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Una empresa sueca será responsable de la atención médica de 500.000 madrileños

La Fundación Jiménez Díaz, propiedad de una multinacional, nuevo hospital de referencia

La salud de 500.000 madrileños cotiza en la Bolsa de Estocolmo. Tres acuerdos adoptados por la Consejería de Sanidad desde 2003 han hecho de la multinacional sueca Capio un gran actor, y el único privado, de la sanidad pública regional. La empresa controla la Fundación Jiménez Díaz, que se convertirá en 2007 en el hospital de referencia de 400.000 madrileños. Otros 100.000 vecinos del sureste serán atendidos en el hospital de Valdemoro, también propiedad de Capio. Esta empresa recibirá de Sanidad unos 200 millones de euros al año, el 20% de sus recursos.

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El aumento del peso del sector privado en los últimos años, con gobiernos del PP en la Comunidad, ha sido vertiginoso. En 2003, prácticamente el 100% de la asistencia hospitalaria pagada por Sanidad era en centros públicos. En 2007, uno de cada cuatro pacientes será atendido en un hospital privado o de gestión mixta. Y, por primera vez, un privado -la Fundación Jiménez Díaz- se convertirá en hospital de referencia, el máximo rango en la red pública. Hasta ahora, funcionaba como centro de apoyo del Clínico y del 12 de Octubre.

Cuando el Gobierno regional, presidido por el hoy alcalde, Alberto Ruiz-Gallardón, se topó en 2003 con la crisis de la Fundación Jiménez Díaz -entidad sin ánimo de lucro que atendía a cuenta de los presupuestos públicos a 200.000 madrileños-, la solución ideada por su consejero de Sanidad, José Ignacio Echániz, fue cederla a una multinacional para que ésta asumiera los riesgos, y beneficios, de su gestión. Un año más tarde, la ya presidenta Esperanza Aguirre decidió solucionar el colapso de los hospitales públicos construyendo siete nuevos de gestión mixta público-privada y otro plenamente privado, el de Valdemoro.

"Aguirre impulsa un modelo que desconfía del sector público como provisor de servicios y acude al privado para que asuma este papel", afirma José Ramón Repollo, profesor de la Escuela Nacional de Sanidad y padre del mapa sanitario que el socialista Joaquín Leguina aplicó en 1991.

La solución a la crisis de la Jiménez Díaz causó una gran polémica. La clínica debía 10.000 millones de pesetas y estaba en suspensión de pagos. Echániz buscó una empresa que se comprometiera a asumir la deuda y a invertir en la modernización del centro. La encontró en IDC, cuyo mayor accionista era un fondo de inversión estadounidense. A cambio, la Comunidad ofrecía 1.200 millones de euros en 10 años para la atención sanitaria de 200.000 ciudadanos.

El PSOE e IU criticaron el "regalo fabuloso" a una empresa privada y que el proceso se hiciera sin concurso público. Las suspicacias aumentaron cuando, ya en 2005, IDC -que también gestiona un hospital en Cataluña y una veintena de pequeñas clínicas en España- fue comprada por Capio por 331 millones. "Todo un pelotazo a costa de los presupuestos madrileños", según PSOE e IU.

Hoy, Sanidad y los gestores de la clínica califican de "éxito" la solución adoptada. "Cuando llegamos, la clínica estaba en quiebra. En tres años tenemos una lista de espera casi inexistente, estamos pagando la deuda, hemos invertido 29 millones y tenemos capacidad para atender a más pacientes", explica Víctor Madera, máximo responsable de Capio en España.

Tan bien han ido las cosas, según Sanidad, que el Gobierno regional cada vez envía más pacientes a la clínica. Ahora son unos 300.000, según Capio (240.000, según Sanidad), pero el año que viene serán más de 400.000, de acuerdo con el nuevo mapa sanitario.

El modelo de Aguirre en la construcción de los nuevos hospitales ha sido distinto. Cedió a empresas privadas la financiación, construcción y parte de la gestión de los siete hospitales -en San Sebastián, Aranjuez, Coslada, Parla, Arganda, Vallecas y Majadahonda-. Sanidad se convierte en el inquilino del hospital: pone los médicos y enfermeros y paga un alquiler anual para disfrutar del edificio y los servicios, desde la lavandería hasta la administración.

Los siete nuevos hospitales atenderán a 1.065.000 madrileños y Sanidad pagará un alquiler de unos 125 millones de euros al año hasta 2036. Este modelo de gestión no ha sido el único experimento de Aguirre en la sanidad pública. Después de prometer siete hospitales en campaña, la presidenta decidió añadir un octavo en Valdemoro. Éste, cuya construcción y gestión ganó Capio, atenderá a 100.000 vecinos del sureste; Sanidad pagará a Capio por ello 32 millones al año.

"¿Por qué no se usa el Gómez Ulla?"

"Nadie repara en ello, pero es muy significativo. ¿Por qué la Consejería de Sanidad convierte la Fundación Jiménez Díaz en hospital de referencia y no tiene en cuenta a un hospital público, como el militar Gómez Ulla, que tiene cientos de camas cerradas?", se pregunta José Ramón Repollo, profesor de la Escuela Nacional de Sanidad.

"El Gómez Ulla es un hospital del Ministerio de Defensa con el que hay un acuerdo para servicios muy concretos, como la realización de pruebas diagnósticas o intervenciones quirúrgicas. Pero para la elaboración de un nuevo mapa sanitario debemos tener en cuenta los hospitales públicos o aquellos, como la Jiménez Díaz, que ya trabajan para la sanidad pública", responde un portavoz de Sanidad.

Un día después de la presentación del nuevo mapa sanitario, que supondrá el cambio de hospital para 1,42 millones de madrileños, ayer se produjeron las primeras reacciones. "Esperanza Aguirre está aplicando a fondo un modelo muy liberal: huye de lo público y externaliza todo lo que puede a las empresas privadas", afirma Repollo.

Guillermo Sierra, ex presidente de la Organización Médica Colegial (OMC), ente que agrupa a todos los colegios de médicos españoles, considera que "hoy es una realidad que el sector público y el privado deben convivir en la asistencia a los ciudadanos". "Pero que deban cooperar no significa que lo privado deba suplir a lo público. El modelo de sanidad que tenemos es el público, y el protagonismo debe seguir siendo de lo público", defiende Sierra.

Sanidad ha insistido en que su apuesta es firme "para que los madrileños reciban la mejor asistencia". El Gobierno regional aboga por una mayor flexibilidad en los modos de gestión. "El ciudadano tiene derecho a una buena asistencia. Y nuestra obligación es ofrecérsela y buscar la mejor forma", afirmó el consejero Manuel Lamela hace un año.

El diputado del PSOE Lucas Fernández se pregunta "qué control real podrá tener la sanidad pública sobre una empresa que cotiza en Estocolmo. Si un día esta empresa cambia de dueños, o de objetivos, ¿cómo podemos estar seguros de que los 400.000 pacientes de la Fundación Jiménez Díaz no se encontrarán con un problema?", inquiere.

* Este articulo apareció en la edición impresa del Jueves, 27 de julio de 2006

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