Moratoria para salvar La Manga

La Manga del Mar Menor está amenazada. La subida prevista del nivel del mar (15 centímetros en 2050, según Medio Ambiente) desaconseja seguir cementando la lengua de tierra que separa el Mar Menor del Mediterráneo. Por eso la Estrategia española para la sostenibilidad de la costa quiere "promover una moratoria urbanística con las Administraciones competentes ante el riesgo de inundación por el cambio climático".

Impulsar una moratoria urbanística en La Manga es como pretender que la Cruz Roja invada Irak. Y que lo haga además una vez que el país está destruido. Desde que en los años 60 el promotor Tomás Maestre compró la lengua de tierra que delimita la mayor laguna salada del Mediterráneo, constructores y ayuntamientos no han hecho otra cosa que edificar.

En sus 36 kilómetros apenas queda terreno libre. Según la citada Estrategia, hay "numerosas actuaciones, edificaciones sobre la playa, paseos marítimos, terrazas y jardines dentro del dominio público marítimo terrestre". Esta es la primera línea de litoral que, según la Ley de Costas de 1988, es de uso público.

Hay tanto cemento que el Gobierno regional, del PP, lanzó como idea construir un túnel para que los coches pudieran salir por el norte y autorizó, en contra de sus servicios jurídicos, un puerto deportivo, Puerto Mayor, y un complejo en terreno ganado al mar.

La moratoria debería afectar principalmente a una zona al norte de La Manga, justo donde está prevista -y ya parcialmente construida- una gran urbanización con un lago artificial llamada Veneziola, donde hay aprobadas tres torres de 24 plantas.

El presidente de la Asociación de Naturalistas del Sureste, Pedro García, recuerda que hace una década el ex director general de Costas del PP Fernando Marín ya advirtió por carta al Gobierno regional de las consecuencias que la subida del nivel del mar tendría sobre La Manga y le recomendó que pensase en trasladar algunos edificios. Desde entonces, y aunque oficialmente el Ejecutivo de Murcia no permite construir a menos de 500 metros del mar, se han levantado más de medio centenar de bloques de entre ocho y diez plantas.

El ministerio propondrá a la Comunidad de Murcia expropiar edificios y casas que ocupan el dominio público y terminar el deslinde (la delimitación de la zona pública y privada de costa). Además, planteará "recuperar la concesión de Puerto Mayor", hoy paralizado cautelarmente por un tribunal tras el recurso de Gobierno y ecologistas.

El plan también incluye comprar "las parcelas urbanizables de El Vivero", de las pocas que quedan, para "preservarlas de la urbanización masiva que se da en La Manga". Sin estas medidas, según el plan, "no tiene ningún sentido acometer la recuperación de playas" que ultima el Gobierno regional.

La estrategia para salvar la costa del ladrillo incluye más actuaciones polémicas. El plan apuesta por "eliminar el puerto de San Pedro del Pinatar, que está provocando la erosión de las dunas de San Pedro", un espacio protegido.

Uno de los empeños de Medio Ambiente con la Estrategia -elaborada por consultoras independientes durante dos años- es limitar la construcción de puertos. Los espigones alteran el flujo natural de la arena: la retiran de un lado y la acumulan en otro. Como explicó ayer el secretario general para el Territorio del ministerio, Antonio Serrano, "hay puertos mal utilizados, con barcos pequeños que podría ir en dársenas terrestres antes que construir nuevos". El plan pretende reubicar el puerto de Águilas y frenar la ampliación del de Casica Verde.

El cambio en los puertos es sólo uno de los muchos que introduce la Estrategia, con la que el ministerio pretende recuperar el uso público de los 8.000 kilómetros de costa española. Serrano insiste en que esta estrategia es un cambio radical en la política de costas y que tardará en cumplirse. Medio Ambiente quiere que en 2012 todo el litoral se pueda transitar a pie.

El Gobierno ha caracterizado el Mediterráneo, Baleares, Canarias, Cádiz y Huelva como primer paso. Hoy presenta el texto al Consejo Asesor de Medio Ambiente y ya se lo ha enviado a las autonomías. El plan incluye un diagnóstico, ya cerrado, y propuestas, como la moratoria en La Manga, que el Gobierno intentará consensuar con alcaldes y presidente autonómicos.

Aunque el ladrillo es la principal amenaza, aborda también la contaminación. En el Mar Menor, con deficiencias de depuración para los dos millones de personas que acoge en verano, el plan apuesta por minimizar el uso de fertilizantes en los invernaderos que lo rodean.

La contaminación por aguas fecales y nitratos ha producido en los últimos 10 años una proliferación de medusas sin precedentes en Europa. Este es un ejemplo, pero hay muchos más, de cómo la masificación es a largo plazo mala para el turismo.

Otro de los puntos más polémicos para Murcia es el intento de frenar la urbanización Marina de Cope -11.000 viviendas, 22.000 plazas hoteleras, cinco campos de golf, marina interior con 2.000 amarres y una inversión de 3.800 millones de euros-. Se trata de una especie de Marina d'Or que el Gobierno regional promueve en un parque natural que desprotegió por ley en 2001.

Esa ley está recurrida por el PSOE ante el Tribunal Constitucional, que lleva seis años con el tema, y sus desarrollos han sido recurridos por los ecologistas y el Gobierno. Pese a que su consejo jurídico le pidió esperar al fallo del Constitucional, el Gobierno de Murcia sigue adelante con su plan para construir en 11.000 hectáreas de costa virgen.

Sobre Marina de Cope, la Estrategia del Gobierno central afirma: "En el terreno actualmente clasificado como no urbanizable de uso general y antes del cambio de clasificación urbanística, adquirir una franja de 500 metros a partir del dominio público marítimo terrestre". Y establece que el ministerio tendrá que emitir un informe preceptivo sobre la urbanización.

Serrano insiste en que la Estrategia está completa en el diagnóstico y que la parte de propuestas para mejorarlo está abierta a acuerdos con las comunidades. Preguntado por casos como éste, en el que el acuerdo es altamente improbable, advierte: "El Gobierno quiere pactar pero, si no, actuará en consecuencia, tomará sus medidas legales y hará sus reservas" de terreno. La ley permite al Gobierno extender la franja de dominio público comprando o expropiando terrenos para proteger el litoral. Murcia es especialmente importante en el plan ya que tiene uno de los litorales mejor conservados (excepto La Manga).

Además, Medio Ambiente pretende impedir la construcción "de un nuevo puerto para tráfico de contenedores" en el espacio protegido de El Gorguel (Cartagena). Al menos hasta que se haya "optimizado la gestión de los existentes". Esta es una de las grandes reclamaciones de los ecologistas, que se oponen al plan del Gobierno autonómico y del ministerio.

En Cabo de Palos o Mazarrón, donde hay centenares de casas bajas en primera línea de playa, muchas anteriores a la Ley de Costas, el ministerio pretende ir derribándolas, pero "a largo plazo". Los autores del plan han detectado en Mazarrón mojones "en dudosa ubicación", presumiblemente movidos por los promotores para dar apariencia de legalidad a sus urbanizaciones. El movimiento de mojones era una especie de leyenda urbana en la costa, pero pocas veces había aparecido en un texto oficial. El de la rambla del Alamillo, en Mazarrón, "está en lugar inadecuado".

En gran parte del litoral murciano se extiende la recomendación de comprar los primeros 500 metros de costa, como hizo con las antiguas baterías de Defensa en Cabo Tiñoso, que quedan como uno de los grandes tramos vírgenes del Mediterráneo.