PSdeG y PP se enzarzan de nuevo por la Finca do Conde
"Quien toma una decisión a sabiendas de que es ilegal está prevaricando", recordó ayer al PP el portavoz del grupo municipal socialista, Carlos López Font, al hilo de una nueva sentencia del juzgado contencioso administrativo de Vigo que estima, con fecha 11 de febrero, el recurso presentado por el PSOE en abril de 2004 contra el otorgamiento por el PP de las licencias de edificación, actividad e instalación del centro comercial Gran Vía en Finca do Conde.
Font acusó al PP, y singularmente a la ex alcaldesa Corina Porro y al ex concejal de Urbanismo José Manuel Figueroa, de otorgar las licencias "a sabiendas de que el planeamiento estaba anulado" y, ahora, de "esconder la cabeza debajo del ala". También el alcalde, Abel Caballero, reiteró su petición de explicaciones al PP por aquella actuación, que pondría al Ayuntamiento en situación de quiebra si la construcción ilegal no fuera legalizada ahora por el nuevo plan general de urbanismo. "Eso no exime la responsabilidad de quienes dieron las licencias", precisó Caballero.
El PP, en una nota difundida ayer mismo, respondió que las licencias fueron concedidas con los informes favorables de los servicios técnicos y jurídicos de la Xerencia de Urbanismo y que un informe del Consello Consultivo de Galicia, a petición del BNG, "dictaminó en su día que no sólo tenían que concederse las licencias, sino que el hecho de no hacerlo sería constitutivo de delito".
Informes y sentencias
El BNG otorgó las licencias para construir dos torres con 208 viviendas, en base a ese dictamen, en marzo de 2003, una semana antes de dictar el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia las sentencias que anularon el plan parcial de Finca do Conde, en la cuales se basaba el grupo socialista para reclamar, en abril de 2004, que no se otorgaran las licencias para el centro comercial. Pero estas sentencias anulatorias del plan parcial, según aduce el PP, no eran firmes, ya que estaban recurridas ante el Tribunal Supremo, que finalmente las confirmó en diciembre de 2006 y enero de 2007.
El procedimiento seguido se ajustó a derecho, según el PP, que acusa al PSdeG de intentar calumniarlo y confundir a la opinión pública dentro de la estrategia iniciada por los socialistas "para tensionar la vida política y desviar la atención sobre su incompetencia".
