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Reportaje:OPINIÓN

La necesidad del debate histórico

La libertad de expresión en Europa vive atenazada por leyes bienintencionadas que pretenden condicionar lo que se dice y recuerda sobre los episodios más siniestros de nuestra historia

Entre los ataques que está sufriendo la libertad en Europa, uno de los menos visibles es la legislación de la memoria. Cada vez más países tienen leyes que dicen que debemos recordar tal o cual hecho histórico de determinada manera, a veces, so pena de procesamiento criminal si no damos con la respuesta acertada. Y la respuesta acertada depende de dónde se esté. En Suiza, a uno pueden procesarle por decir que los horrores que sufrieron los armenios en los últimos años del Imperio otomano no fueron un genocidio. En Turquía, por decir que lo fueron. Lo que en los Alpes es una verdad decretada por el Estado, es una falsedad decretada por el Estado en Anatolia.

Esta semana, un grupo de historiadores y escritores, entre los que me incluyo, ha plantado cara a esta peligrosa tontería. En un escrito llamado Appel de Blois (Llamamiento de Blois) y publicado en Le Monde el pasado fin de semana, sostenemos que, en un país libre, "no es competencia de ninguna autoridad política definir la verdad histórica ni restringir la libertad del historiador mediante sanciones penales". Y nos oponemos a la acumulación de las llamadas leyes de la memoria. Entre los primeros signatarios están historiadores como Eric Hobsbawm, Jacques le Goff y Heinrich August Winkler. Ustedes pueden sumarse enviando un correo electrónico a contact@lph-asso.fr.

En Suiza se persigue al que dice que el armenio no fue un genocidio. En Turquía, el delito es decir que lo fue

Una teoría se refuta refutándola, reuniendo todas las pruebas y sometiéndola a un debate libre y abierto

No es casualidad que este llamamiento haya nacido en Francia, que tiene la experiencia más intensa y tortuosa de la historia reciente en cuanto a leyes y procesamientos relacionados con la memoria. Al principio no hubo gran controversia: en 1990, una ley declaró punible en dicho país -como en otros países europeos- la negación del Holocausto nazi de los judíos y otros crímenes contra la humanidad definidos por el Tribunal de Nuremberg en 1945. En 1995, el historiador Bernard Lewis fue condenado por un tribunal francés por alegar que, según las pruebas disponibles, lo que sufrieron los armenios quizá no podía calificarse de genocidio, tal como lo definían las leyes internacionales. Otra ley, aprobada en 2001, estableció que la República francesa reconocía la esclavitud como un crimen contra la humanidad y que, como tal, debía ocupar su "lugar correspondiente" en la enseñanza y la investigación. Entonces, un grupo que representaba a varios ciudadanos franceses de ultramar presentó una querella contra el autor de un estudio sobre el tráfico de esclavos en África, Olivier Pétré-Grenouilleau, al que se acusaba de "negar un crimen contra la humanidad". Mientras tanto se aprobó otra ley más, desde un punto de vista muy diferente, que obligaba a que los programas escolares reconociesen el "papel positivo" desempeñado por la presencia francesa en otros países, "especialmente en el norte de África".

Por suerte, al llegar a este punto, una ola de indignación generó un movimiento llamado Libertad para la Historia (lph-asso.fr), dirigido por el historiador francés Pierre Nora, que es también el responsable del Llamamiento de Blois. La demanda contra Pétré-Grenouilleau se desestimó y la cláusula del "papel positivo" quedó revocada. Pero sigue siendo increíble que una propuesta semejante pudiera llegar a figurar en el corpus legal de una de las grandes democracias y uno de los mayores centros de estudios históricos del mundo.

Estas tonterías resultan todavía más peligrosas cuando surgen bajo la careta de la virtud. Un ejemplo perfecto es el reciente intento de imponer límites a la interpretación de la historia en toda la UE con la excusa de "combatir el racismo y la xenofobia". Una propuesta de decisión marco del Consejo de Justicia e Interior de la Unión, presentada por la ministra alemana de Justicia, Brigitte Zypries, sugiere que, en todos los Estados miembros de la UE, "aprobar, negar o trivializar burda y públicamente los crímenes de genocidio, crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra" sea "punible con penas legales de hasta, por lo menos, entre uno y tres años de prisión".

¿Quién decidirá qué acontecimientos históricos constituyen genocidio, crímenes contra la humanidad o crímenes de guerra, y qué es "trivializarlos burdamente"? Las leyes humanitarias internacionales apuntan ciertos criterios, pero qué hechos los cumplen exactamente es, muchas veces, materia de enconadas disputas. La única forma segura de garantizar que se dé el mismo tratamiento en toda la UE sería que ésta acordara una lista -llamémosla la lista de Zypries- de horrores que cumplen los requisitos. Podemos imaginar las negociaciones a puerta cerrada en Bruselas (el funcionario polaco que le dice a su homólogo francés: "Vale, os concedemos el genocidio armenio si vosotros nos dais la hambruna en Ucrania"). Gogol.

Como varios países con una sólida tradición de libertad de expresión, entre ellos Reino Unido, se opusieron al borrador inicial de Zypries, la propuesta actual ha añadido que "los Estados miembros podrán decidir castigar sólo las conductas que tengan probabilidades de alterar el orden público o que sean amenazadoras, abusivas o insultantes". Es decir, en la práctica, cada país seguirá haciendo las cosas a su manera.

A pesar de sus múltiples defectos, esta decisión marco superó la votación en el Parlamento Europeo en noviembre de 2007, pero todavía no ha vuelto al Consejo de Justicia e Interior para su aprobación definitiva. Envié al representante correspondiente de la actual presidencia francesa de la UE un correo electrónico en el que le preguntaba la razón, y acabo de recibir esta críptica, pero prometedora respuesta: "La DM sobre Racismo y xenofobia no está lista para su aprobación, sino que está en suspenso, pendiente de algunas reservas parlamentarias". Merci, madame liberté: con esto llegamos a fin de año. Luego, que la presidencia checa, que se hará cargo de la UE durante el primer semestre del año próximo, la elimine del todo, con una dosis del sentido común del buen soldado Svejk para la historia.

Que quede clara mi postura. Creo que es muy importante que las naciones, los Estados, los pueblos y otros grupos (para no hablar de los individuos) asuman de forma solemne y pública las barbaridades que han cometido o se han cometido en su nombre. El momento en el que el dirigente germano-occidental Willy Brandt cayó de rodillas y en silencio en Varsovia, ante un monumento a las víctimas y los héroes del gueto, es, para mí, una de las imágenes más nobles de la historia de la Europa de posguerra. Para que la gente asuma esas cosas, antes tiene que conocerlas. Así que es preciso enseñar esos temas en las escuelas y hacer conmemoraciones públicas. Ahora bien, antes de enseñarlos hay que investigar sobre ellos. Hay que descubrir pruebas, comprobarlas y pasarlas por el tamiz, así como someterlas a diversas interpretaciones posibles.

Ese proceso de investigación histórica es el que necesita una libertad total, sólo restringida por unas leyes muy precisas contra la calumnia y la difamación, elaboradas para proteger a las personas vivas, pero no a los Gobiernos, los Estados, ni el orgullo nacional (como ocurre con el tristemente famoso artículo 301 del Código Penal turco). Para un historiador, el equivalente a un experimento de ciencias naturales consiste en cotejar las pruebas con todas las hipótesis posibles, por extremas que sean, y después presentar la interpretación que le parezca más convincente a las críticas de sus colegas profesionales y al debate público. Ésa es la forma de acercarnos lo más posible a la verdad sobre el pasado.

Por ejemplo, ¿cómo refutamos la absurda teoría de la conspiración, que, al parecer, todavía tiene adeptos en partes del mundo árabe, de que los judíos fueron los responsables de los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York? ¿Prohibiendo que se diga, bajo pena de cárcel? No. Una teoría se refuta refutándola. Es decir, reuniendo todas las pruebas existentes y sometiéndola a un debate libre y abierto. No sólo es la mejor forma de discernir los hechos; es también, en definitiva, la mejor forma de combatir el racismo y la xenofobia. Así, pues, ayúdennos, por favor, a deshacernos del Estado niñera y su policía de la memoria. -

www.timothygartonash.com. Traducción de María Luisa Rodríguez Tapia

* Este articulo apareció en la edición impresa del Domingo, 19 de octubre de 2008