El Consell pide la palabra en Bruselas

Otras muchas lagunas podremos denunciar de las autoridades comunitarias de Bruselas, pero no en modo alguno la ignorancia o indiferencia acerca del urbanismo que se ha desarrollado en el País Valenciano. Tanto es así que bien podría ser este asunto una de las almorranas administrativas que más fastidia intermitentemente a los altos mandatarios de la UE. Como se ha recordado estos días, en los últimos años se han incoado y sucedido dos expedientes por infracción de la anterior Ley Reguladora de la Actividad Urbanística (LRAU) y por la norma vigente, la Ley Urbanística Valenciana (LAV), mediando, además, 15.000 denuncias por presuntos abusos en este capítulo, dos visitas de eurodiputados para constatar sobre el terreno las quejas e irregularidades, y el llamado Informe Fourtou que las registró. En pocos otros capítulos habrá puesto más atención el Ejecutivo europeo.

Sin embargo, el Consell de la Generalitat no sólo se cree incomprendido por aquellos dignatarios, sino también traicionado por su representante legal y constitucional, que es el actual Gobierno de Madrid, el único interlocutor ante la Comisión Europea en nombre del Estado español. De ahí que, en un gesto meramente efectista y en previsión del revolcón jurídico que le acecha, el consejero de Territorio, Esteban González Pons, haya proclamado su intención de entrevistarse con el comisario europeo de Mercado Interior para defender sin intermediarios sus alegaciones a favor de la ley urbanística vigente, objeto del ya aludido expediente de infracción.

Según el mentado consejero -y el Consell con él- hay 13 comunidades autónomas que aplican la misma o muy parecida normativa urbanística, incluyendo la figura del cuestionado por estos pagos agente urbanizador. Y eso es lo que, en suma, se pretendía aducir ante Bruselas, pero que Madrid no ha incluido en su alegato porque sólo es el urbanismo valenciano el que está en candelero. ¿Por qué será, ciertamente, como se preguntaba el ex consejero socialista Eugenio Burriel? ¿Por malevolencia europea, por inquina del Gobierno de Rodríguez Zapatero, porque hay una conspiración contra el que fue descrito como "el modelo urbanístico más sostenible de España"? Los trinos populares de victimismo pueden alcanzar cotas insólitas.

Hay dos aspectos de este episodio que no acabamos de columbrar. Nos referimos, en primer lugar, a la salida de pata de banco que ha sido la referida pretensión de apelar directamente a Bruselas, obviando la mediación del Gobierno e instando una audiencia. ¿Habremos de creer que no ha sido previamente filtrada y valorada por nadie para impedir el disparate? De ser así, la conclusión está clara: el Consell no funciona coordinadamente y, además, está al albur de uno de sus miembros más temerarios, decimos del referido consejero, que en esta ocasión le ha dado por el desahogo secesionista como antes nos amenizó con el discurso verde. Un verdadero peligro para dejarlo a su aire. No obstante, lo probable -y patético- es que el núcleo duro del Gobierno autonómico estuviese al loro de esta pirueta recibida con pasmo y risa en los medios políticos.

El otro aspecto chocante es la desvelada propuesta de enmendar legalmente la referida figura del agente urbanizador, alfa y omega de todo este problema por cuanto condensa la inmensa mayoría de las protestas que han llegado a Bruselas. "Se acerca la hora de cerrar el grifo", ha declarado -y recogido en estas páginas- el consejero de marras, refiriéndose a la fórmula que ha permitido las vastísimas recalificaciones de terreno rústico a impulsos de quien no era su propietario, pero -añadimos nosotros- contaba con la complacencia o complicidad de la autoridad municipal y autonómica. Se trata, al parecer, de ponerle coto a este procedimiento, restaurando el ámbito de la iniciativa pública.

Ver para creer, pero si tal es el propósito, ¿por qué demonios no se activó cuando ya era evidente el correctivo sancionador que merecía la ley urbanística en vigor e incluso las intenciones de las instancias europeas? Es posible que fuese evidente para todos, menos para el PP valenciano, que se tiene por un dechado urbanístico. Hay desvaríos que requieren tratamientos severos.