El PP recurre a sus clásicos

El Partido Popular ha optado por recurrir a sus argumentos clásicos para amarrar votos en territorio valenciano en el tramo final de campaña. La estrategia en defensa del trasvase del Ebro sigue viva a pesar de que el programa nacional del partido ni lo menciona. Y se trufa ahora con el fantasma del catalanismo, el monstruo que da fuerza a la supuesta agresión de los poderosos vecinos del norte que, organizados en tripartito, cerraron el grifo a los valencianos, siempre de acuerdo con los fundamentos del argumentario del PP valenciano.

La primera prueba la dio Vicente Rambla, portavoz del Consell: "El PP traerá a Valencia el agua del Ebro que sobra y se pierde en el mar", sentenció sin pestañear. Y deslizó un segundo dardo envenenado a raíz del acuerdo electoral entre los socialistas catalanes del PSC para concurrir en candidaturas conjuntas al Senado con Esquerra Republicana de Catalunya. El programa conjunto apuesta por el fomento del uso del catalán como lengua vehicular en "todos los Països Catalans". Rambla se mostró muy preocupado por el acuerdo de los socialistas catalanes con una fuerza que apuesta por la autodeterminación y expresó sus temores por el alcance de la apuesta conjunta por el uso del catalán.

González Pons incorpora las claves del discurso de González Lizondo

Pero el detalle lo desgranó Esteban González Pons, candidato del PP al Congreso por Valencia, en una supuesta conferencia de prensa que se convirtió en improvisado mitin en una pequeña sala de la sede del partido en Valencia. Entre más militantes que periodistas, González Pons lanzó una arenga contra María Teresa Fernández de la Vega, vicepresidenta del Gobierno y candidata socialista por Valencia, "esa señora que manda tanto".

El candidato se inventó una serie de ofertas de debate que, aseguró, ha formulado su partido, para concluir que De la Vega había rechazado la penúltima propuesta porque no habla valenciano. Era solo un aperitivo. El plato fuerte vino después. "El PSC pretende imponer el catalán en la Comunidad Valenciana. Exijo a esa señora que manda tanto que rechace categóricamente el programa que plantean sus compañeros catalanes". ¿Por qué? Porque "muchos votantes socialistas cambiarán su voto" y apoyarán al PP si De la Vega no condena la supuesta ofensa hacia los valencianos de sus compañeros del PSC.

El PP no solo sostiene el victimismo hacia el Gobierno central en materia de agua, sino que intenta arañar los votos procedentes de la extinta Unión Valenciana que hayan podido recalar en el PSOE.

La polarización del voto crece de tal manera que el PP ha incorporado como propias las dos claves del discurso facilón con el que Vicente González Lizondo levantó Unión Valenciana, el trasvase y el anticatalanismo. Y los estrategas del PP saben que aquel movimiento era muy disperso ideológicamente, por eso apelan directamente a los regionalistas más proclives hacia posiciones socialistas.

Ángel Luna, portavoz socialista en las Cortes Valencianas, reiteró todas las claves del engaño que supone sostener la viabilidad del trasvase del Ebro. Luna recordó las obras que implica el pacto el agua en Aragón, exigió al PP que aclare sus alternativas para obtener agua en un periodo transitorio que se prolongaría al menos durante una década y sentenció: "Todo lo que no sea contestar a estas preguntas es mantener una ceremonia de la confusión que tiene como objetivo ocultar a los valencianos su auténtica voluntad".

La estrategia del PP, casualmente, permitió a Luna arrimar el ascua hacia su propia sardina. "Hay que recordar que el PP intentó mantener una estrategia de confusión de la opinión pública de parecidos caracteres tras los atentados del 11 de marzo de 2004", apuntó. Y se permitió un consejo, tan envenenado como las advertencias de González Pons a De la Vega: "Los desastrosos resultados que cosecharon entonces deberían alertarles sobre las consecuencias de intentar negar la evidencia y confundir a los ciudadanos en campaña electoral".

La candidata socialista tenía otra agenda. "Esa señora que manda tanto" ejerció ayer como vicepresidenta del Gobierno y participó en el Consejo de Ministros. Pero, al parecer, no olvidó su papel de candidata.

El Consejo de Ministros sacó adelante los 36,7 millones de euros del Ejecutivo central para el desarrollo de la sociedad de la información; la licitación de la ampliación del by pass de Valencia, por 30 millones; o los 11 millones prometidos para paliar los daños provocados por las inundaciones registradas en la Marina a principios de otoño.

El Consell no anduvo a la zaga a la hora de presentar anuncios de relumbrón. El pleno aprobó un plan de innovación de sedes judiciales, con un presupuesto de 213 millones; el anteproyecto de ley del sistema valenciano de investigación científica; y prorrogó otros 31 millones de euros para ejecutar las canalizaciones del post trasvase Júcar-Vinalopó.