El Defensor del Pueblo denunció fallos en varias provincias
Los informes del Defensor del Pueblo andaluz han reiterado casi cada año las deficiencias en la atención sanitaria de los reclusos. Ya en 2000, la institución recogió un aumento de las quejas motivadas por retrasos en la asistencia especializada, debido a la falta de medios policiales. Huelva y Málaga habían sido las provincias con más problemas.
Cuatro años después, la oficina reiteraba que seguía recibiendo quejas por el mismo motivo, en especial en Sevilla, Huelva, Granada y Málaga. El Defensor del Pueblo andaluz, José Chamizo, llegó a entrevistarse con la Dirección General de Instituciones Penitenciarias para abordar el problema. La actual titular, Mercedes Gallizo, se mostró partidaria de firmar un nuevo convenio -o bien revisar el actual de 1995- con la Junta de Andalucía.
En 2004, Chamizo también hizo hincapié en el incumplimiento de los desplazamientos de especialistas a las prisiones, como está previsto en el convenio entre administraciones, en un escrito dirigido a las Consejerías de Salud y Justicia y Administración Pública. Salud señaló entonces que el principal problema para resolver esto es la "voluntariedad" de los desplazamientos y "la ausencia de incentivos" para que los profesionales se trasladasen a las cárceles.
En su comunicación a las consejerías, el Defensor del Pueblo andaluz abogaba por negociar un nuevo acuerdo o revisar el vigente con Instituciones Penitenciarias aprovechando "la favorable disposición" de su actual directora general. "Una oportunidad que no se debería perder ya que el problema planteado afecta a personas que no por estar privadas de libertad han de ver conculado su derecho fundamental a la igualdad de trato en el orden sanitario", proclamó el defensor.
