Un 'pelotazo' de 92 millones en Manilva

La investigación judicial de la Operación Ballena Blanca contra el blanqueo de dinero, en una pieza ya separada del sumario, ha detallado un supuesto enriquecimiento ilícito en Manilva (Málaga) por parte de uno de los principales imputados, el finlandés Aki Kujala. Una empresa inmobiliaria que éste controlaba, Royal Marbella Estates, compró unos terrenos de 1,2 millones de metros cuadrados por cerca de 10 millones de euros y la revendió por más 100 apenas un año después. El entonces alcalde, Pedro Tirado, en libertad bajo fianza, removió

supuestamente los obstáculos para urbanizar esa finca. Según la investigación, su patrimonio registró unos injustificados ingresos, y una empresa de su cuñado cobró cinco millones por supuestas mediaciones.

Una firma del cuñado del ex alcalde recibió cinco millones tras obtener la inmobiliaria permiso para edificar

La investigación dirigida por el juez Miguel Ángel Torres ha destapado en Manilva el manual del enriquecimiento urbanístico ilícito. ¿Qué hace falta para que 1,2 millones de metros cuadrados adquiridos por 9,6 millones de euros en 2003 en una finca conocida como La Parrada se vendan sólo un año después por 101,6 millones? Un informe policial explica el milagro: "La totalidad del suelo fue adquirido en condiciones de no edificabilidad, siendo vendido [después], tras interdicción municipal como edificables de uso turístico, con la modificación ad hoc mediante aprobación en el pleno municipal del plan urbanístico vigente en ese momento; todo ello supone un beneficio neto de más de 90 millones".

La inmobiliaria que compró los terrenos bloqueados y los revendió como urbanizables por un precio 10 veces superior es Royal Marbella Estates, que controla el finlandés Aki Kujala, uno de los principales imputados en la Operación Ballena Blanca, y que según el juez se ha dedicado en los últimos años al blanqueo de capitales procedentes del tráfico de drogas o la delincuencia organiza en la Costa del Sol. El accionariado de Royal Marbella Estates se pierde en paraísos fiscales. Esa empresa, según la investigación judicial, abonó un pellizco de esa operación por supuestas labores de intermediación a la firma Gestierra: 5,3 millones de euros. Gestierra tiene como administradores al propio Kujala y, según destaca el sumario de este caso, a Francisco Calle Alcaide, cuñado del que entonces era alcalde de Manilva, Pedro Tirado.Ambos se encuentran imputados en esa pieza desgajada del sumario Ballena Blanca.

Según la investigación, la gestión de Tirado permitió cambiar la condición urbanística de las parcelas compradas en poco menos de 10 millones de euros y vendidas por algo más de 100 millones. Procedente del Grupo Independiente Liberal (GIL), Tirado ocupó la alcaldía en mayo de 2003 bajo la formación Partido Democrático Independiente (PDEM), un grupo fundado por él mismo.

Todos los terrenos incluidos en esta operación estaban calificados como suelo urbanizable no programado, pero esa calificación era nula porque el plan urbanístico de Manilva se hallaba suspendido por la comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Málaga. Esa suspensión se produjo por considerar imprescindible la previa aprobación del Plan General de Ordenación Urbana. A pesar de tal suspensión, el 28 de noviembre de 2003 Tirado firmó un convenio con Royal Marbella Estates para desbloquear su edificabilidad. La celeridad no pudo ser mayor. La Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo aprobó en marzo de 2004 el documento pertinente.

Meses después, en agosto de 2004, Tirado firmó un segundo convenio con Royal Marbella Estates sobre dichos terrenos para, ya desbloqueada su urbanización, incrementar su edificabilidad y eximirle de incluir viviendas con algún tipo de protección. La densidad pasó así de 10 a 18 viviendas por hectárea. En lugar de viviendas sociales, la empresa se obligó a construir un campo de golf.

Tras concluir el regidor de Manilva su labor preparatoria del terreno mediante los sucesivos convenios que supuestamente firmó con dicha inmobiliaria, la empresa de su cuñado empezó a recibir ingresos por esta operación. El primer pago a favor de Gestierra se produce, siempre según la investigación, el 27 de septiembre de 2004 (23.200 euros); el segundo, el 18 de octubre de 2004 (cuatro millones de euros); y el tercero, el 3 de noviembre de 2004 (1,2 millones). Gestierra, la firma mediadora, se había creado en abril de 2004, sólo un mes después de desbloquearse la urbanización de los terrenos. De los 5,3 millones que facturó Gestierra, 2,1 millones se destinaron después a una segunda sociedad del cuñado del ex alcalde, Inmoest, supuestamente también por labores de intermediación.

En sus declaraciones al juez, los actores de esta operación desdibujaron el trabajo que el cuñado de Tirado supuestamente realizó por tan multimillonaria comisión. "No sabía quién era antes de verlo en los periódicos y no intervino en la operación de La Parrada". Eso es lo que sostuvo José Luis Páez, un presunto intermediario de la operación urbanística cuya empresa, Royal Málaga XXI, cobró más de tres millones de euros de Gestierra por sus gestiones para vender la citada finca. Juan Carlos Romero, consejero de la empresa compradora de los terrenos -Desarrollos Urbanísticos La Parrada- refutó también el supuesto papel mediador de Francisco Calle: "No intervino en ningún momento en la negociación ni fue intermediario".

Kujala dio la versión definitiva del papel del cuñado del edil: "Francisco Calle le comentó que era cuñado del alcalde, y decidieron trabajar con él porque era una persona con contactos en la zona. Sirvió para poder concretar dos o tres reuniones con el alcalde de Manilva". Estos pagos que hizo Gestierra a Inmoest y Royal Málaga XXI tuvieron como fin, según el informe policial, "no declarar beneficio alguno por la prestación realizada a Royal Marbella". Facturó lo mismo que ingresó.

Una misteriosa guinda final: la compradora, Desarrollos Urbanísticos La Parrada, pagó 1,2 millones más a la vendedora, Royal Marbella, del precio convenido.