La policía alertó a Al Kassar de que le estaban preparando una trampa

La vista de extradición del traficante de armas sirio Monzer Al Kassar, reclamado por Estados Unidos por su supuesta participación en una operación de venta de armamento a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), se celebró ayer en la Audiencia Nacional en medio de una gran confusión.

La confusión no tiene que ver con que Al Kassar se negase a ser extraditado, sino al hecho de que la extradición fue preparada en una operación de delito provocado por la agencia antidroga norteamericana DEA -algo que está prohibido en el ordenamiento jurídico español- y a que miembros de la policía española apoyan al ciudadano sirio en sus pretensiones e incluso le alertaron de que estaba siendo seguido y de que le preparaban una trampa.

Nada más empezar la vista, Al Kassar explicó que no ha cometido delito alguno y que su intermediación se refería a la venta de armas de Rumania a Nicaragua, y que disponía de un certificado de que el destinatario final de las armas era Nicaragua, nunca las FARC, por lo que la operación era perfectamente legal. Indicó que le ofrecieron abonarle su comisión en efectivo, pero precisó que él exigió que se hiciera a través de sus cuentas bancarias.

Juicio en España

Por ello, señaló que si el tribunal apreciase que ha cometido algún delito, como toda su intervención ha tenido lugar en España, considera que lo procedente sería juzgarle en España y no en Estados Unidos, donde, según aseguró, no va a tener un juicio justo. El traficante sirio achacó la "operación trampa" diseñada contra él como "una venganza de Bush", ya que en una entrevista que concedió condenó la actuación del mandatario norteamericano con respecto a los países árabes. Indicó que vive desde hace 25 años en España y que está a punto de conseguir la nacionalidad y que aunque hace tiempo que dejó de comerciar con armas, aceptó intermediar en este asunto por hacer un favor a un amigo.

Al Kassar llegó a decir que siempre creyó que actuaba dentro de la legalidad y que incluso hizo una consulta a un policía español por si su intermediación le pudiera suponer problemas en España.

Precisamente ese policía, José Villarejo, inspector jefe de la Comisaría General de Información, declaró como testigo a su favor. Destacó que Al Kassar había prestado importantes servicios a la policía española al haber colaborado en operaciones relacionadas con el mundo árabe. El agente confirmó que Al Kassar había abandonado la venta de armas, y que las últimas operaciones que realizó las hizo porque se lo pidió la policía. Su actuación, según Villarejo, siempre fue desinteresada y dentro de la legalidad.

El policía explicó que cuando Al Kassar le preguntó sobre si podría haber problemas con la operación de Nicaragua, él le dijo que no por parte de la policía española, pero le advirtió de que le habían "puesto un rabo", es decir, que estaba siendo vigilado.

El fiscal defendió la entrega de Al Kassar por estimar que se le imputa un delito transnacional, mientras la defensa reclamó que se rechace. El tribunal se pronunciará en dos semanas.