La indeseada herencia de Martinsa-Fadesa

Hace cinco años, una densa selva de grúas se levantó a cuatro escasos kilómetros de Ayamonte (Huelva). Se edificaba la urbanización Costa Esuri, un complejo residencial de miles de viviendas, campos de golf y hoteles, que iba a dar mucho de qué hablar, tanto por su enorme tamaño, como por el abrupto final de su principal promotora, Martinsa-Fadesa, protagonista hace un mes de la mayor suspensión de pagos en la historia de España. La caída del gigante ha dejado muchos desesperados entre sus ruinas y Andalucía no es una excepción.

Los espacios comunes pendientes de construir pueden quedar en nada

Los ayuntamientos también se ven afectados por tasas que no cobrarán

Martinsa-Fadesa contaba con ambiciosos proyectos en otras cuatro provincias que ahora quedan en el aire. Destaca el de una urbanización en Manilva (Málaga) para 2.278 viviendas cuyo suelo está catalogado como urbanizable no programado, por lo que el proyecto estaba pendiente de aprobación. En Mijas (Málaga), la empresa ha terminado la obra de 84 apartamentos de lujo, mientras que en Antequera (Málaga) posee 131.000 metros cuadrados de suelo industrial para el que ya había proyecto concreto. El Ayuntamiento desconoce ahora lo que va a pasar con las parcelas.

En Sevilla, la empresa proyectaba construir 254 viviendas en un área cercana al aeropuerto. Y en Córdoba, en una de las zonas de consolidación de la capital, la compañía planeaba levantar 234 viviendas. Por último, en Granada, Martinsa-Fadesa había ultimado, en la urbanización Altos de la Zubia, 272 parcelas, 100 aparcamientos, 20.000 metros cuadrados de áreas recreativas, 6.000 de áreas para la educación y 1.850 destinadas al deporte. En Santa Fe (Granada) había previstas 585.

Además, la empresa arrastra querellas antiguas. Como en Marbella (Málaga), donde la promotora acordó la construcción de 1.300 casas y un centro comercial con el Gobierno de Jesús Gil en el PGOU de la localidad. La Junta nunca reconoció este acuerdo y la licencia fue revisada por la gestora que se hizo cargo del Ayuntamiento, informa Juan Diego Quesada. Tenía que pagar a Marbella para legalizar las viviendas, ya que se había excedido en la edificabilidad. La empresa debería hacer en su suelo construcciones de interés común para los vecinos.

Pueblos como Ayamonte (Huelva) son un triste ejemplo de lo que ha terminado ocurriendo con estos proyectos: constructores subcontratados que no pueden pagar a sus obreros porque no cobran las obras ejecutadas; proveedores con los almacenes llenos de material y la lista de clientes demandantes vacía. Sólo en Ayamonte, alrededor de un centenar de trabajadores (muchos de ellos de fuera del pueblo) de dos subcontratas, Codesur y Montesur, decidieron denunciar a sus patronos por los despidos a los que éstos se vieron empujados por los impagos de Martinsa-Fadesa. Fuentes del sector afirman que en el marco global de crisis inmobiliaria, son "muchas" las empresas constructoras y de proveedores del pueblo que han cerrado.

Los ayuntamientos también se ven afectados por la depresión, pues pierden las tasas que preveían recibir. En Ayamonte, el Consistorio, regido por Antonio Castillo (PSOE), ha reconocido que ha dejado de ingresar un millón de euros por licencias de obras que tenía previsto en los presupuestos, aunque su alcalde enmarca esta reducción en el paisaje general de la crisis constructora. "No tiene nada que ver con la suspensión de pagos de Martinsa-Fadesa", explica. No obstante, el Ayuntamiento cuantifica el dinero que le puede adeudar la empresa por derechos reconocidos para personarse en el concurso de acreedores.

Para respiro de los compradores, y a diferencia de otros casos, las viviendas que Martinsa-Fadesa construía en Costa Esuri (2.184 viviendas) estaban prácticamente acabadas cuando ocurrió la debacle. De ellas, algo más de la mitad estarían vendidas, según fuentes vecinales. Ahora bien, los pocos que habitan diariamente esta ciudad fantasma -pensada para el turismo residencial de lujo, mayoritariamente extranjero- temen que espacios comunes que esperaban, como los centros comerciales o los parques y jardines, queden en nada.

Y sus temores están fundados, pues cada día contemplan la mole a medio hacer del gran centro comercial, cuyas obras pararon tras la suspensión de pagos, justo una semana después de que fuese presentado a los comerciantes y al público.

No es el único cadáver de ladrillo y hormigón que deja Martinsa-Fadesa en Costa Esuri. Asomándose al Guadiana, y con Portugal en la otra orilla, se levanta lo que iba a ser un hotel de lujo. Sus grúas están quietas desde hace meses. "En el Ayuntamiento estamos a la expectativa. Creemos que la empresa quiere seguir adelante con estos proyectos porque son activos propios que les interesa", confía el alcalde.

Otro frente abierto es el de los costes de mantenimiento de los espacios comunes de los núcleos residenciales (jardines, piscinas, seguridad...) que eran sufragados entre los propietarios y la constructora. Una vez que Martinsa ha suspendido pagos, ¿quién abonará su parte? "El Ayuntamiento no puede hacerse cargo, pues entra dentro del ámbito privado y Martinsa-Fadesa actúa como un vecino más. El Consistorio sí asesorará a las comunidades de vecinos en cualquier decisión que tomen para arreglar la situación con la constructora", dice el alcalde.

Hacía ya tiempo que la gran apuesta de Martinsa-Fadesa en Andalucía daba síntomas de que algo no funcionaba bien en la promotora. En los mentideros de los constructores locales se comentaba la lenta evolución de algunas obras y, sobre todo, el bajísimo nivel de ventas, así como las protestas que algunos compradores, que se quejaban de la escasa calidad final de las viviendas.

La confirmación de que la situación no era nada halagüeña llegó en abril, cuando, ya en plena crisis inmobiliaria, la compañía asombró a todos anunciando un programa piloto, acordado con el Ayuntamiento y la Caja de Ahorros del Mediterráneo, por el que destinaría 47 viviendas de la urbanización de lujo a jóvenes y familias que, por sus ingresos, no pudiesen optar a Viviendas de Protección Oficial. Según este convenio, los beneficiarios alquilarían -durante dos años y a 450 euros al mes- las viviendas de Martinsa-Fadesa. Tras ese tiempo, si optaban por comprar las casas, la empresa les seguiría subvencionando los cinco primeros años de la cuota del préstamo hipotecario, por lo que los jóvenes continuarían pagando sólo los 450 euros mensuales.

Pero en ese plan no se contemplaba la posibilidad de una quiebra total de la constructora. Ya entonces, algunos expertos del sector se preguntaban qué garantía tenía el inquilino, que se ha visto subvencionado por la empresa, si ésta quebraba Y los mismos expertos se respondían: "Pues que el propietario tendrá que pagar la diferencia". El alcalde dice que el convenio sigue adelante y que ya hay alrededor de medio centenar de solicitudes. "En este caso, Martinsa-Fadesa tiene que cumplir con sus obligaciones. Y a ella le conviene, porque seguimos hablando de sus activos".