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El sumario de la Operación Malaya

El juez cree que Roca y sus testaferros caen en contradicciones "constantes y clamorosas"

El cerebro de la corrupción marbellí admite que dirigía las sociedades que ocultaban sus bienes

Fernando J. Pérez

"Las contradicciones entre las declaraciones de Juan Antonio Roca [y los abogados], Francisco Soriano Zurita y Manuel Sánchez Zubizarreta son patentes, constantes, groseras y clamorosas, lo que resulta altamente difícil de explicar". Así se expresa el juez instructor del caso Malaya contra la corrupción municipal en Marbella, Miguel Ángel Torres. El presunto cerebro de la trama, Roca, admitió que dirigía las sociedades creadas por los letrados supuestamente para ocultar su fortuna, y los abogados sostienen que Roca sólo realizaba "labores de asesoramiento" para estas empresas pantalla.

Cuando el juez interrogó a los letrados sobre su participación en las supuestas sociedades pantalla de Roca, las respuestas fueron de todo menos claras. "Desconocía por completo que yo fuera vocal de Palacio de Villagonzalo, SL y que Montserrat Corulla fuera consejera delegada", afirmó el abogado Miguel Pérez Camino.

Las respuestas de su compañero de bufete Juan Luis Soriano Pastor son del mismo tenor. "Creo, pero no estoy seguro, que actualmente soy administrador de la empresa Inmobiliara Aguaca, pero no recuerdo cuáles son los otros socios ni con qué dinero compré las participaciones", aseguró al juez Torres. "Me suena el nombre de Construcciones Direla, pero no sé si sigo siendo administrador de esta sociedad", afirmó a continuación.

En el despacho Sánchez Zubizarreta-Soriano se han creado hasta 240 sociedades. "Resulta poco creíble que desconozcan cuáles son las sociedades de las que son titulares, cuál es su participación, quién de ellos es el administrador, qué actividades desempeñan o cuáles son sus propiedades", escribió el juez en los autos de prisión de los abogados.

Una de las empresas centrales del entramado societario es Condeor, dedicada a la promoción inmobiliaria y que participa, entre otras, en las empresas Palacio de Villagonzalo, SL y San Mateo Palace, SL. Todas estas sociedades pertenecen, según Roca, a "Francisco y Manolo" [los abogados Francisco Soriano y Manuel Sánchez Zubizarreta]. "Yo dirijo todas estas sociedades aunque no figuro como administrador en ninguna de ellas y habían pensado en ponerme a mí como administrador cuando dejara el Ayuntamiento", declaró Roca al juez el 31 de marzo, dos días después de ser detenido.

"Es obvio que mandaba"

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Condeor estaba oficialmente administrada por la supuesta testaferro Montserrat Corulla. Mientras que los miembros del bufete se esforzaban en decir que Roca no decidía sobre los movimientos de las supuestas empresas pantalla -"lo dirá por fanfarronería", declaró Juan Luis Soriano Pastor- y que su labor era de mero asesoramiento, Corulla lo negaba: "Era obvio que Roca era la persona que daba las órdenes y que mandaba, incluso por encima de Manuel Sánchez Zubizarreta. No se podían discutir las órdenes de este señor". La supuesta testaferro da una muestra de la voracidad de su jefe: "Para Juan Antonio Roca nunca nada es suficiente".

La propia naturaleza del supuesto asesoramiento es objeto de contradicción entre todos los declarantes. "He simultaneado mi actividad en el Ayuntamiento con trabajos como asesor en temas inmobiliarios de mis amigos Francisco y Manolo [los abogados Francisco Soriano y Manuel Sánchez], a los que he ayudado a invertir el dinero que habían percibido de una herencia además de otro dinero que tenían", aseguró Roca al juez Torres cuando le preguntó sobre el origen de sus ingresos.

Lo que para Roca es un asesoramiento urbanístico e inmobiliario, para algunos miembros del bufete de abogados tiene más que ver con la titulación del ex gerente de Urbanismo como ingeniero de Minas. "Roca ha podido asesorar en temas de riego en la empresa Vanda Agropecuaria", señaló el letrado imputado Juan Luis Soriano Pastor.

Vanda Agropecuaria es la empresa que figura como dueña de la finca La Morisca, en Jimena de la Frontera (Cádiz). En estos terrenos, oficialmente pertenecientes a Sánchez Zubizarreta y Soriano Zurita, se construyeron dos helipuertos. "Ni yo ni familia, ni Francisco Soriano y la suya tienen helicópteros o título de piloto de helicópteros. Los dos helipuertos se construyeron por sugerencia de Juan Antonio Roca para aumentar el valor de la finca", aseguró al juez el letrado Juan Sánchez Zubizarreta, ya jubilado.

"No encontraría ninguna explicación por la que Juan Antonio se atribuya todas estas propiedades", remacha Sánchez Zubizarreta, que en el despacho se encargaba en exclusiva de los temas mercantiles. Por su parte, Francisco Soriano Zurita llevaba los asuntos penales del muñidor de la trama de corrupción que ha llevado a la disolución del Ayuntamiento de Marbella.

[El juez ha incluido en el sumario una carta anónima de tres folios y escrita a ordenador en la que se informaba al delegado de la Fiscalía Anticorrupción en Málaga, Juan Carlos López Caballero, de los negocios de Roca. En ella se asegura que el presunto cerebro de la trama pudo disponer de información policial relacionada con las investigaciones por su relación con un despacho de abogados cuyo titular es Antonio Díaz de Mera, primo de Agustín Díaz de Mera, director general de la Policía con el PP].

Juan Antonio Roca, tras prestar declaración ante el juez en mayo pasado.
Juan Antonio Roca, tras prestar declaración ante el juez en mayo pasado.JULIÁN ROJAS

El caso se aleja de Marbella

La estrategia de las defensas de varios de los 62 imputados en el caso Malaya contra la corrupción en Marbella de alejar la investigación de la ciudad parece estar dando resultado. La consejera de Justicia de la Junta de Andalucía, María José López, aseguró ayer en Málaga que "muy probablemente" el procedimiento judicial será trasladado a la Audiencia Nacional, como pretenden muchos letrados.

No obstante, López, que elogió el "buen trabajo" del juez instructor, Miguel Ángel Torres, puntualizó que el sumario no está concluido todavía y que aún "no se puede saber si habrá otras personas implicadas como pueden ser aforados" o cualquier otra circunstancia que haga que Málaga no pueda ser conocedor del caso. "Será el juez instructor el que deberá decidir si se inhibe en favor del alto tribunal" especializado en terrorismo, crimen organizado y delitos económicos.

El pasado día 14, el letrado Javier Gómez de Liaño, que defiende a la ex teniente de alcalde Isabel García Marcos y al ex concejal de transportes Victoriano Rodríguez, aseguró que iba a presentar una cuestión de competencia, en la modalidad de inhibitoria para que la Audiencia Nacional reclame el sumario al juez Torres. Además, otro abogado, Julián Chamorro, pidió en agosto al magistrado que cediera las diligencias a los juzgados centrales de la Audiencia Nacional.

Por otro lado, la ex alcaldesa Marisol Yagüe acudió ayer a declarar al Juzgado de Instrucción número 2 de Marbella como imputada en un delito contra la ordenación del territorio, referido a la construcción de unos edificios de la empresa Productos Lácteos Badajoz. Según explicó a los medios el abogado de la ex regidora, Ernesto Osuna, se trata de unas obras cuya licencia de proyecto básico y ocupación fueron otorgadas por el equipo del ex alcalde Julián Muñoz sobre el Plan General de Ordenación Urbana nunca aprobado de 1998, que calificaba los terrenos como urbanizables y aptos para la construcción de los edificios.

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Sobre la firma

Fernando J. Pérez
Es redactor y editor en la sección de España, con especialización en tribunales. Desde 2006 trabaja en EL PAÍS, primero en la delegación de Málaga y, desde 2013, en la redacción central. Es licenciado en Traducción y en Comunicación Audiovisual, y Máster de Periodismo de EL PAÍS.

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