El futuro nuclear divide al valle de Ayora

Los habitantes del Valle de Ayora-Cofrentes conviven desde hace 22 años con la única central nuclear en tierras valencianas. Unos la miran con desconfianza, otros creen que ha impulsado el crecimiento económico de los pueblos que la rodean. Las columnas de vapor que emergen de la planta identifican el paisaje del valle. Una estampa que ahora está a la espera de una fecha de caducidad. El Gobierno ha decidido cerrar la central de Garoña (Burgos) y pretende fijar un calendario para el cierre escalonado del resto de plantas, de modo que no prolonguen su vida útil más allá de los 40 años para los que fueron diseñadas. Cofrentes, propiedad de la empresa eléctrica Iberdrola, arrancó en 1984 y, por tanto, cumpliría esas cuatro décadas de funcionamiento en 2024. Pero antes de ese año, la central valenciana deberá superar en 2009 los controles del Consejo de Seguridad Nuclear para lograr del Ministerio de Industria la renovación del permiso de explotación por otra década.

También dentro de tres años, Cofrentes deberá tener lista una solución para mantener bajo control su combustible gastado, ya que la piscina de la central que alberga los desechos radiactivos se saturará entonces. La construcción de un almacén para los residuos radiactivos de todas las centrales -seis en marcha y una, Zorita (Guadalajara), cerrada hace poco- es precisamente la asignatura más urgente de la agenda nuclear del Gobierno, que busca municipios candidatos para albergarlo con una propuesta de inversión de 700 millones de euros y la creación de 300 empleos.

En el valle de Cofrentes no quieren ni oír hablar del cementerio nuclear. En su rechazo al almacén coinciden municipios con gobierno popular y socialista. Sobre un posible cierre de la central de Iberdrola hay discrepancias.

Una pancarta con el lema "¡sí a la central nuclear, no al almacén!" resumiría la postura de los alcaldes del PP en el valle -la mayoría-. "Es absurdo cerrar ahora las centrales porque está clarísimo que son imprescindibles. La energía nuclear es la que menos contamina y las alternativas brillan por su ausencia", esgrime Raúl Ángel Domínguez, alcalde popular de Cofrentes. Pesimista sobre la posibilidad de sustituir la energía nuclear -"el petróleo se acaba"-, vaticina que "habrá que preparar el candil" si el Gobierno saca adelante su plan. Domínguez asegura que el pueblo, sin la central, "estaría en la miseria o se habría extinguido". No en vano, la instalación es la principal fuente de ingresos de la localidad, de unos 1.000 habitantes. El Ayuntamiento ingresa por impuestos y licencias unos dos millones de euros anuales -la planta eleva esta cifra a tres millones- y la nuclear emplea a decenas de vecinos de Cofrentes. Aún así, el alcalde asegura que la instalación "ya no es imprescindible" para garantizar el futuro de la población, que está ampliando el balneario y tiene más proyectos turísticos.

"La central no nos ha creado problemas, ha contribuido al desarrollo económico de la comarca", coincide el alcalde de Jalance, Ángel Abel Navarro (PP). Apoyaría un cierre "por motivos técnicos, pero no políticos". "España es energéticamente deficitaria", constata. De Cofrentes sale el 50% de la producción eléctrica valenciana, porcentaje que la Generalitat prevé reducir al 27% con el plan de infraestructuras energéticas y el fomento de las fuentes alternativas que está en marcha. "Es muy fácil decir que cierre Cofrentes", concluye Navarro.

Así lo reivindica el alcalde socialista de Zarra (medio millar de vecinos), Juan José Rubio: "Ojalá la cerraran mañana". "Ha perjudicado a la comarca porque ha frenado su desarrollo, las empresas no se instalan aquí", afirma Rubio, que reprocha también a la central que no haya contribuido apenas a "crear técnicos o reciclar gente del valle". "Sólo se han creado barrenderos, tenemos los pueblos mejor barridos, pero no hay polígonos industriales", añade Rubio, que destaca que varios alcaldes trabajan en la nuclear y liga el apoyo a Cofrentes a los ingresos por el canon de Enresa (Empresa Nacional de Residuos Radiactivos). Ésta reparte 2,9 millones de euros entre los pueblos por su cercanía a la planta nuclear -ocho valencianos y tres de Albacete, con los porcentajes más altos, del 20%, asignados a Cofrentes, Jalance, Jarafuel y Cortes de Pallás-. Una aportación que en Zarra no es determinante, dice Rubio. En cambio, municipios como Jalance califican este ingreso como "importante" para dar nuevos servicios.

El canon también pesa en el presupuesto de Cortes de Pallás (1.014 vecinos), admite su alcalde, José Moltó, del PSPV-PSOE. Sobre un cierre de la central ve "prematuro" opinar, aunque destaca que su permanencia exige "mucha información y dar confianza a la gente sobre su seguridad".

Ningún alcalde apoya el almacén nuclear. Zarra es consecuente con su rechazo a Cofrentes, las alcaldías del PP esgrimen que es "incompatible" con el impulso al turismo rural. El cementerio nuclear "daría mala imagen" y "la gente no lo quiere". Las elecciones municipales de 2007 están cerca, admiten unos y otros.