Los dos acusados reconocen que causaron cuatro pequeños incendios en 1998 y lo justifican con que iban borrachos
Excusatio non petita, acusatio manifesta, dice uno de esos latinajos que todavía se oyen en las salas de vistas de los juicios penales. Viene a decir algo así como que quien se excusa sin que nadie se lo pida se está acusando de forma flagrante. Y algo de eso sucedió ayer con los dos presuntos pirómanos que se sientan en el banquillo de la Audiencia de Barcelona. Ambos coincidieron en reconocer que originaron cuatro pequeños incendios durante el verano de 1998 en Gironella, Puig-reig, La Pobla de Lillet y Castellar de N'Hug, pero explicaron que estaban borrachos y que no saben por qué lo hicieron.
Cuando fueron detenidos, tanto José María Fernández Barón como José María Puig Oviedo reconocieron los hechos a la Guardia Civil. Este último admitió que había participado en los siete incendios de los que le acusa el fiscal, incluido el de Aguilar de Segarra, ocurrido la noche del 18 de julio de 1998 y que calcinó 17.781 hectáreas. Un total de 26.500 si se suma la superficie que se quemaron en los siete fuegos. Fernández, por su parte, admitió su participación en todos los incendios excepto en ése. Ayer se desdijeron y sólo admitieron su participación en cuatro, todos de escasa importancia, que arrasaron 1,9 hectáreas.
El móvil
El fiscal sostiene que Fernández y Puig prendieron los fuegos porque habían sido despedidos de una serrería en la que trabajaban y por haber sido denunciados por el propietario de un restaurante por causar unos daños en aquel local. Eso es lo que también dijeron en su día a la Guardia Civil los dos acusados, pero ayer lo volvieron a negar ante el tribunal del jurado que les juzga. Según la nueva versión, fueron ellos quienes pidieron la liquidación en la serrería y no es cierto que causaran daños en un local.
El reconocimiento de culpa que hicieron en su día se debió, según explicaron, a las "presiones" que recibieron de la Guardia Civil, que incluso les llegó a amenazar, dijeron. Fue entonces cuando el fiscal José Joaquín Pérez de Gregorio recordó que si se sintieron tan presionados deberían haber reconocido los 16 incendios por los que les preguntó la Guardia Civil al ser detenidos. Los dos estuvieron en prisión preventiva seis meses y medio y ahora afrontan una petición del fiscal de 18 años de cárcel.
"Íbamos borrachos todo el día. Éramos personas inestables a las que se nos ocurrió esta barbaridad", dijo Fernández. El estado de ebriedad duró cuatro días, precisó el testigo, el tiempo que pasaron fuera de su casa, durmiendo en el vehículo de uno de ellos y comiendo donde se terciaba. Durante su exposición a los miembros del jurado, los abogados defensores aludieron al trastorno mental que padecen sus clientes, quizá en busca de un atenuante de la acusación.
En este sentido, Fernández explicó que ha sufrido tres comas etílicos, otros tantos por consumo de pastillas y que ha estado en tratamiento psiquiátrico. En cuanto a Puig, se educó en una escuela de educación especial, no llegó ni al graduado escolar y se libró del servicio militar por sus limitaciones psíquicas.
