España tiene un solo inspector por cada 23.300 trabajadores, la mitad que la UE

En España hay un inspector de trabajo por cada 23.300 ocupados. En la UE (sin contar los países de la ampliación), la media es de uno por cada 12.000 empleados. La falta de medios de control es una de las razones que explican que España se encuentre a la cabeza en siniestralidad laboral, con 6,6 muertos por cada 100.000 trabajadores, frente a los 4,8 de media europea. Pero existen diferencias entre autonomías. Cataluña, Comunidad Valenciana y Navarra son las que más han reducido los accidentes desde 2004. En el lado opuesto, Castilla-La Mancha, Castilla y León, el País Vasco o Murcia.

Un millón de trabajadores sufre cada año accidentes en sus puestos de trabajo. De ellos, alrededor de un millar fallecen. El incumplimiento de las normas, la elevada temporalidad y la falta de formación explican por qué la siniestralidad es especialmente grave en España. Otra razón es la falta de control. En España, con 19 millones de ocupados, hay un solo inspector por cada 23.300 trabajadores.

Medios escasos

"Tenemos pocos medios. Necesitamos el doble de inspectores para llegar a la media europea", afirma tajante Dolors Hernández, secretaria de Salud Laboral de UGT. Un total de 790 inspectores están en activo en la actualidad, frente a los 739 de 2003, según el Ministerio de Trabajo. Además, hay 828 subinspectores. En el acuerdo para la reforma laboral que se acaba de firmar, el Gobierno y los agentes sociales han acordado incluir el compromiso de aumentar casi un 20% la plantilla, hasta 954 inspectores y 968 subinspectores en 2008.

Algunas comunidades ya están desarrollando una norma que permite a sus técnicos llevar a cabo acciones similares a las de los inspectores. "Van a poder visitar la obra, y si detectan un incumplimiento de la ley pueden hacer un informe y enviarlo al inspector, para que sancione", dice Hernández. "Hay entre 300 y 400 técnicos en España, con ellos duplicaríamos la plantilla de la inspección sin mayor presupuesto", añade. Las comunidades con más inspectores son Andalucía, Cataluña, Madrid y Valencia, que son asimismo las más pobladas.

Aunque sigue en niveles elevados, la siniestralidad laboral se ha ido reduciendo en los últimos años, según destaca Enrique Valenzuela, director gerente de la Asociación de Mutuas de Accidentes de Trabajo, integrada en la CEOE. "Es cierto que queda mucho por hacer, pero el índice de incidencia ha ido reduciéndose en los últimos 10 años, desde la entrada en vigor de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales", explica. En cuanto a accidentes mortales, la cifra era de 9,7 víctimas por 100.000 trabajadores en 1996. En 2005, el índice se situó en 6,6 muertos.

En la UE-15, esta cifra es de 4,8 muertos. Dolors Hernández opina que la diferencia se debe, entre otras cosas, a la falta de cumplimiento de las normas en España y la falta de formación en prevención. "Con repartir un folleto no basta", afirma. Además, la responsable de UGT cree que falta una mayor integración de la prevención en las empresas (el 90% externaliza los servicios de prevención). "La elevada temporalidad, rotación y precariedad son también clave", añade. El 33% de los contratos en España son temporales, lo que supone un récord europeo, y un 60% de los accidentes los sufren esos empleados temporales.

Valenzuela puntualiza que es difícil analizar las diferencias con la UE, ya que los datos no son comparables: "En Noruega no hay que declarar el accidente para recibir prestación, ya que ésta es universal. En España, si no lo declaras, no hay prestación".

En siniestralidad, también hay diferencias entre comunidades. Los resultados tienen mucho que ver con la política de los respectivos gobiernos autónomos: los índices bajan cuantas más acciones específicas de prevención y control llevan a cabo éstos, y cuando dichas políticas cuentan con el consenso de empresarios y sindicatos.

Las que peor han hecho los deberes, como Castilla-La Mancha, Baleares o País Vasco, tienen una incidencia de siniestralidad (accidentes por cada 100.000 trabajadores) más alta que la media española.Todas las comunidades desarrollan planes y actuaciones específicos en materia de salud laboral y seguridad en el trabajo. Pero las intensidades son distintas. La comunidad manchega y Extremadura, ambas socialistas, son las únicas que no tienen planes de acción preferente, orientados a marcar las empresas de mayor siniestralidad.

"Muchas empresas incumplen la ley. Sólo el 4% de las que han registrado alguno cumplen la normativa. Actuar sobre todas es prácticamente imposible, pero sí se puede sobre un número más reducido. Sabemos que la mitad de los accidentes se concentran en 50.000 empresas; hay que ir a por ellas", explica Joaquín Nieto, secretario confederal de Medio Ambiente y Salud Laboral de CC OO. Esta es la filosofía de los planes de acción preferente, que emprendió Aragón en 1998 y a la que ha seguido el resto de comunidades. Hoy es la segunda autonomía con un índice de siniestralidad menor.

Cataluña lleva haciendo lo mismo desde 2005, con un presupuesto de 100 millones de euros hasta 2008. Seleccionó a 845 empresas, con casi 220.000 trabajadores, que en 2004 concentraron el 18% de los accidentes laborales. En febrero pasado, lanzó una iniciativa pionera: envió cartas a las 5.000 con más accidentes adjuntándoles una lupa con el siguiente mensaje: "Su empresa no tiene un pequeño problema, su empresa tiene un gran problema". El correo incluía un manual para identificar y evaluar los riesgos laborales.

Un problema "de todos"

La última campaña es un anuncio televisivo que identifica a los patronos como los principales culpables de esta lacra, lo que suscitado las críticas de algunas patronales, como Cecot, que entiende que es un problema "de todos". Desde 2005, Cataluña ha reducido el índice de incidencia un 10,45% y se ha situado por debajo de la media nacional. En dos años, ha ingresado 17,4 millones en sanciones impuestas por incumplir la normativa de prevención, que revierten exclusivamente en más acciones protectoras, como en Canarias.

Andalucía, en cambio, cuyo índice de siniestralidad rebasa el del conjunto de España, acaba de lanzar una campaña de sensibilización entre los trabajadores. Se centra en los polígonos industriales y en las grandes fábricas.

Nieto destacar Navarra como otra de las comunidades que "se ha tomado en serio" los planes de acción preferente. En paralelo, el Gobierno autónomo, uno de los que cuenta con más técnicos de prevención por 100.000 trabajadores, desarrolla un plan específico para la identificación y declaración de enfermedades profesionales, lo que evita que acaben derivando en accidentes.