El Pacto de la Vivienda promoverá pisos protegidos de alquiler con opción a compra

La Generalitat quiere crear viviendas sociales de alquiler como sea. Por eso, promoverá pisos protegidos de alquiler con opción a compra, una fórmula con la que espera animar a los promotores a impulsar viviendas para arrendar, algo que éstos no suelen hacer porque, dicen, no les sale a cuenta. El alquiler con opción a compra es una de las novedades del segundo borrador del Pacto por la Vivienda con el que el Gobierno catalán persigue movilizar suelo para crear 250.000 pisos protegidos y levantar 160.000 en 10 años. El texto indica que el suelo costará 1.914 millones de euros.

Los responsables del Departamento de Medio Ambiente y Vivienda presentaron ayer la segunda versión del pacto, que es fruto de dos meses de conversaciones con todos los agentes del sector, tanto públicos como privados: ayuntamientos y partidos políticos, promotores, sindicatos, cooperativas, asociaciones y colegios profesionales. El consejero del departamento, Francesc Baltasar, aseguró que la firma definitiva se producirá "en 15 días".

Este segundo borrador cuantifica en 3.060 millones de euros el coste de las futuras viviendas de protección (2.052) y las ayudas al acceso a la vivienda, y en 1.914 millones la compra y urbanización de suelo. En total, 4.974 millones hasta 2016. Con todo, el texto sigue sin concretar de dónde saldrá el dinero para sacar adelante el plan, quién costeará cada actuación ni en qué porcentaje. "Lo importante son los contenidos y la rotundidad. Los números finales nos preocupan menos y en cualquier caso son asumibles", dijo el consejero.

La promoción de viviendas de protección, con la mira puesta sobre todo en los jóvenes, es una de las cinco patas de un plan que también busca impulsar la rehabilitación del parque de viviendas existente (cuantificada en 1.449 millones); mejorar las condiciones de acceso a la vivienda de las personas mayores y los discapacitados (798 millones); evitar que las dificultades para tener un techo sean motivo de exclusión social (751), y luchar contra fenómenos como los sin techo, la sobreocupación y el mobbing (250).

Para eso, el texto cuenta, a la vez que prevé, con dar más protagonismo a los ayuntamientos, que son la Administración que suele parar el primer golpe ante todas estas problemáticas. En este sentido, la nueva versión del pacto habla de subvencionar la compra de suelo por parte de los ayuntamientos y, literalmente, anuncia la "creación de nuevos fondos de financiación", aunque no precisa cuáles. El pacto sí reitera que cuenta con las cajas de ahorros catalanas, para que creen líneas de crédito preferencial para, por ejemplo, compradores finales o para que los promotores compren suelo con la finalidad de levantar pisos protegidos.

La falta de suelo y su elevado precio es una de las cuestiones que los promotores y constructores han reprochado tradicionalmente a la Administración. También les preocupa la lentitud en los trámites de urbanización, que el pacto se compromete a agilizar.

La nueva versión del texto también incorpora la creación de una comisión de seguimiento que semestralmente controlará el cumplimiento de los compromisos, un organismo que responde a la petición de Convergència i Unió y otra comisión con los departamentos del Gobierno con competencias en su diseño y ejecución.