Obras Públicas reserva por primera vez 6 millones en su presupuesto anual para acelerar las demoliciones

Las denuncias por construcciones ilegales se ven abocadas a un proceso judicial casi siempre lento. Para cuando hay sentencias en firme contra el infractor, las viviendas llevan meses o años construidas y muchos jueces valoran el perjuicio a inquilinos o propietarios antes de ordenar una demolición. Y aun cuando el juez decide demoler, las viviendas pueden permanecer años en pie si el infractor se resiste a ejecutar la sentencia. Una situación que ha llevado a la Consejería de Obras Públicas a reservar por primera vez una partida presupuestaria para "ayudar" a los ayuntamientos a "impulsar" las demoliciones.

Los ayuntamientos son los responsables de la disciplina urbanística en sus municipios, de modo que si un infractor no ejecuta una sentencia de demolición, el gobierno local está legitimado para derribar la vivienda y cobrar los gastos al infractor. Pero la falta de recursos financieros o de voluntad de los consistorios hace que esta vía sea poco frecuente. La consejera de Obras Públicas, Concepción Gutiérrez, reconoció ayer que esta situación lleva a un "retraso excesivo" en la demolición, lo que resta eficacia a la sentencia y traslada un mensaje equívoco a la opinión pública.

Gutiérrez, en su comparecencia parlamentaria para explicar los presupuestos de Obras Públicas en 2007, anunció que su departamento destinará por primera vez una partida económica para financiar a los ayuntamientos la demolición de viviendas ilegales, "sin perjuicio de que posteriormente se repercutan los costes sobre el infractor".

La Consejería, que cuenta con un presupuesto de 393 millones para la política de vivienda y urbanismo, ha asignado seis millones para acelerar las demoliciones. El coste de los derribos varía según las características técnicas de los edificios. En Arnuero (Cantabria), donde una sentencia del Tribunal Supremo obliga a demoler 16 urbanizaciones ilegales (denunciadas hace una década), el Ayuntamiento ha adjudicado por 1,3 millones de euros la primera fase del derribo de 144 chalés adosados y apartamentos. El dinero reservado para 2007 por la Junta sería más que suficiente para financiar la demolición de las 240 viviendas ilegales que rodean el conjunto arquitectónico de Medina Azahara (Córdoba), si así lo decidiera un juez.