La nueva ley de la CCRTV pretende salvaguardar la independencia de los medios de injerencias del Gobierno
Esta vez no hubo unanimidad como en 1983. La nueva ley de la Corporación Catalana de Radio y Televisión (CCRTV), que pasa a llamarse Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA), fue aprobada ayer por el Parlament con los votos a favor del PSC, ERC, ICV y CiU. El PP y Ciutadans se opusieron. Su argumento para votar en contra fue la lengua catalana, calificada en el nuevo texto normativo como "lengua institucional" de los medios de comunicación públicos. El portavoz de Ciutadans, Antonio Robles, anunció desde el estrado que su partido llevará la ley al Defensor del Pueblo para que "interponga recurso" ante el Tribunal Constitucional. La nueva ley pretende asegurar la independencia de los medios.
La ley desvincula la elección de su máximo responsable de la decisión del Gobierno
La nueva norma, un encargo del Parlament que data de 1999 con el objetivo de adecuar la vieja ley a los cambios tecnológicos y sociales acaecidos desde la creación del organismo hace 24 años, desvincula la elección del máximo responsable de la corporación de la decisión del Gobierno. Éste será elegido entre los miembros del consejo de gobierno, órgano que sustituye al actual consejo de administración. Los miembros de este órgano, 12, serán elegidos por el Parlamente por seis años, con el propósito de desvincularlos de los periodos legislativos, por una mayoría de dos tercios, a propuesta del Consejo del Audiovisual de Cataluña (CAC), que además debe verificar la idoneidad de los candidatos. El PP considera "excesivo" este papel decisivo del CAC en la elección de los miembros del consejo de gobierno y, junto con el tema de la lengua, fue uno de sus argumentos para justificar su voto en contra de la ley.
El presidente del consejo de gobierno, que también deberá ser elegido por una mayoría de dos tercios, será a partir de ahora el máximo representante del organismo, con poderes semejantes a los que actualmente ejerce el director general, Joan Majó, cuyo cargo pasa a ser el órgano ejecutivo de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales. Su elección se realizará mediante una "convocatoria pública previa entre profesionales con prestigio y competencia reconocida", según indica en el apartado 1 del artículo 14 de la nueva ley.
Otra de las novedades del texto es la creación del consejo asesor de contenidos y programación, que estará integrado por 21 miembros nombrados por el Parlament, por mayoría de dos tercios, entre " personas de prestigio reconocido" que deben representar a la sociedad catalana. La renovación de este órgano se realizará cada cuatro años y deberá crearse en un término no superior a seis meses después de la constitución del consejo de gobierno.
La norma establece, además, que la corporación está obligada anualmente a destinar el 6% de la cifra total de los ingresos obtenidos en el exercicio anterior a la financiación de la producción de largometrajes y cortometrajes de cine, películas para la televisión, filmes de nuevos realizadores, películas experimentales, documentales, programas piloto y series de animación.
Los grupos parlamentarios del PSC, ERC, ICV y CiU, que el pasado mes de junio pactaron su voto afirmativo al texto, se felicitaron por la aprobación de la ley. En el debate previo a la aprobación, la diputada de CiU Joana Ortega afirmó que, pese a que ésta no era "la ley que habría hecho CiU", su grupo parlamentario había ejercido "una oposición rigurosa y responsable", y por ello la hacía suya. Joan Ferran del PSC felicitó a CiU por su actitud, aunque aprovechó su intervenciónpara destacar la "excesiva vinculación" al poder político de los medios de comunicación públicos en la época de Pujol. Carmel Mòdol, de ERC, lamentó que no se haya alcanzado el consenso de 1983, y Dolors Camats, de ICV, lamentó que el CAC no tenga en la ley un papel mayor.
El consejero de Cultura y Medios de Comunicación, Joan Manuel Tresserras, calificó el de ayer de "día fantástico" y aseguró que el texto de la nueva ley "desgubernamentaliza" los medios de comunicación públicos. Manifestó que la norma significa un cambio jurídico y de modelo de gestión que debe permitir "la refundación" de la corporación para darle un "gran impulso".
El consejero pidió que los trámites de nombramiento de los miembros del consejo de gobierno se aceleren para que el máximo responsable de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales pueda ser nombrado por el Parlament "antes de Navidad". El primer paso que se debe dar es el envío al CAC por parte del Parlament de la lista de candidatos a miembros del consejo de gobierno para que éste emita sus informes de idoneidad.
