El Ayuntamiento de El Puerto, bajo sospecha

El Ayuntamiento de El Puerto de Santa María (Cádiz) se ha visto sacudido en los últimos días por continuas denuncias de irregularidades que afectan a concejales o cargos de confianza de Independientes Portuenses (IP), el partido que comparte responsabilidad de gobierno con el PSOE. El alcalde de la ciudad, Hernán Díaz Cortés (IP) ha acusado a la oposición de "magnificar los hechos" mientras que los socialistas portuenses guardan silencio.

Uno de los casos más llamativos ha sido el protagonizado por el concejal de urbanismo, Juan Carlos Rodríguez, quien tras haber reconocido que desarrolló obras ilegales en su chalé particular, se ha visto obligado la pasada semana a demoler lo construido sin licencia e incumpliendo las normas urbanísticas de su propio departamento. "Hay cientos de casas en esta situación en la ciudad, pero en este caso no tiene excusa por tratarse de la vivienda del concejal de urbanismo", ha reconocido el alcalde portuense.

IP y PSOE se prestan apoyos mutuos en el municipio y en la Diputación provincial

El edil de Urbanismo hace obras ilegales en su chalé y el de Hacienda debe impuestos locales

Rodríguez se encuentra además imputado, junto al propio alcalde, por un supuesto doble delito de prevaricación y contra la ordenación del territorio por una denuncia presentada por Ecologistas en Acción en relación con el desarrollo inmobiliario de una finca conocida como Pinar de Coig, donde el Ayuntamiento, según los denunciantes, ha "permitido y fomentado" el planeamiento y la construcción de viviendas ilegales. Se trata de un terreno, en la sierra de San Cristóbal que en la actualidad tienen consideración de parque público, según dicta el Plan de Ordenación del Territorio (POT) de la Junta de Andalucía.

No es esta la única cuestión pendiente con la justicia del alcalde de El Puerto. Hernán Díaz se encuentra condenado a siete años de inhabilitación para cargo público por un delito de prevariación, el nombramiento ilegal de un responsable de la policía local. La condena ha sido recurrida ante la Audiencia de Cádiz, que ha fijado para el próximo 26 de junio una vista para analizar el caso. De la decisión de la Sala, dependerá la continuidad o no del Díaz Cortés al frente del Ayuntamiento.

Mientras, el concejal de Economía, Jaime Pombo, ha sido denunciado por el Partido Andalucista (PA) por impago a la propia Hacienda local de impuestos de plusvalías de empresas de su familia en las que el edil aparece como apoderado. Pombo ha reconocido que la deuda (unos 17.500 euros) está viva en la actualidad, pero ha intentado eludir la responsabilidad insistiendo en que "sólo aparece como apoderado" y que, a título personal, no soporta ningún impago con las arcas locales.

También esta semana, Izquierda Unida (IU) ha desvelado que el gerente de SERECOP, una empresa municipal que ostenta la responsabilidad del control de la disciplina urbanística, Delfín Gómez, está vinculado con una empresa que recibió una licencia ilegal para la construcción y comercialización de apartamentos hoteleros. La delegación de Obras Públicas de la Junta en Cádiz ha advertido al Ayuntamiento que se trata de una autorización irregular porque el establecimiento no está certificado por la Consejería de Turismo, como es preceptivo, y además no cumple la normativa establecida para este tipo de dotaciones. El concejal de urbanismo ha anunciado que recurrirá el dictamen de la Junta por considerar que, a pesar de la denuncia, los papeles están en regla.

Las denuncias por escándalos urbanísticos se suceden en los días previos a la celebración del pleno que deberá someter a aprobación provisional el nuevo Plan de Ordenación Urbana de la Ciudad (PGOU). También este documento ha sido denunciado por los ecologistas, que han asegurado que los redactores han modificado los lindes fijados por la Junta de Andalucía en el POT de la Bahía de Cádiz. "El Plan de Ordenación del Territorio hace reserva de suelos de valor ambiental, que el Ayuntamiento ha eliminado para poder legalizar viviendas ilegales promovidas por amigos de IP", denunció el portavoz ecologista Juan Clavero.

Mientras, la sociedad portuense asiste a estos hechos con la opinión divida entre los que siguen concediendo apoyo incondicional al alcalde independiente y los que consideran que la situación ha alcanzando un grado insostenible. La Federación de Vecinos, a través de su portavoz Augusto Tolón, ha situado la mayor carga de responsabilidad en el propio Hernán Díaz al considerar que "lo más grave es que el alcalde y el PSOE intenten encubrir la importancia de los hechos, a pesar de la evidencia".

La oposición política y el sindicato CCOO han pedido en repetidas ocasiones el cese de los responsables políticos bajo sospecha, pero el alcalde insiste en que se trata de "una campaña contra los independientes, porque no nos han logrado tumbar en la urnas".

Mientras, el PSOE local asiste mudo a estos debates. El alcalde, en su condición de diputado provincial, apoya con su voto al presidente de la Diputación, Francisco González Cabañas (PSOE), quien ha logrado mantener sus alianzas de gobierno, a pesar de los reiterados intentos del PP por impulsar una moción de censura. El alcalde de El Puerto se ha pronunciado en términos muy contundentes: "González Cabaña tendrá el apoyo de IP hasta el final de la legislatura, ya sea con el mantenimiento del pacto de gobierno en el Ayuntamiento de El Puerto o sin él".