Rubio denuncia que el Consell no ha pagado 121 millones que debe a Valencia por impuestos

El portavoz del grupo municipal socialista de Valencia, Rafael Rubio, calculó ayer en 121 millones de euros la deuda que la Generalitat ha contraído con el Consistorio en concepto de tasas e impuestos municipales. "Es una cifra verdaderamente significativa si tenemos en cuenta que supone casi el 20% del presupuesto municipal inicial de este año", señaló Rubio.

Los pagos pendientes se derivan básicamente del Impuesto de Construcciones y Obras (ICIO) aplicado a los sobrecostes, del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) y del Impuesto de Actividades Económicas (IAE) aplicados a dos de las grandes obras del Consell: la Ciudad de las Artes y de las Ciencias y la Ciudad de la Justicia. Si se desglosa el déficit total, 109 millones pertenecen a la deuda adquirida por la empresa CACSA, ejecutora del proyecto de Calatrava en la Ciudad de las Artes y de las Ciencias, y los 12 restantes se refieren a la Ciudad de la Justicia.

"Se ha dado un trato de favor a las empresas que han ejecutado estos dos proyectos de la Generalitat en detrimento de las arcas municipales", consideró el líder socialista, quien destacó que mientras el Ayuntamiento no reclame la citada deuda también dejará de cobrar los intereses de demora correspondientes.

A este respecto, el concejal socialista Juan Ferrer afirmó que, al final, es el Ayuntamiento el que debe hacer frente a dichos intereses porque no tiene capacidad para abonar en los plazos estipulados a los contratistas municipales. Para Ferrer, esta situación se podría traducir o bien en una subida de impuestos o en un empeoramiento de los servicios públicos.

"No sólo no se ha liquidado la deuda sino que no se han emitido los recibos correspondientes, que otorgan derechos pendientes de cobro y permiten mejorar la capacidad de endeudamiento del Consistorio", se lamentó Rubio.

Ambos coincidieron en señalar el "trato de favor" que el Ayuntamiento dispensa a la Generalitat y a "sus empresas" y en su convicción de que si el deudor hubiera sido la administración central, "la bronca" estaría asegurada.

Ferrer afirmó que el déficit se había calculado a partir de la información obtenida a partir de preguntas plenarias concretas, y que, por lo tanto, era susceptible de aumentar. La partida más elevada es la relativa al ICIO del sobrecoste en la construcción de la Ciudad de las Artes y de las Ciencias y supone 52 millones.