pactaron una aportación estatal extra de unos 2.000 millones de euros.