Protesta en la Bahía
La huelga convocada por los sindicatos en la bahía de Cádiz para protestar por el cierre de Delphi, la compañía de componentes de automóvil que ha anunciado su deseo de cerrar su factoría gaditana, puede considerarse un éxito, según afirman las autoridades locales, los convocantes, los empresarios y los comerciantes. El elevado seguimiento de la protesta demuestra que la inquietud se ha extendido por el amplio entramado industrial de la Bahía, afectado además por los recortes de empleo de la planta de Airbus y los cierres de los astilleros. Los ciudadanos de Cádiz y de las zonas industriales limítrofes se consideran damnificados, probablemente con razón, por decisiones empresariales controvertidas y por fugas que empobrecen la economía local. Piden en consecuencia que se aplique toda la presión política necesaria para impedir la huida de Delphi y una política industrial compensatoria que mantenga la esperanza de prosperidad en la región.
La factoría de Delphi en Puerto Real produce componentes de automóvil, da empleo a 1.600 trabajadores y, según la dirección de la compañía, acumula unas pérdidas de 150 millones de euros en cinco años. Por esta última razón, Delphi no la incluye en el plan de transformación de la compañía y presentó el pasado 20 de marzo una solicitud de suspensión de pagos. Si se demuestra una situación de quiebra efectiva, no se podrá evitar el cierre. El presidente Rodríguez Zapatero aseguró ayer que ha ordenado a la Abogacía del Estado que se persone en la suspensión de pagos "para que se analice con lupa la legalidad de su posible situación de quiebra". Faltaría más. El Estado está obligado a defender las subvenciones y ayudas de más de 60 millones de euros que ha concedido a Delphi.
Pero además de ese comportamiento de oficio -presentado por el presidente como si fuera una decisión trascendente-, las decisiones de instalar o cerrar empresas no se toman en los despachos de la Administración central o autonómica. El tratamiento político correcto de las deslocalizaciones es la aplicación de planes de reindustrialización de las zonas afectadas, que en el caso de Cádiz no existen, a pesar de que las decisiones de desinversión en astilleros, Airbus o Delphi vienen de lejos. Y, aunque esos planes existieran, no surten efectos inmediatos: no se sustituye de la noche a la mañana una inversión que se va con otra que viene. En el caso de Delphi, el trámite de suspensión de pagos dificulta una negociación para mantener los planes industriales actuales gestionados por otra compañía del mismo sector. Las perspectivas no son alentadoras, a pesar de la voluntad de los trabajadores y de la presencia del abogado del Estado.
