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Las críticas arrecian contra la perrera de Alicante

Veterinarios, ecologistas y usuarios denuncian presuntas irregularidades

Ecologistas, veterinarios y usuarios denuncian supuestas irregularidades en la gestión y trato a los animales, cometidas por la Protectora de Animales y Plantas de Alicante, entidad sin ánimo de lucro y financiada con fondos públicos. El Seprona y el Colegio de Veterinarios se han hecho eco de quejas de usuarios a cuenta de los "donativos" que esta entidad exige a los que dejan o adoptan animales, y cuyo precio marca discrecionalmente la perrera en función de la mascota. Los conservacionistas señalan que, en ocasiones, la perrera incinera animales de manera masiva sin respetar el plazo legal (diez días después de la acogida del animal). Los ecologistas reprochan que los responsables del centro no informen a los usuarios sobre el posible destino de su mascota que deja en estas instalaciones. Por su parte, veterinarios denuncian competencia desleal a través de una red de clínicas creada a la sombra de la fundación. El presidente de la protectora, Raúl Mérida, rechaza las críticas y subraya que los fondos que generan las clínicas, en caso de superávit, revierten a la fundación dedicada a la protección de animales.

"Da la imagen de protectora, pero aquí se matan perros a saco"

La Consejería de Agricultura y la Guardia Civil reseñan que la instalación, autorizada como perrera, no incurre en ninguna ilegalidad en lo referente a las condiciones higiénico-sanitarias de los animales así como del recinto que los acoge. Pero la lista de particulares que denuncian presuntas irregularidades es interminable (muchas de ellas refrendadas por veterinarios). Los testimonios recogidos corroboran el pago impuesto por la perrera, de entre 20 y 130 euros, por la recogida de un animal así como por la entrega en adopción a la perrera por parte de los dueños. En muchos de los casos, la protectora justifica esta cantidad en el ofrecimiento al cliente de cobertura veterinaria durante un mes. Casualmente, las clínicas a las que son derivados los usuarios están a nombre de la Fundación Internacional para la protección de los Animales. Raúl Mérida, a la sazón presidente de la protectora de animales de Alicante y abogado de profesión, ha levantado una red paralela bajo la fórmula Fundación Raúl Mérida, conformada por cuatro clínicas veterinarias, ubicadas en Alicante, Elche, Elda y San Vicent del Raspeig.

Raúl Mérida Gordillo es administrador único de la entidad Protección y Bienestar Animal, SL, constituida en octubre de 2005 con un capital social de 3.500 euros. Esta firma tiene como socio único a la Sociedad Protectora de Animales y Plantas de Alicante. En octubre de 2007 se creó la sociedad Clini-Vet y Bienestar Animal, SL, con un capital social de 70.000 euros con el objeto de explotar clínicas y hospitales veterinarios. Raúl Mérida es el apoderado de esta mercantil, cuyo socio único es la Fundación Internacional para la Protección de los Animales. Según él, "no generan beneficios y, en el caso de producirse, se destinan a proyectos de protección de animales".

Otras posibles irregularidades denunciadas por los ecologistas es el incumplimiento del tiempo que la ley obliga a mantener a los perros antes de ser sacrificados (diez días mínimo). Paco Cuéllar, ecologista y antiguo vicepresidente de la sociedad, cuestiona la capacidad actual del recinto para cumplir la legislación, dado el "desorbitado" número de animales que diariamente son abandonados y recogidos en adopción; así como por el volumen de municipios a los que da servicio esta perrera. No obstante, según el Colegio de Veterinarios, la ley no establece un ratio concreto de perros. En cualquier caso, subraya Cuéllar, "las cuentas no salen. Da la imagen de protectora pero aquí se matan perros a saco". Las denuncia interpuestas ante el Seprona por este motivo son cuantiosas pero las investigaciones nunca sacaron nada en claro.

Los conservacionistas, entre ellos la anterior presidenta de esta asociación, Pilar Esteban, reprochan que los ayuntamientos que adjudican este servicio de recogida de perros vagabundos a la Sociedad protectora de animales y plantas de Alicante, ubicada en la partida alicantina de Bacarot, no fiscalicen la actividad de estas instalaciones, especialmente, sobre el número de altas y bajas de perros así como de la cuestión económica. Para la Federación de Protectoras de Animales de la Comunidad Valenciana, a la que no pertenece la perrera de Alicante, esta sociedad está gestionada como una empresa privada sin ceñirse a las condiciones legales inherentes a una sociedad.

La protectora de animales de Alicante, gestionada por Raúl Mérida, tiene adjudicado el servicio de recogida de animales de los municipios de Alicante, Elche, Elda, entre otros.

Un usuario optó este verano por rescatar de la protectora de Alicante un perro, cuyos dueños, según le informaron, lo había abandonado por sus dificultades para sostenerlo. Entre los trámites para la adopción, al interesado se le exigía un donativo de 50 euros. A cambio, la protectora garantizaba el perfecto estado de salud del animal además de portar el preceptivo microchip. La protectora recomendaba también servicio veterinario. Esther Esquembre, presidenta de la Federación de Protectoras de Animales, matiza que estas entidades suelen reclamar a los clientes los costes que ha ocasionado el animal a su llegada en concepto de vacunas o tratamientos específicos.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Lunes, 13 de octubre de 2008