La juez no aprecia delito en el permiso a una piscifactoría en Ribadeo

La juez ha archivado la denuncia penal contra el alcalde de Ribadeo, Balbino Pérez Vacas (PSOE), el secretario y el arquitecto del Ayuntamiento por autorizar la construcción de una piscifactoría de rodaballos y pulpo en Rinlo. La titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2, Ana María Bande, ha archivado la causa porque entiende que el regidor y los funcionarios no cometieron un delito contra el medio ambiente al otorgar la licencia de obras a la empresa Acuinor para que levantara la granja marina en terrenos protegidos. Los trabajos de ejecución del recinto seguirán por el momento paralizados, ya que sobre la tramitación del proyecto pesan tres recursos contenciosos que siguen adelante.

En el auto de sobreseimiento, la juez sostiene que Acuinor -propiedad de Ramón Álvarez-Cascos, pariente del ex ministro de Fomento- obró "con diligencia en el cumplimiento de la compleja normativa administrativa en la materia", pese a que la legislación "incurre en contradicciones en relación con los requisitos exigidos para establecer la instalación". Sobre la actuación del alcalde, el secretario y el arquitecto municipal de Ribadeo, la resolución judicial considera que los denunciados "procedieron a dar las autorizaciones administrativas precisas" a la firma tras obtener los permisos de otras administraciones. "No se aprecia que exista ninguna infracción que pueda llegar a configurar un ilícito penal, sin perjuicio de que pueda existir, en su caso, alguna infracción administrativa", señala la juez.

Acuerdo crucial

Fuentes del colectivo ecologista Adega, autor de la denuncia, han confirmado que no presentarán recurso contra el auto de sobreseimiento. La agrupación se centrará en los tres contenciosos abiertos en los tribunales contra la licencia de obras, la declaración de impacto ambiental y la resolución del anterior gobierno de la Xunta que autorizó la piscifactoría de Rinlo. Los responsables de Adega consideran que Acuinor recibió un "inaceptable trato de favor" en la tramitación de la granja marina, que fue aprobada por la Xunta del PP el 28 de julio de 2005, cuando ya había perdido las elecciones y estaba en funciones.

Justo al día siguiente de esta decisión del Ejecutivo de Manuel Fraga, el regidor socialista de Ribadeo dio el permiso para que la promotora empezara a levantar la planta, sin esperar a que el acuerdo fuera publicado en el Diario Oficial de Galicia. El alcalde dice que actuó así porque "tenía todos los informes favorables y empezaba el verano". La fiscal encargada de la denuncia penal ahora archivada confirma que la resolución del Consello da Xunta le fue "notificada telefónicamente" al Ayuntamiento. El ministerio público alega que fue este acuerdo del Gobierno gallego el que le dio cobertura legal a la ejecución de la piscifactoría en terrenos de la Red Natura.