Detenido por blanqueo y delito fiscal el anterior alcalde de Aljaraque

El ex concejal de Urbanismo y un socio de los políticos también están acusados

Huelva - 02 abr 2008 - 00:00CEST

El ex alcalde de Aljaraque (Huelva) Juan Manuel Orta y el concejal de Urbanismo en su gobierno municipal, Casto Pino, ambos del PP, han sido detenidos por la Guardia Civil acusados de un presunto delito fiscal y de blanqueo de dinero. Ambos fueron denunciados en mayo por Rafael Barroso, un ex militante del Partido Popular y constructor que les acusaba, entre otros posibles delitos, del cobro de comisiones ilegales.

Barroso afirmaba en su denuncia, presentada en la Fiscalía de Huelva, que entre ambos cargos podían haber amasado un patrimonio de unos 60 millones de euros. Orta gobernó 12 años el Ayuntamiento de Aljaraque.

Además de Juan Manuel Orta y Casto Pino, también fueron detenidos un socio de éstos y la mujer de Pino, que finalmente quedó en libertad.

Los tres arrestados restantes permanecían ayer en la Comandancia de la Guardia Civil en Huelva a la espera de ser puestos a disposición del Juzgado de Instrucción Número 3, que investiga el caso. El titular de esta sala ha declarado el secreto de sumario.

En la denuncia presentada en mayo y que sirvió de detonante para comenzar la investigación, el empresario Rafael Barroso acusaba a Orta y Pino de cobrar comisiones ilegales por la firma de convenios con siete empresas inmobiliarias. En concreto, Barroso imputaba a Orta y Pino delitos contra la ordenación del territorio, falsedad documental, prevaricación, malversación, cohecho y fraude fiscal.El mismo Barroso afirmaba haber sido objeto de chantaje al recibir presiones para que pagase 300.000 euros en efectivo y obtener así una licencia municipal de obra.

El escrito de denuncia de Barroso no escatimaba en detalles y explicaba la relación de bienes que presuntamente Orta y Pino poseían, estimando el valor de los mismos. Del regidor, Rafael Barroso desgrana una finca rústica de 35.000 metros en Aljaraque que compró en 1999 por 30.050 euros y vendió en 2003, obteniendo presuntamente un beneficio de más de 300.000 euros; una parcela urbana en el mismo pueblo de 1.200 metros cuadrados por valor de 200.000 euros; un chalé de tres plantas (valorado en 600.000 euros); una vivienda en La Redondela (valorada en 200.000 euros); un solar en ese mismo municipio (150.000 euros); y una vivienda en Sierra Nevada, de la que no especifica su valor.

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De Casto Pino, el denunciante afirmaba que, entre él y su esposa poseen un terreno rústico en Aljaraque de 21.250 metros cuadrados comprado en 1999 y cuyo valor actual sería de 255.000 euros. Además, tendrían, presuntamente, un terreno rústico de 17.000 metros cuadrados, valorado en 600.000 euros; una parcela de 1.200 metros cuadrados con un chalé de 500 metros cuadrados valorados en más de un millón de euros; dos edificios industriales en el polígono La Raya, obtenidos, según Barroso, tras un pelotazo urbanístico de 12 millones de euros; un finca en Alosno valorada en más de 10 millones de euros; un local comercial valorado en 100.000 euros y sendas viviendas en Aljaraque (380.000 euros), Punta Umbría (250.000 euros) y Huelva (360.000).

La noticia de la detención de Casto y Pino provocó reacciones políticas encontradas: mientras el PP reclamaba la presunción de inocencia, el PSOE e IU -que gobiernan en coalición en Aljaraque desde las últimas elecciones municipa-les- mostraban su preocupación y pedían explicaciones a los dirigentes del PP, el partido de los detenidos.

Juan Manuel Orta, seguido de Casto Pino, en una fotografía de archivo.EFE

"Cambio de tendencia" entre los magistrados

Eduardo Baena, presidente de la Audiencia de Córdoba, apostó ayer por intentar impedir que la "mancha de aceite" de las parcelaciones ilegales se extienda más. En declaraciones a la cadena SER, Baena reconoció que entre los magistrados cordobeses hay un "cambio de tendencia", lo que no significa que antes no se dictaran sentencias condenatorias en este tipo de casos.

El pleno de magistrados de la Audiencia escenificó este cambio el pasado 10 de marzo, cuando se elaboró un documento en el que se fija cómo deben actuar ante este fenómeno.

Los jueces cordobeses acordaron, entre otros asuntos, que para que las demoliciones puedan ordenarse debe constar "patentemente" que las casas estén "completamente fuera de ordenación y no sean legalizables o subsanables". Además, se estableció que la mera existencia de construcciones previas no supone "por sí mismas exoneración de responsabilidad penal".

Actualmente, hay varios casos como el del chalé de San Cristóbal que podrían acabar en demolición. El primer derribo por orden judicial que se llevó a cabo en la provincia de Córdoba se realizó el 19 de diciembre de 2007. Se tiraron cinco edificaciones en la urbanización Pedrique de Obejo.

Respecto al conjunto arqueológico de Medina Azahara, una zona con especial protección, las sentencias están siendo dispares. Por un lado, el Juzgado de lo Penal 3 ha decidido absolver a dos parcelistas que ampliaron sus casas.

Pero el Juzgado de lo Penal 4 de Córdoba ha condenado a dos propietarios a demoler una edificación situada en la misma zona. La diferencia radica en que el último chalé se levantó íntegramente cuando la zona ya estaba protegida por la declaración de Bien de Interés Cultural.