Violencia con móvil

Por tres euros, un mendigo se bebe media litrona de su propia orina. Está grabado. Por otros tres, ese mismo mendigo se deja quemar el pelo con un mechero. También está grabado. Por la mitad de precio, otro indigente acepta mirar al objetivo de la cámara de un teléfono móvil. El pacto que le propone un grupo de adolescentes es que sonría para que se le vean los huecos de los dientes que le faltan. No le han dicho que, cuando enseñe las encías, uno de ellos, a traición, le dará un brutal golpe en la nuca. En la grabación se escuchan las carcajadas.

Son los happy slappers, los del guantazo feliz, los del tortazo divertido. La imagen tras el golpe se tambalea al ritmo de la risa. Con paciencia, estas secuencias completas, y otras miles, pueden encontrarse en Internet a través de redes P2P, de acceso universal; pero es más fácil obtenerlas a la salida de cualquier instituto de enseñanza media. Son innumerables los jóvenes que las llevan en la memoria de sus móviles. La tecnología bluetooth las difunde como esporas por la blogosfera de las aulas.

Con la colaboración del fabricante podría determinarse la identidad del comprador, lo cual no garantiza la identificación del autor material del vídeo

Por más límites de acceso que ofrezca Bill Gates, un muchacho de 15 años tarda menos en romper barreras de acceso que un adulto en destapar una cerveza

El Grupo de Análisis y Prospectiva de las Telecomunicaciones (Gaptel) estima que, sólo en España, la tasa de penetración de la telefonía móvil oscila en torno al 89,2%. Más de la mitad de los terminales está en manos de jóvenes y adolescentes, y la mitad de esa mitad lleva cámaras incorporadas que permiten grabar vídeos y hacer fotografías, según datos facilitados por los principales fabricantes; es decir, teléfonos móviles con tecnología bluetooth que, mediante un sistema de radiofrecuencia, les permite intercambiar ficheros, audio e imagen de forma instantánea e inalámbrica.

Éste es el escenario tecnológico en las aulas. El armamento es barato, muy accesible, de última generación, y es utilizado con fines maliciosos por numerosos jóvenes, según los diversos expertos consultados. No existen todavía baterías defensivas al otro lado de la línea de fuego, al menos que se sepa. Ni fabricantes, ni operadores de telefonía saben cómo desarrollar dispositivos técnicos para frenar un peligroso juego que nació en Londres y se ha extendido por España en forma de pandemia: la grabación y difusión de agresiones y vejaciones a compañeros de clase, amas de casa, indigentes o transeúntes despistados. Los reclutas del móvil no distinguen enemigos.

Le llaman 'happy slapping'

Los jóvenes británicos descubrieron hace un par de años lo entretenido que resultaba alimentar la memoria del móvil de contenidos violentos que posteriormente difundían. Comenzaron sacudiendo guantazos a los pasajeros del metro y de los autobuses. Y lo grababan. Continuaron propinando palizas a compañeros de clase, que también grababan. Y terminaron asesinando a un hombre de 37 años cuya muerte, y sobre todo la paliza previa, fue grabada desde un teléfono móvil.

A ese juego que no tenía previsto cobrarse ninguna víctima mortal le pusieron de nombre happy slapping. En español de la calle podría llamarse la colleja cachonda, aunque la traducción que han manejado los medios es mucho más literal y algo más eufemística: el tortazo feliz.

La moda británica se propagó rápidamente por Europa. Los jóvenes de Suecia, Irlanda y, algo más tarde, los de España adoptaron también esa forma de alimentar de contenidos a su móvil. Primero por hacer unas risas, luego por ganar apuestas de pandilla, y más tarde por convertir la violencia gratuita en un microespacio audiovisual para la micropantalla de los celulares. Un microprograma de televisión intercambiable con la comunidad de usuarios de terminales telefónicos.

En sólo unos días, dedicando un rato por jornada, este periodista recopiló en Internet más de cuatro horas de vídeos violentos grabados con teléfonos móviles en todos los rincones del Primer Mundo y países emergentes. El Tercer Mundo no compite en esta siniestra carrera. Los informes de expertos coinciden en que sólo los jóvenes de familias de clase media hacia arriba tienen acceso razonable a la compra de terminales telefónicos de tercera generación.

Las obras no duran más de dos minutos. La mayoría son secuencias completas que delatan la falta de pericia cinematográfica de los autores, jóvenes en su mayoría de entre 15 y 17 años, según un informe del mes de febrero de la Fiscalía de Menores de Sevilla. Otras, sin embargo, podrían competir en festivales. Están editadas con asombrosa profesionalidad: los autores han creado cortinillas, ralentizado ciertos movimientos para realzar la brutalidad de los ataques, llevan sus propias cabeceras e incluso van firmadas por el guionista y director, quienes camuflan su verdadera identidad bajo un ciberseudónimo, un nick.

Pablo S. (16 años), estudiante de un instituto de Madrid, sólo ha grabado con su móvil la mano de una compañera de clase que tiene dedos de contorsionista y los dobla para cualquier lado. Pero en su móvil lleva más de una docena de vídeos violentos que le han ido pasando y que a su vez él ha pasado. Uno de ellos es japonés. Un estudiante de unos 15 años recibe una brutal paliza dentro del aula. Participan 11 de sus compañeros. La víctima está aterrada, pero no llora ni se queja. Estoicismo oriental durante tres largos minutos. Parece que le duele más al que lo ve que al que lo sufre. Es uno de los ejemplos extremos disponibles en la Red de cómo la gamberrada callejera londinense se convierte en algo extremadamente grave: acoso y violencia escolar; lo que los expertos llaman bullying.

El aspecto del joven agredido es además el prototipo de la víctima: "Sociable -sin llegar a ser popular-, alegre, con amigos y que se considera seguro de sí mismo". Es el perfil que describe Ángela Serrano, psicopedagoga, responsable del área de violencia escolar del Centro Reina Sofía de Valencia y compiladora de un reciente libro: Acoso y violencia en la escuela.

El objetivo de esa violencia no es otro que la diversión de los agresores, que se sienten impunes camuflados en el grupo. El resultado, sin embargo, estremece: "El acoso escolar menoscaba la personalidad de las víctimas". Mientras la seguridad del agredido disminuye, "la sensación de soledad aumenta hasta el punto de que la víctima se siente solitaria". Todo esto sin tener en cuenta las lesiones físicas constatables.

Delito sin autor

"Los vídeos nos los pasamos por bluetooth", dice Adriana H. (16 años), alumna del instituto Martínez Montañés, de Sevilla, un centro escolar que se convirtió en noticia cuando 10 alumnos insultaron, vejaron y grabaron con el móvil a una compañera con síndrome de Down. "Como el bluetooth de los móviles tiene un alcance de entre 20 y 100 metros", explica Adriana, "el que tiene un vídeo chulo se lo envía sólo a uno, pero le llega a todos los que tienen bluetooth en su móvil. Da igual que estén en otra aula. Aquí no hay nadie que no tenga vídeos de ésos".

Vídeos de ésos. Un corrillo de chavales y un móvil encendido. En medio, dos muchachos de no más de 17 años. Juegan a ver quién aguanta el tortazo más fuerte. Se ríen. No cabe duda de que son buenos amigos. Como los dos aguantan, juegan ahora a ver quién soporta el puñetazo más fuerte. El primero golpea con dureza, aunque con cierto comedimiento. El que replica asesta un fulminante derechazo al parietal de su amigo. Se desploma. Los ojos se le han dado la vuelta. Esta vez nadie se ríe.

Albert Gabàs, especialista en seguridad de redes y creador de un software que rastrea contenidos ilícitos en las redes P2P, afirma que es imposible determinar a través de Internet quién pudo ser el autor de ese vídeo o de cualquier otro de los que se pueden descargar en la red.

Según Gabàs, la mayoría de fotos realizadas por cámaras digitales -también las que van incorporadas a los móviles- se etiquetan mediante un patrón denominado Exif que permite identificar en muchos casos el modelo de la cámara, la marca y su número de serie. A través de esos datos, con la colaboración del fabricante, podría determinarse la identidad del comprador, lo cual no garantiza la identificación del autor material del vídeo. "En el caso de las cámaras de vídeo de los móviles es imposible", asegura Gabàs. "Se puede averiguar quién o quiénes difunden esos vídeos en Internet, pero técnicamente no hay forma de identificar a su creador sin tener acceso a la cámara. Si fuera sencillo habríamos identificado ya a los miembros de Al Qaeda que difunden las ejecuciones de rehenes".

Análisis forense del vídeo

Para aproximarse a la autoría de un vídeo grabado con un celular es preciso, en primer lugar, "que se haya interpuesto una denuncia que permita la intervención judicial de las comunicaciones", aclara el abogado Rafael Gimeno Bayón, especialista en delitos contra la propiedad intelectual en Internet. Y sólo en el caso de tener a varios sospechosos, y confiscados sus móviles, se puede proceder a lo que se denomina análisis técnico-forense. "Un análisis del vídeo en relación a los móviles, en ese caso, sí puede determinar con qué terminal se filmó. Pero de forma genérica es totalmente imposible".

El problema se complica cuando el vídeo comienza a ser distribuido. En Internet no hay forma de llegar a quien lo hizo. "Si el vídeo se difunde a través de mensajes multimedia, la identidad del difusor depende del grado de colaboración que esté dispuesto a prestar el operador que da servicio a ese terminal", afirma Juan Salom, comandante de la Unidad de Delitos Informáticos de la Guardia Civil.

Según Gimeno Bayón, no es fácil, pero tampoco imposible, derivar la responsabilidad hacia las empresas prestatarias de servicios electrónicos de difusión. "Pueden tener una responsabilidad moral", señala, "pero difícilmente penal, salvo que se tenga conocimiento previo de su uso para contenidos presuntamente ilícitos". El ejemplo es obligado: "El fabricante de un cuchillo no es responsable de su uso posterior".

El bluetooth lo complica todo. Sencillamente porque es del todo imposible bloquear la transmisión de contenidos de un dispositivo como ése. "Y menos aún, lógicamente, identificar a quienes lo han difundido", puntualiza Gabàs. Y aunque se les identificara, como explica Salom, difundir ese tipo de contenidos no es delito. "Es perseguible crear esos contenidos, pero no difundirlos; existe lo que se llama delitos de contenido, perfectamente definidos en convenios internacionales sobre actividades en Internet, y existe también el delito de agresión en sí, tipificado en el Código Penal. Pero exceptuando pornografía infantil, terrorismo y comercio electrónico, la difusión del resto de contenidos no está perseguida", insisten los expertos.

El resultado jurídico de esta contradicción es manifiesto, y más aún si se tiene en cuenta que los responsables de las agresiones son menores de edad. En el caso de un asesinato realizado por un menor, la pena máxima que prevé la ley española es de ocho años de internamiento en un centro de menores y cinco de libertad vigilada. La pena que recayó sobre los 10 menores que agredieron en Sevilla a la compañera con síndrome de Down fue dedicar entre 60 y 100 horas de trabajos sociales en centros benéficos. David S., cómplice en el abofeteamiento de transeúntes barcelonesesa los que él y su compañero golpeaban al grito de "¡sonríe, Willy!", fue multado con 50 euros.

Gimeno Bayón es contundente a la hora de valorar este tipo de condenas. "La respuesta de repulsa social a esta clase de hechos hace que los ciudadanos demanden al Estado una respuesta judicial similar. Pero el Estado no puede ni debe reaccionar como víctima del delito, no puede dar una respuesta vengativa. La reeducación y la reinserción son las únicas respuestas constitucionales en estos casos".

En Londres no se andan con chiquilladas. Los cuatro menores autores de la muerte del camarero David Morley, grabado y asesinado en octubre de 2004 mientras sus agresores decían estar realizando un documental, fueron condenados a penas de entre 8 y 12 años de prisión. A raíz de sucesos como éstos, el Gobierno británico dictó una ley contra la pequeña delincuencia que apenas ha surtido efecto. De hecho, el propio viceprimer ministro laborista fue víctima reciente de una videocolleja delante de sus guardaespaldas. Y la de Morley no ha sido la única muerte en el Reino Unido, donde la policía investigó en 2005 más de 200 agresiones de este tipo.

Lucía Marín Peidro, abogada especializada en nuevas tecnologías, añadía a la lista de dificultades legales para sancionar estas acciones la condición "transnacional o global" del mecanismo difusor. Es una de las conclusiones de su investigación. "La desaparición de fronteras físicas en el entorno digital ha hecho que las respuestas legislativas hayan sido insuficientes para hacer frente a esta lucha".

Programas de intercambio de archivos de Internet ofrecen infinitos caminos para bajarse cuantos vídeos violentos se deseen grabados con teléfonos móviles. Por más límites de acceso que ofrezca Bill Gates en sus vulnerables plataformas operativas, un muchacho de 15 años tarda menos en romper las barreras de acceso que un adulto en destapar una cerveza.