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La justicia avala la inspección de la Xunta en el pazo de los Franco

El tribunal de Galicia antepone "el interés público" al de la familia

Los herederos de Francisco Franco, encabezados por su única hija, Carmen, han perdido el primer asalto ante los tribunales en su batalla por impedir el acceso de la Xunta al Pazo de Meirás. El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia desestimó el recurso que los Franco presentaron contra la inspección que los técnicos autonómicos pretendían hacer el 30 de agosto para comprobar el estado de conservación de la propiedad inscrita en el patrimonio cultural de la autonomía. Debe prevalecer "el interés público sobre el privado", advierte el alto tribunal.

La pelota está ahora en el tejado del juzgado de A Coruña al que el Gobierno gallego ha pedido autorización para entrar en el pazo y cumplir su deber legal de inspección de los bienes patrimoniales inventariados. Los descendientes del dictador aducen sus derechos constitucionales de inviolabilidad del domicilio y la preservación de su intimidad.

En su auto de ayer, el alto tribunal gallego responde en parte a la argumentación de los Franco para oponerse a la inspección de su propiedad, enclavada en el municipio coruñés de Sada y regalada al caudillo en plena Guerra Civil. El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia considera que "realmente no se concibe qué graves e irreparables perjuicios" puede causar a los Franco la pretensión de la Administración.

Los magistrados, que alaban "la acusada apariencia de buen derecho" con la que actuó la Xunta, recuerdan que la ley gallega de patrimonio obliga a los propietarios de bienes inventariados a "facilitar el acceso con fines de inspección". "Frente a este interés público, mal cabe aducir un interés privado", afirma el tribunal.

En cuanto al reportaje fotográfico que los técnicos pretenden realizar en el pazo, principal reparo aducido por la familia del dictador, el alto tribunal entiende que sólo se tomarán imágenes "que revelen el estado de conservación". Unas fotografías que "no tendrán obviamente otro uso que el de ser incorporadas al expediente, garantizando así el derecho constitucional a la intimidad personal y familiar", precisan los magistrados en su auto.

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