El fiscal investiga si el trazado de un tramo de la M-501 beneficia a los dueños del suelo

El fiscal de Medio Ambiente, Emilio Valerio, ha ordenado a un juzgado de Navalcarnero que investigue la recalificación de terrenos hecha por el Ayuntamiento de Pelayos de la Presa (PP), a raíz de la construcción de una carretera de circunvalación para que la M-501 rodee el municipio. El arco de la nueva variante ha dejado en su interior unos terrenos que van a pasar, con el nuevo plan urbanístico, de rústicos a urbanizables. El fiscal insta además a la Guardia Civil a que investigue quiénes son los propietarios de ese suelo, entre los que hay un ex alcalde del PP.

En el escrito que el fiscal de Medio Ambiente, Emilio Valerio, remite al juzgado de Navalcarnero le insta a que investigue quiénes son los propietarios de los terrenos recalificados en Pelayos; a que averigüe por qué el Gobierno regional no sacó a información pública la declaración de impacto ambiental definitiva de la nueva variante, y a que indague por qué el Ejecutivo de Esperanza Aguirre ha obviado que una de las glorietas de la nueva carretera supone un peligro para el tráfico, como advierte un informe de la Dirección General de Tráfico.

"Con la actuación de la fiscalía empieza a ser muy evidente que el verdadero y único objetivo del trazado son los intereses urbanísticos", señala Concha Velasco, portavoz de Sierra Oeste Desarrollo S.O.S.tenible.

La carretera M-501, carretera de los pantanos, atraviesa actualmente Pelayos de la Presa (2.400 vecinos), a 61 kilómetros de Madrid. Para evitar el paso continuo de vehículos por el municipio, los vecinos propusieron en 1996 el soterramiento del tramo de 600 metros de la M-501 que cruza el pueblo. Pero la Comunidad de Madrid optó por hacer una carretera de circunvalación.

La variante, cuyas obras empezaron en febrero de este año, forma un arco en cuyo interior han quedado unos terrenos de un millón de metros cuadrados y que, según el avance del Plan General (que prevé levantar 2.725 viviendas), pasarán de rústicos a urbanizables. En ellos se podrán construir viviendas, previsiblemente chalés.

El fiscal de Medio Ambiente ha ordenado ahora al juzgado número 2 de Navalcarnero que investigue quiénes son los propietarios de esos terrenos que se verán beneficiados por la recalificación, entre ellos el ex alcalde del PP de la localidad, Carlos Hernández, y el magistrado del Tribunal Constitucional Ramón Rodríguez Arribas.

Al fiscal Valerio también le parece "sorprendente" que en junio de 2000 la Comunidad de Madrid aprobase una declaración de impacto ambiental y que la modificase en octubre de 2002 "sin un nuevo periodo de información pública en razón de intereses urbanísticos". Por eso, el fiscal ordena a la Consejería de Medio Ambiente "que incorpore a la mayor brevedad toda la tramitación existente entre ambas declaraciones".

La nueva carretera tiene más de seis kilómetros, con dos rotondas. Una de estas rotondas supone un peligro para la circulación, como consta en un informe de la DGT. Éste señala que la glorieta, situada en el kilómetro 50,800 de la M-501 (dentro de la variante), "podría afectar gravemente a la seguridad vial entre el kilómetro 50 y el 51". Se trata de una zona de curvas peligrosas. Si se producen retenciones, al llegar los conductores a la parte de curvas con visibilidad reducida, aumentaría el riesgo de colisiones por alcance.

La DGT propuso cambiar la glorieta de sitio, pero la Comunidad de Madrid hizo caso omiso. El fiscal de Medio Ambiente afirma ahora que la Dirección General de Carreteras del Gobierno regional tiene que informar si en el proyecto de la obra ha incluido la observación que le hace la DGT sobre "la cuestión problemática del tráfico".

El alcalde de Pelayos de la Presa, Herminio Cercas, del PP, asegura que fue el Ejecutivo de Esperanza Aguirre quien decidió al final cuál era el trazado más adecuado para la variante. "Por supuesto que habría sido mejor enterrarla, pero dijeron que no. En todo caso, habría sido mejor que discurriera más arriba, porque ahora pasa a menos de 20 metros de algunas casas", afirma. En cuanto a la actuación del fiscal, Cercas espera que, si existe alguna ilegalidad, la saque a la luz.