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Editorial:

Fiscal más autónomo

Con la reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, remitida el jueves por el Consejo de Ministros al Congreso, será más difícil que el fiscal general del Estado lo sea más bien del Gobierno, tal como, en mayor o menor medida, ha venido sucediendo con los sucesivos titulares de la institución a lo largo de la democracia. El Gobierno seguirá nombrando al responsable máximo del Ministerio Fiscal, como establece la Constitución y corresponde a una institución que actúa a caballo de los poderes ejecutivo y judicial, pero no podrá destituirlo, una posibilidad que pendía sobre el cargo como una espada de Damocles, propiciando que fuera más solícito y receptivo de lo deseable a los deseos del Gobierno.

La medida sintoniza, al igual que el desapoderamiento del Gobierno a favor del Parlamento para nombrar al máximo responsable de la radiotelevisión pública, con los objetivos de "regeneración democrática" de las instituciones de las que tanto se habló en el pasado sin que se hiciera nada. Sólo un clima político como el actual, enturbiado con mensajes estrafalarios y alarmistas sobre conspiraciones y rendiciones, puede explicar que no hayan sido valoradas en su justa medida. La inamovilidad del fiscal general durante un mandato de cuatro años, sin que pueda ser destituido salvo por causas tasadas por ley y con control judicial, supone una inyección de calidad en el funcionamiento de la institución. Desaparece su problema más grave: la sospecha de parcialidad que pesaba sobre quien la dirigía si podía ser destituido en cualquier momento y por cualquier motivo.

La reforma refuerza la autonomía del fiscal del Estado frente al Gobierno, dotándole de un estatuto jurídico que le preserva de intromisiones indebidas, al tiempo que limita o condiciona su propio poder sobre la institución, que se democratiza sin cuestionar los principios de jerarquía y unidad de criterio que la caracterizan. Su espíritu está en las antípodas de la llevada a cabo por el Gobierno de Aznar en 2003, en la que la hegemonía del fiscal del Estado quedó resaltada todavía más por la limitación a cinco años del mandato de los fiscales jefes.

Con esta reforma no podrán darse casos como el del ex ministro Piqué, sobre el que el entonces fiscal del Estado, Jesús Cardenal, decidió no actuar ante los tribunales. La posición en las causas que afecten a miembros del Gobierno será fijada por la Junta de Fiscales de Sala y no sólo por el fiscal general. También retoma sus poderes la Fiscalía Anticorrupción, a la que la reforma de Aznar limitó su actuación investigadora a un periodo de seis meses, lo que mermaba su capacidad de indagar en delitos de gran complejidad, como se está poniendo de manifiesto ahora con la corrupción urbanística.

* Este articulo apareció en la edición impresa del Sábado, 9 de diciembre de 2006