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sábado, 9 de diciembre de 2006
La Ley de Memoria Histórica

El Gobierno aceptará la revisión de los juicios franquistas si sólo entraña consecuencias "morales"

El PSOE tiende la mano a IU y ERC, pero descarta que se anulen las sentencias de muerte para evitar un "estallido jurídico"

El Gobierno ha cambiado de criterio y ahora se muestra dispuesto a abordar la revisión de los juicios del franquismo en la Ley de Memoria Histórica que empezará a discutirse a finales de febrero próximo en el Congreso. Sería una revisión sólo a efectos de reconocimiento "simbólico y moral", por tanto, sin consecuencias jurídicas, pero se trataría a la postre de un claro gesto de acercamiento a las demandas de IU-ICV, ERC y las asociaciones de víctimas de la Guerra Civil y la dictadura.

IU y ERC defenderán el próximo jueves en el Parlamento sendas enmiendas a la totalidad contra el proyecto de ley del Gobierno, por considerarlo poco ambicioso en su actual redacción. También habrá enmienda del PP, pero los populares intervendrán con intenciones bien distintas. Su objetivo es que, simplemente, no haya ley.

El Grupo Socialista empezará la negociación tras ese debate y confía en un acuerdo con las tres formaciones durante el trámite en comisión. El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, quiere que su grupo acuda a esa negociación "con mano tendida" a todos los grupos, incluido el PP.

De momento sólo hay insatisfacción en torno a la Ley de Memoria Histórica. Para la izquierda y los republicanos, el Gobierno se ha quedado corto en el reconocimiento de las víctimas del franquismo. A la decepción se unen todas las asociaciones relacionadas con la defensa de los represaliados por la dictadura. El PP, por su parte, sostiene que los españoles "no quieren hablar ni de Franco ni de la República", según el líder del PP, Mariano Rajoy. Además, con esta ley el PP trata de confrontar la etapa del actual Gobierno socialista con la del consenso durante la transición democrática.

Socialistas, IU y ERC comenzarán a negociar discretamente a partir de enero. En febrero se conocerán las enmiendas de cada grupo, las propias y las pactadas entre ellos, y empezará a desarrollarse el trabajo en comisión, ya con luz y taquígrafos. De momento, el PSOE prevé presentar sus propias enmiendas, al haber detectado en el texto legal carencias y necesidad de ajustes.

El Grupo Socialista va a elaborar un nuevo preámbulo o exposición de motivos, según tienen ya decidido el portavoz parlamentario, Diego López Garrido, y el portavoz de la Comisión Constitucional y ponente de este proyecto de ley, Ramón Jáuregui. Los socialistas quieren precisar al máximo su voluntad de "ajustar deudas con la historia sin romper las bases de convivencia y los principios de reconciliación y perdón que presidieron la transición a la democracia", señala Jáuregui.

Uno de los aspectos más polémicos que separa al PSOE de IU-ICV y de ERC es la exigencia de éstos de anular las sentencias que se dictaron en función de legislaciones y tribunales de excepción surgidos de una rebelión contra el Gobierno legítimo de la República. La ley que aprobó el Gobierno el pasado 28 de julio descarta esa anulación de resoluciones judiciales. Gaspar Llamazares, coordinador de IU, así como el portavoz del grupo, Joan Herrera, han mantenido desde entonces sin mucho éxito una fuerte ofensiva para que el Ejecutivo cambie de opinión.

Fórmula por determinar

No habrá tal rectificación, pero sí un gesto de acercamiento. El Gobierno y el Grupo Socialista se plantean con seriedad la posibilidad de "abordar la revisión de esos procesos judiciales del franquismo, sólo si tal revisión tiene efectos simbólicos y morales para declarar solemnemente que las condenas fueron totalmente injustas", informan interlocutores de la negociación. La fórmula está "por determinar", informan las mismas fuentes.

En todo caso, se descarta expresamente la anulación de los juicios, es decir, su "revocación", por el "estallido jurídico" que provocaría y las consecuencias que traería. "¿Se abrirían vías de reclamación y también incluso de persecución penal a los juzgadores...?", se preguntan esas mismas fuentes. El Grupo Socialista considera que, seguramente, "sería de justicia" hacerlo, pero podría poner en cuestión todo el entramado de seguridad jurídica de 40 años de dictadura.

Para afianzar esta tesis de no remover la arquitectura jurídica del franquismo se ha tomado en consideración una sentencia del pasado 21 de septiembre por la que el Tribunal Superior Militar deniega el recurso de revisión contra el consejo de guerra que condenó a muerte al ex ministro anarquista de la República Juan Peiró Belis, el 21 de julio de 1942 en Valencia. La resolución se basaba en que "producido el Glorioso Movimiento Nacional", el condenado formó un comité revolucionario que, "si bien no ha podido precisarse que lo presidiera, se le considera responsable directo de los asesinatos [que cometió]". La sentencia del Tribunal Superior Militar desestima la revisión (y por lo tanto la anulación) de la condena a muerte solicitada por sus hijos, por la ausencia de nuevos elementos de prueba "que evidencian la inocencia del condenado".

Zapatero y la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, que es quien ha conducido la tarea de escuchar cientos de testimonios y estudiar miles de documentos antes de la elaboración del proyecto de ley, pretenden afrontar ahora la negociación con espíritu de "mano tendida" a todos los grupos y, desde luego, al PP.

En la modificación prevista, el Grupo Socialista considerará la inclusión de nuevos colectivos susceptibles también de reconocimiento y que el proyecto de ley no tuvo en cuenta. Pero de nuevo, el "camino de perfección" que persiguen IU y ERC tampoco podrá ser satisfecho porque su afán de reconocimiento de todo aquel que se siente afectado por la dictadura franquista hace imposible la empresa.

En la discusión parlamentaria del próximo jueves, IU y los republicanos escucharán del PSOE, a través de Jáuregui, el recordatorio de lo que ya se ha hecho en favor de los que sufrieron el levantamiento franquista contra la legalidad republicana. Desde hace 30 años, todos los Gobiernos se han ocupado de las víctimas de la dictadura, dirá el PSOE.

Entre los dirigentes del grupo mayoritario se da por seguro que las mayores dificultades las pondrá el PP. Los socialistas no pueden aceptar que esta iniciativa les sirva para acusar a Zapatero de guerracivilista y de reprocharle que cuestione la transición. Jáuregui recordará al PP que no tiene que colocarse en el lado de los que se levantaron contra los vencedores de la guerra ni identificarse con el franquismo. Tampoco se trata de hacer una ley de memoria histórica colectiva, sino de reconocer el derecho de los ciudadanos a la reparación de su memoria personal y familiar, "sin ira y sin afanes vengativos".

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