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jueves, 30 de octubre de 2008
Editorial:

Pobreza relativa

El crecimiento económico de los últimos 15 años no ha reducido las desigualdades sociales

Los redactores del último Informe FOESSA sobre exclusión y desarrollo social, apadrinado por Cáritas, expresan su escepticismo sobre el crecimiento económico como vía para resolver los problemas sociales. Es lógica su decepción. Choca con la idea del Estado de bienestar que en épocas de expansión y fuerte creación de empleo no se reduzcan las desigualdades, e incluso crezcan las bolsas de pobreza y de exclusión social.

El proceso de reducción de las desigualdades en el periodo 1982-1993 se frenó a partir de esa última fecha pese a la fuerte expansión de estos años. Ese crecimiento acercó a España a la media europea en diversos aspectos, pero, aunque no aumentó la desigualdad, tampoco contribuyó a reducirla. Sigue habiendo 8,5 millones de personas (el 19,7% de la población, el mismo porcentaje que hace 10 años) en situación de pobreza relativa (con ingresos inferiores al 60% de la media, es decir, por debajo de 574 euros al mes). Otro millón y medio de españoles vive en "pobreza severa" (con menos de 280 euros al mes) o en situaciones de "exclusión social".

La pobreza relativa mide la percepción de carencias en relación con el entorno social. Por ejemplo, no poder ir de vacaciones al menos una semana al año, adquirir una vivienda, tener acceso al ocio, etcétera.

Las conclusiones del estudio coinciden básicamente con las de los informes realizados en los últimos años por el Instituto Nacional de Estadística. El crecimiento es condición necesaria para la superación de la precariedad social, pero no la garantiza. Hacen falta políticas específicas de redistribución como las previstas en el Programa para la Protección e Inclusión Social aprobado por el Gobierno en 2006, y cuyos resultados se desconocen.

Todos los estudios constatan la fuerte vinculación de la pobreza relativa o severa con dos factores: la precariedad laboral y la insuficiencia, en comparación con otros países, de las ayudas públicas a la familia. En 1993 el Estado destinaba el 24,4% del PIB a gasto social; 12 años más tarde no llega al 21%: siete puntos por debajo de la media de la UE. En 1996 la diferencia era de cuatro puntos. Mayores de 65 años y menores de 16, los excluidos del mercado laboral, son los segmentos sociales con mayor porcentaje de pobres. Y la fragmentación territorial del Estado de bienestar no ha contribuido a mejorar su eficacia, como demuestran las dificultades de aplicación de la Ley de Dependencia.

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