La larga reforma llega a su fin

Podría ser mejor. La lentitud de la reforma universitaria, a punto de concluir, ha puesto de los nervios en alguna ocasión a todos los rectores valencianos. Pero no ha sacado a las calles a las multitudes que la oposición a la Ley Orgánica de Universidades (LOU) aprobada por José María Aznar fue capaz de convocar.

Raneda: "Dejar a las universidades proponer títulos con total libertad es un cambio muy profundo y positivo, pero esconde un peligro"

"El concepto de autonomía universitaria se ha dirigido más bien a la autonomía de las comunidades autónomas", afirma Tomás

Juliá, como el resto, reconoce aspectos clave en la reforma, pero subraya el exceso de tiempo: "Creo, francamente, que se perdieron dos años"

Los dirigentes académicos le reconocen aspectos clave para su funcionamiento. El primero, la eliminación del sistema de habilitación del profesorado. Pero coincidirían mayoritariamente con la afirmación de Francisco Tomás, rector de la Universitat de València: "La LOU necesitaba una reforma en profundidad. Y esa reforma en profundidad no se ha producido suficientemente".

Más cosas: Aumento de la libertad y, al mismo tiempo, excesiva dependencia de los gobiernos autonómicos. Escaso reconocimiento de la docencia y de las labores de gestión. Apertura de interminables procesos estatutarios. Perspectivas de que la próxima legislatura traerá nuevas reformas. Que deberán ser necesariamente menores...

Empecemos por el principio. Los tiempos han sido excesivos. La mayoría de los rectores no lo subraya. En realidad, porque lo dan por supuesto. Pero el de la Politécnica, Juan Juliá, lo repite: "Yo creo, francamente, que se perdieron dos años". El Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero abrió la reforma de la LOU poco después de llegar a la Moncloa. Según los primeros anuncios, su aplicación debería haber comenzado a principios de este curso. Con un año de retraso y tras un goteo de borradores, en gran parte contradictorios, la reforma del sistema universitario se aproxima a su fin. La semana próxima superará probablemente el trámite del senado. Unas semanas después se aprobará en el Parlamento y luego será promulgada. El curso 2007-2008 se regirá por ella.

Una de las grandes novedades que previsiblemente introducirá la nueva LOU será la desaparición del mapa de titulaciones: El Gobierno dejará de establecer qué carreras pueden estudiarse y serán las propias universidades las que propongan los títulos y los programas académicos con los que se impartirán.

"Dejar a las universidades la iniciativa de proponer títulos y de elaborar con total libertad los planes de estudio es, sin duda, un cambio profundísimo y muy positivo", afirma Ignacio Jiménez Raneda, rector de la Universidad de Alicante. "Pero", advierte, "hemos de esperar a los detalles de la nueva regulación porque hay un peligro muy grande que podría esconder este proceso: Podría pasar que finalmente, como sucede ahora, la determinación de la lista de títulos de Grado que una universidad pública pueda ofrecer esté, en la práctica, exclusivamente en manos de la comunidad autónoma, bajo el argumento de que la parte fundamental de la financiación de los títulos es pública".

Se trata de lo que el rector de València describe como "el hecho de que las universidades quedan sujetas a las decisiones de los gobiernos autonómicos. Y eso hace que el concepto de autonomía universitaria se haya dirigido más bien a lo que se llamaría la autonomía de las comunidades autónomas". Los dos rectores creen que ese escenario dará ventaja a las universidades privadas, que no dependen del dinero público.

La barra libre en la propuesta de títulos parece contradictoria con los mensajes, lanzados en los últimos meses, de la inviabilidad de las carreras que apenas reúnen un puñado de estudiantes. "La situación no es fácil de conjugar", dice Tomás. "Lo que yo creo es que las universidades deben tener el criterio y elementos de juicios para hacer propuestas razonables, que supongan luego empleabilidad para los estudiantes. Si no es así, vamos a fracasar todos".

Ninguna universidad echará de menos el sistema de habilitación del profesorado instaurado por el Gobierno Aznar. Una fórmula "que hizo perder mucho tiempo y mucho dinero a las universidades", asegura Juan Juliá. El rector de la Politécnica cree, sin embargo, que resulta necesario "explicar un poco más" la composición de los tribunales que, con el nuevo sistema, deberán acreditar a los aspirantes que reúnan las condiciones necesarias para ser contratados en una facultad. Y que el jurado debería estar formado por investigadores de disciplinas afines a las del candidato.

Precisamente ahí, en el acceso del nuevo personal, es donde Tomás cree que se ha dejado pasar la oportunidad de valorar mejor, además de la calidad investigadora, "las capacidades docentes de las personas".

"Una de las cosas que yo echo en falta en la ley", sigue el rector, "serían las directrices en torno al estatuto del profesorado. A saber, el hecho de que la dedicación del profesorado a la universidad, su cómputo, tuviera en cuenta tanto la investigación como la docencia y la gestión".