"Los escándalos han detenido la innovación"

"Los últimos cinco años hemos tenido la sensación de haber estado mordiendo cantos rodados". Esta imagen tan elocuente, esbozada por un conocido experto, refleja el particular calvario que han vivido la auditoría y sus profesionales en el último lustro. Enron, WorldCom, Parmalat, Xerox, Tyco... son nombres que golpean la memoria del sector. Una tormenta que aún no ha escampado y que afecta a la percepción social del trabajo del auditor.

Restañar muchas de estas heridas, entre otras funciones, es el desafío al que se enfrenta Juan José Fermín del Valle (Buenos Aires, 1950), recién nombrado presidente de la Federación Internacional de Auditores (IFAC, según sus siglas en inglés). Socio de Deloitte & Touche desde 1980, tiene la complicada tarea de representar a 160 organismos miembros que aglutinan a 2,5 millones de profesionales del sector. Su principal vehículo para dar un giro a la deteriorada imagen de la profesión será elaborar normas de excelencia y calidad, que sean aceptadas y adoptadas por todos los países. Un reto que responde a un momento complejo, del que Fermín del Valle hace su personal valoración. "Han sido años de sentimientos encontrados. Por un lado, hemos resultado sospechosos y la sociedad ha desconfiado de nosotros. Y por otro, nos hemos dado cuenta, como nunca antes, de que nuestro trabajo es importante para la sociedad", dice.

"Toda profesión que afecta al interés público, como es el caso de la auditoría, necesita una cierta regulación por parte de las autoridades"

"Hay que implantar la cultura de la transparencia en todo lo que sea significativo para quienes toman decisiones sobre sus inversiones"

"Nos encontramos muy cerca de conseguir la convergencia normativa. La contabilidad es un lenguaje y es prioritario tener todos el mismo"

Pregunta. Con la perspectiva que da el tiempo, ¿cuánto daño han producido en la profesión todos estos escándalos?

Respuesta. Cuando se produce un daño intento ser positivo. El consenso que hoy existe sobre la importancia de la calidad y el énfasis que pone actualmente la profesión es la respuesta a esos problemas. Ahora bien, un efecto negativo de estos escándalos es que, en alguna medida, ha detenido el proceso de innovación, de búsqueda de nuevos servicios y de implantación de mayor información para los ahorradores. Vamos hacia un futuro en el que los inversores demandan más información, pero no sólo indicadores financieros, sino también sobre sostenibilidad o responsabilidad social corporativa de la compañía. Y toda esta información también debe ser fiable y necesitará de la opinión de un profesional independiente que la acredite. Este proceso se ha detenido por la necesidad de volver a hacer hincapié sobre lo básico, que el público tenga la certeza de que la información financiera que le llega es fiable.

P. Centrémonos un momento en España. El Gobierno va a establecer, aprovechando la reforma de la legislación del mercado de valores, la posibilidad de que los accionistas puedan demandar, en un plazo de tres años, a las empresas si los auditores firman algún tipo de objeción. ¿Cómo interpreta esta medida?

R. No conozco el proyecto. Pero le diré que el responsable de la calidad de la información es la Administración, mientras que el auditor lo es del informe. Y cada uno tiene que actuar en consecuencia. Si existe un informe que indica que esa información no ha sido preparada de acuerdo con las reglas, debería tener como consecuencia alguna respuesta de la Administración, en el sentido de aceptar la recomendación o corregir esa información, o bien justificar por qué no se está de acuerdo.

P. De todas maneras, la entrada en vigor de esta normativa en España puede conllevar sus problemas; sobre todo teniendo en cuenta que hace tan sólo tres o cuatro años el 25% de las empresas del mercado continuo tenían salvedades.

R. Tampoco conozco estos casos concretos. Pero existen salvedades de muchos tipos: porque el auditor considera que algo no es lo que corresponde, y por lo tanto dice que no está de acuerdo, o bien porque exista una limitación para que el auditor haga todo lo que tiene que hacer. Es llamativo que no haya una reacción de las Administraciones a los informes negativos. Normalmente, éstos deberían dar lugar a una discusión interna para resolverlos.

P. El sector tiene enormes desafíos por delante, como las nuevas normas de auditoría. ¿Está en el momento más decisivo de toda su historia?

R. Sí. Además, nos encontramos muy cerca de conseguir un gran logro: la convergencia en las normas. La contabilidad es un lenguaje y es prioritario tener todos el mismo.

P. ¿Y cuáles son los inconvenientes para implantar este esperanto contable?

R. Estamos frente a un tema político, en el que hay que decidir por interés del público aceptar un lenguaje o una norma universal. Y hacer el esfuerzo de tener esta norma en lugar de la propia. Eso sí, cuanto más rápido se efectúe este proceso, mucho mejor. Si se dilata en el tiempo, más difícil será su implantación. Creo, de verdad, que existe una voluntad de convergencia por parte de Europa, Estados Unidos y Canadá. Incluso China ha dicho que convergerá, en una parte sustancial, con las normas internacionales. Nos hallamos en el momento adecuado y hay que acelerar el proceso.

P. Sí, pero desde fuera da la sensación de que la convergencia es hacia las normas anglosajonas, que son realmente las que están marcando el paso e imponiendo su criterio.

R. De ahí la importancia de la transparencia del proceso y de que todos participen. Uno de mis objetivos como presidente de la IFAC será allanar todos los caminos para que los canales de participación sean fluidos, y de que de este proceso se nutran la totalidad de las culturas.

P. ¿Con esta unificación contable que propugna, hubiera sido más difícil que se dieran los escándalos que hemos visto?

R. La convergencia normativa es una ayuda para evitar problemas. La diferencia de normas no ayuda a la claridad. Y cuando falta ésta puede haber problemas, que ocurren en la oscuridad, no en la transparencia.

P. Pero si hay algo que históricamente ha costado en este país ha sido la transparencia. No hace mucho tiempo conocer la remuneración del consejo de administración de una firma cotizada era, casi, una utopía.

R. Hay que entender la realidad de las compañías que salen al mercado a buscar fondos del público. Necesitan someterse a unas reglas de juego distintas de lo que puede ser una empresa cerrada. Pero creo que es necesario implantar la cultura de la transparencia en todo aquello que sea significativo para quienes tienen que tomar decisiones sobre sus inversiones en empresas públicas o privadas.

P. En comparación con cualquier otra profesión liberal, los auditores se quejan de que la suya es la más intervenida por la Administración y los organismos reguladores. ¿No hay una lógica, dada la importancia de lo que representa, para que sea así?

R. Toda profesión que afecta al interés público necesita una cierta regulación. Por dos razones: porque quien da el servicio no siempre está en condiciones de evaluar la calidad del mismo, y en segundo término, porque las consecuencias que se derivan de él afectan a otros, como pueden ser los inversores. La octava directiva aprobada por el Parlamento Europeo (permite que las firmas de auditoría puedan realizar otros servicios, siempre que exista independencia del profesional) establece un nivel razonable de regulación por parte del sector público sobre la actividad.

P. ¿El proceso de concentración en el sector ha terminado?

R. Desde el punto de vista regulatorio, hay que eliminar algunas de las barreras en términos de coste o de los riesgos que implica la labor de auditoría. Desde una óptica personal, sería sano ver una mayor participación de otras firmas en el mercado.