Tres años de cárcel para Javier de la Rosa por el 'caso Tibidabo'

Tres años de cárcel por apropiación indebida y absolución por delito fiscal. Ésa es la sentencia que ha impuesto la Audiencia de Barcelona a Javier de la Rosa por la descapitalización de Grand Tibidabo, una operación que acabó con los ahorros de 10.000 pequeños accionistas y en la que el financiero reconoció ante el juez que se había apropiado de 68 millones de euros entre 1991 y 1994.

El financiero se encuentra en la prisión de Figueres por otra condena

La misma sentencia condena a un año de cárcel a Juan Cruells, Florencio Cerdà y Ramón Fiter, los hombres de paja empleados en las operaciones de ingeniería financiera. A Arturo Piñana y a Manuel Prado y Colón de Carvajal el tribunal les impone seis y tres meses de arresto, respectivamente. Además, todos ellos son absueltos de delito fiscal, así como Mercedes Misol y Carolina Malagelada.

La sentencia es casi un calco del pacto extrajudicial al que llegaron las acusaciones, la fiscalía y las defensas, a pesar de que el abogado de De la Rosa, Francesc Jufresa, acabó pidiendo después una condena mínima de seis meses de cárcel para su cliente. Sólo el abogado del Estado se opuso frontalmente a ese acuerdo, por lo que es previsible que recurra ante el Tribunal Supremo. Si es así, la sentencia no será firme y, por tanto, no cabe preguntarse si el financiero entrará o no en prisión. "Tarde o temprano acabará en la cárcel por este caso, porque tiene antecedentes y porque una pena de tres años no se puede suspender", aseguró ayer un portavoz de la fiscalía.

La sentencia también asume la tesis de la fiscalía de que se ha de rebajar la pena porque se han producido dilaciones indebidas y porque se ha reparado parte del daño, porque De la Rosa entregó unas sociedades patrimoniales y un volumen de acciones, aunque los perjudicados no hayan cobrado nada. Grand Tibidabo presentó concurso en 2004 con una deuda de 30,38 millones de euros, 24,1 contraídos con la Seguridad Social.

La sentencia también razona que si se hubiera condenado por delito fiscal a De la Rosa se habría declarado responsable civil a Grand Tibidabo y entonces debería ser la sociedad perjudicada por el delito la que debería abonar los 1,6 millones de euros que reclamaba la Abogacía del Estado. Y en esas circunstancias, los perjudicados hubieran sido los accionistas de una sociedad de la que se dice que quedan "despojos". El financiero conoció la condena en la prisión de Figueres (Girona), donde ingresó voluntariamente el pasado día 21 para cumplir una pena de cinco años por apropiarse de más de 375 millones de euros de la sociedad kuwaití KIO y su filial española, Grupo Torras.