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viernes, 15 de junio de 2007
Tribuna:

El cambio climático y la justicia mundial

¿No habría que clamar por una nueva era socio-ecológica? De la renacionalización masiva en Rusia y de los éxitos de los populistas en Latinoamérica y en Europa del Este, el capitalismo liberado genera temores y reacciones de rechazo sin parangón con todo lo conocido desde la caída del muro de Berlín. ¿Cuál es el origen de esta decepción? La clase media grita "¡Basta!". Así sucede en Alemania, pero también en casi todos los países de Europa y en todos los hábitats del mundo. La resistencia aumenta con la percepción de que la clase media mundial no participa de los beneficios que produce el actual periodo de crecimiento económico, tal vez incluso de que su porción de tarta va a menos. Mientras en las empresas transnacionales que saben sacar provecho de las reservas de racionalización de las nuevas tecnologías de la comunicación, y a la vez de la mano de obra barata, se multiplican los beneficios, los trabajadores de clase media corrientes, vivan en el Medio Oeste de EE UU, en la cuenca del Ruhr, en América Latina o en Europa del Este, quedan al margen. Por todas partes el mismo fenómeno: la renta familiar media estaba y está muy por debajo de las tasas de crecimiento de la productividad, y esto desde hace años. John Kenneth Galbraith advirtió ya lo que debería alentar a la socialdemocracia de hoy: todos los grandes líderes políticos tuvieron algo en común: la obstinada decisión con que, en su día, tomaron en serio los grandes temores de sus pueblos. Ahí reside la esencia de su importancia política. Encontrar respuestas a las necesidades de la profundamente desconcertada clase media mundial, ésa es la clave del éxito político, también a comienzos del siglo XXI.

Es una ironía de la historia que la visión del mundo rebatida al derrumbarse el comunismo fuera adoptada precisamente por los vencedores de la guerra fría. Los neoliberales hicieron profesión de fe de las debilidades del pensamiento de Marx, de su contumaz menosprecio de los movimientos nacionalistas y religiosos y de su imagen unidimensional y lineal de la historia. En cambio, cerraron los ojos a la idea marxista de que el capitalismo libera energías anárquicas y autodestructivas. Marx veía la economía de mercado como fuerza revolucionaria y entendía que la penetración del mundo por el mercado discurre de manera destructiva y violenta. Cuando el capitalismo se extiende, las condiciones sociales sufren un vuelco: destruye industrias, formas de vida y regímenes completos. En los pasados 200 años, la campaña victoriosa del capitalismo y del industrialismo fue de la mano de guerras y revoluciones. ¿Por qué creen los neoliberales que en el siglo XXI las cosas van a ser de otra manera? Es un misterio. La revolución (y la contrarrevolución) ecológica que se vislumbra va por otro lado.

¿Dónde está el Willy Brandt de hoy, alguien capaz de formular de nuevo la cuestión de la justicia -el problema político clave del incipiente siglo XXI- a escala mundial y nacional, económica y ecológica? Por una parte, los ministros europeos de medio ambiente pregonan la revolución ecológica; por otra, anuncian que, pese al cambio climático, podemos seguir con nuestra habitual forma de vida. Esto es ilusorio. Porque ya se ve venir: la política del clima provoca dislocaciones y desigualdades sociales, tanto en cada uno de los países como en el mundo entero. A la vista de las diferencias culturales y de las desigualdades sociales, ¿cómo se van a distribuir equitativamente los costes de la política del clima? En Gran Bretaña se debate ahora la conveniencia de instaurar un mercado privado de emisiones. Cada ciudadano sólo podría causar una emisión limitada del nocivo CO2. Quien quiera consumir más, que pague más. Los más afectados serían los pobres y la clase media, acongojada por su temor a ir a menos. Su margen de maniobra quedaría reducido; su vida de trabajadores que se desplazan a diario a su lugar de trabajo, amenazada.

Cambio climático no quiere decir sólo cambio climático; es decir, en modo alguno sólo fenómenos atmosféricos, huracanes, sequías, inundaciones, oleadas de refugiados, amenazas de guerras. De repente sucede también que todos los pueblos, culturas, etnias, religiones y regiones del mundo viven por primera vez en la historia compartiendo la presencia de un futuro que los amenaza a todos. Dicho de otra manera, para sobrevivir hay que contar con el otro, con el excluido. La política del clima es una cosmopolítica.

Al mismo tiempo se percibe que los efectos del calentamiento de la tierra se manifiestan en cada sitio de una manera distinta y que, ante el trasfondo de un mundo radicalmente desigual, los contrarios deben tomarse radicalmente en serio. El hecho de que ahora compartamos la previsión de una catástrofe climática no se asienta en un pasado común y, desde luego, en modo alguno en un futuro común. Tal vez en Alaska surja una agricultura floreciente. Tal vez en Nueva York y en Múnich se pueda ir en bikini en Navidad. Pero, ¿qué va a ser de África? ¿Qué de Oriente Medio?Los países más ricos, los que más contribuyen al calentamiento de la Tierra, y así ponen en peligro la vida de los más pobres, gastan ya ahora miles de millones de dólares o euros en protegerse de las peores consecuencias de sus propios riesgos, como la sequía o la elevación del nivel del mar. Dos tercios del anhídrido carbónico y de los gases de efecto invernadero que se acumulan en la atmósfera proceden, a partes casi iguales, de Estados Unidos y de los países de Europa occidental. Éstos y otros países ricos invierten en instalaciones de propulsión eóli-ca para transformar el agua del mar en agua potable, en la ampliación de diques, en casas y ciudades flotantes, en plantas transgénicas que crecen también en el desierto. Sucede como en el Titanic: la catástrofe climática no es democrática. La mayoría de las víctimas quedaron atrapadas en las cubiertas y camarotes más baratos, los de más abajo, aquéllos en los que no había escapatoria.

El que agudiza el cambio climático arremete contra los más pobres de los pobres, pone en peligro el sustento de su vida. Quien, construyendo más diques, trata de proteger Londres, Nueva York o Tokio de las inundaciones provocadas por la elevación del nivel del mar se entrega a la idea ilusoria de que a las consecuencias sociales y políticas del cambio climático se puede dar una respuesta nacional individual. Esto es andar por las ramas del problema clave de la justicia mundial, al que ya no hay que responder sólo por un interés idealista general, que abarque a toda la humanidad, sino que más bien deviene parte integrante de los intereses nacionales y de la política nacional. Si el calentamiento de la atmósfera terrestre se considera hoy el reto económico y político más grande y más difícil que el mundo tuvo que afrontar jamás, hay un motivo para ello: no se trata únicamente de reducir las emisiones; se trata de distribuir el crecimiento económico, estrechísimamente ligado a las emisiones de anhídrido carbónico, entre Estados y entre pueblos. A la vista de las desigualdades cada vez más agudas, la exigencia de que los países desarrollados -sobre todo India y China- también reduzcan drásticamente sus emisiones y de que se llegue a una fórmula de compromiso entre los países industrialmente más desarrollados del mundo (como la que parece tener in mente el presidente de Estados Unidos, Bush, en su reciente paso adelante en política climática) es completamente irreal. La pregunta decisiva es más bien si los ricos van a reducir sus emisiones para que los pobres tengan sitio para su desarrollo. El juego en el que el que pierde paga, ahora en marcha a toda vela, y el hecho de que la pelota de la fuerza de gravitación y del poder de decisión sobre el destino de la humanidad pase al campo de Asia, con su vertiginosa carrera de desarrollo, sobre todo China, India e Indonesia, ignora el meollo de la política del clima: la cuestión de la justicia mundial.

Dos son los modelos de política del clima que se vislumbran, y son radicalmente distintos. Uno atiende al lema "Proteger el clima no produce dolor" (el ministro alemán de Medio Ambiente Siegmar Gabriel). Éste aboga por reducir drásticamente los gases de efecto invernadero con una "innovadora ofensiva" ecológico-tecnológica de Alemania, benévola con el consumidor y el elector. La economía de mercado, el crecimiento y el ansia de mayor bienestar no se cuestionan, porque, en última instancia, todos salen ganando. La venta, por ejemplo, de aerogeneradores y colectores solares pondría a salvo el clima y, al mismo tiempo, crearía más puestos de trabajo. El centro de sustentación en este caso es la política nacional, con un guiño a los beneficios nacionales que esto produce, también en puestos de trabajo.

La ineficiencia de esta política está tan cantada como la decepción de los ciudadanos, que se ven afectados en su forma de vida por el reparto desigual de los costes de una política del clima efectiva. También el realismo aparente de volver la vista al poder de los poderosos (por ejemplo, a los consorcios del automóvil) pasa por alto el poder de los que no tienen poder. Porque el cambio climático obliga a entender que la única vía para implantar controles eficaces es la de la justicia y la igualdad de oportunidades: sólo quien haga partícipes a los demás, a los pobres, de las decisiones propias, podrá al final protegerse a sí mismo con efectividad de las consecuencias del cambio climático.

A su vez, el otro modelo se funda en el entendimiento de que el cambio climático, tomado en serio y bien meditado, supone un cambio de paradigma en la política. Al abordar el cambio climático, todos deben aprender que las soluciones conjuntas sirven al interés nacional. Sólo una gran coalición de viejos europeos y estadounidenses ecológicamente concienciados, países subdesarrollados, países en vías de desarrollo y movimientos ciudadanos está en condiciones de recobrar la soberanía nacional en la sociedad mundialmente amenazada por el riesgo ecológico y terrorista. No se trata de restar valor, y no digamos de suprimir, los Estados nacionales; se trata más bien de darles más valor, para que ellos y, consecuentemente, todos juntos, estén en condiciones de actuar ecológicamente. Los Estados nacionales deben aprender que sólo pueden garantizar su independencia como actores políticos si son parte de un todo que se siente obligada a sacar adelante normas ecológicas mundialmente justas.

Ulrich Beck es profesor de Sociología de la Universidad de Múnich. Traducción de Carmen Seco.

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