Caride legaliza 300 viviendas de Marín afectadas por la Ley de Costas

Treinta años después, 300 viviendas repartidas en cinco núcleos rurales de Marín vislumbran el principio del fin de su limbo administrativo. La conselleira de Política Territorial, María José Caride, firmó ayer la resolución por la que Urbanismo inicia el procedimiento de revisión de oficio del planeamiento de ese municipio, para que esos núcleos costeros sean reconocidos y sus viviendas legalizadas. Caride informó de la decisión tras reunirse con el alcalde marinense, Francisco Veiga.

El PP denuncia el "tufo electoral" del anuncio de la consellería

Se trata de asentamientos tradicionales y costeros anteriores a las normas urbanísticas municipales de 1978, aún en vigor, y por lo tanto también a la Ley de Costas de 1988. El planeamiento de Marín clasifica los núcleos de Loira, Aguete, A Teoira, Casás y Mogor como no urbanizables, a pesar de que, según la Xunta, reunían los requisitos para ser clasificados como urbanos. La posterior Ley de Costas consagró la contradicción, y las viviendas quedaban afectadas por una servidumbre de protección de dominio público marítimo-terrestre de 100 metros, en lugar de por la excepcionalidad de los 20 metros que la Ley de Costas fija para los clasificados como suelo urbano.

Este "error de derecho", como lo define Política Territorial, dejó a los propietarios en una situación delicada, ya que sus viviendas no existen oficialmente y carecen de seguridad jurídica. Política Territorial, los vecinos y el Ayuntamiento de Marín realizaron en los últimos meses un trabajo de delimitación de los núcleos y de documentación de su existencia anterior a la Ley de Costas de 1988. La documentación fue remitida al Ministerio de Medio Ambiente, con el fin de justificar las supuestas inexactitudes en las normas urbanísticas de Marín, al clasificar como no urbanizable suelo que reunía las características de urbano.

No se trata de la primera vez que Política Territorial da por solucionado el conflicto de Marín. El 9 de mayo de 2007, la conselleira anunció la firma de una orden con el mismo enunciado que la suscrita ayer, y que, según informó entonces el departamento de Caride, iba a "cerrar una solución definitiva y legal" para corregir el caso, pero la decisión no llegó a publicarse en el Diario Oficial de Galicia (DOG). Aunque la nota que difundió entonces la consellería es prácticamente idéntica a la de ayer, Caride garantizó que en esta ocasión la orden será publicada próximamente en el DOG, lo que permitiría legalizar los núcleos antes del verano. Fuentes de Política Territorial atribuyeron el fracaso de la resolución de 2007 a una discrepancia posterior sobre el año al que se debía retrotraer el planeamiento, lo que obligó a reiniciar el complejo procedimiento administrativo.

Los núcleos a los que afecta la revisión del planeamiento tienen su origen en la industria de la salazón, asentada en esa zona de Marín desde el siglo XIX, que dio lugar a la construcción de viviendas en esa franja del litoral. El calvario administrativo de sus propietarios les llevó a organizarse en plataformas y a reivindicar durante los últimos años una solución ante la Consellería de Política Territorial.

El proceso administrativo pasa ahora por un plazo de 20 días de exposición pública, una vez que la orden de revisión del planeamiento de Marín se publique en el DOG. A continuación se abrirá un plazo de dos meses para el estudio de las alegaciones, antes de que el texto pase al Consello Consultivo, que dispondrá de otro mes para emitir su informe. De acuerdo con las previsiones de Política Territorial, el problema se solucionará antes del verano.

El alcalde de Marín, del PSOE, dio por buena la solución que le ofreció Caride. "Por fin se da una solución legal y definitiva", resaltó el regidor marinense. Otra lectura muy distinta realizó el PP del anuncio, en el que encontró "un intenso tufo electoralista". El diputado popular Enrique López Veiga, que afirmó que la decisión "llega tarde", atribuyó la inseguridad jurídica al recurso del Gobierno central contra un decreto promulgado por la Xunta del PP "para reconocer la legalidad urbanística de los asentamientos tradicionales".