El PSdeG quiere negar la gestión de obra pública a las fundaciones
Faltan todavía la mitad de las comparecencias solicitadas por los grupos parlamentarios en la comisión que investiga la Cidade da Cultura, pero el PSdeG ya avanzó ayer que una de las conclusiones que propondrá en la redacción final incluirá una recomendación para que las fundaciones no vuelvan a tener responsabilidades en la gestión de obras públicas. Xaquín Fernández Leiceaga, portavoz socialista en esta comisión, asegura que ya hay elementos suficientes como para afirmar que la decisión de someter la gestión de las obras de construcción de la Cidade da Cultura al control de una fundación está en el origen de muchas de las irregularidades del proyecto. "Este modelo no debería repetirse", aseguró.
Leiceaga, sin embargo, distinguió la imposición de límites a las fundaciones para dirigir obras públicas de la gestión y explotación de instalaciones como las que se están construyendo en el Gaiás. Por otra parte, precisó, con compromisos plurianuales que afectan a empresas y trabajadores como los que mantiene en la actualidad la Fundación Cidade da Cultura, es "muy difícil" devolver el control directo de las obras a la administración autonómica. "Todo está muy avanzado y no es posible dar a la manivela para atrás", señaló.
Una investigación útil
En un balance provisional de los trabajos realizados por la comisión, Leiceaga consideró probada, definitivamente, la utilidad de la investigación. "Cumple el objetivo democrático" de conocer la verdad, algo que la Xunta del PP siempre negó al Parlamento y a la sociedad, subrayó, y que contrasta con "la amnesia" de algunos comparecientes.
Gracias a la comisión, explicó el representante socialista, ha sido posible conocer la ausencia de planificación de las obras "y, en cierta medida", de los contenidos, así como los mecanismos de modificación del diseño inicial, con las consecuencias ya sabidas en el coste final de la construcción: un incremento de más de 200 millones de euros.
Las comparecencias, recordó Leiceaga, han revelado además la ausencia de controles eficaces del gasto, incluyendo la obligación de realizar auditorías públicas, que sólo se realizaron los dos primeros años. El anterior Gobierno tampoco fue capaz de establecer los costes de mantenimiento ni de evaluar el impacto económico del complejo cultural, alimentando así un proyecto con "bases movedizas" y envuelto en una "espesa niebla".
La Cidade da Cultura no era el Guggenheim, ironizó Leiceaga. Entre otras cosas, concluyó, porque no había control de costes y no formaba parte de un proyecto asociado más allá de lo puramente arquitectónico.
