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El impuesto de sociedades bajará al 30% antes de tres años para grandes empresas

El Congreso rechaza las enmiendas a la reforma fiscal con el voto de PSOE, CiU, PNV y CC

La reforma fiscal, el proyecto económico del Gobierno más importante en lo que va de legislatura, salvó ayer su primer trámite parlamentario con el apoyo de CiU, PNV y Coalición Canaria. El vicepresidente segundo, Pedro Solbes, se comprometió, en virtud del acuerdo alcanzado con los nuevos socios del Ejecutivo, a rebajar el impuesto de sociedades para las grandes empresas del 35% al 30% en tres años "como máximo" en vez de los cinco previstos. La votación de las enmiendas a la totalidad (de Izquierda Verde, Esquerra Republicana, PP y Bloque Nacionalista Galego) escenificó el cambio de socios del Ejecutivo socialista tras la salida de los republicanos del Gobierno catalán.

El acuerdo con CiU para sacar adelante la reforma fiscal, contempla la reducción de los plazos para la rebaja de cinco puntos en el impuesto de sociedades, que se aplicará a las pequeñas y medianas empresas (del 30% de los beneficios al 25%) en 2007, con un coste para las arcas del Estado de entre 1.000 y 1.200 millones de los 4.000 en que está cifrado el total de los cambios impositivos.

Solbes se comprometió ayer a adelantar también la entrada en vigor de la reducción para las grandes empresas (del 35% al 30%), que como la dirigida al resto de compañías estaba previsto que se aplicase de forma progresiva en cinco años.

El vicepresidente explicó en los pasillos del Congreso que aunque "lo óptimo" sería rebajarlo también en 2007, presenta algunas dificultades, de modo que se hará en dos o "como máximo tres años". El portavoz de CiU, Josep Sánchez Llibre, le reclamó que se aplicase en año o año y medio.

Solbes avanzó en su intervención que habrá una ulterior modificación del impuesto de sociedades a medio plazo para adaptarlo a las nuevas normas internacionales de contabilidad, pero no dio más detalles. En todo caso, ese encaje sería posterior a la aprobación del nuevo plan general de contabilidad, que no se producirá previsiblemente antes de 2007.

Pese a que el Grupo Catalán retiró su enmienda a la totalidad del proyecto de ley del Gobierno, CiU no renuncia a lograr más cesiones del Ejecutivo durante el trámite parlamentario (ahora se debatirá en comisión y volverá al Pleno del Congreso antes del pasar al Senado). Entre ellas, el incremento de bonificaciones para el primer y segundo hijo (ya pactaron con los socialistas aumentar las deducciones para el tercer y cuarto descendiente) y la extensión de la paga mensual de cien euros a las madres de menores de tres años, trabajen fuera de casa o no.

Se mantuvieron, pues, las enmiendas de devolución de ERC y BNG y las de IV y PP con texto alternativo, que fueron derrotadas en la votación.

IV y Esquerra apoyaron mutuamente sus enmiendas y criticaron que la reforma fiscal beneficia a las rentas más altas y castiga a las clases medias. "La percepción de que sólo pagan los asalariados sigue igualmente vigente", dijo el portavoz republicano, Joan Puigcercós, quien reclamó que se apliquen deducciones por alquiler de vivienda y no sólo por compra. Al igual que CiU, los republicanos reclaman la territorialización y el aumento del porcentaje de IRPF que se dedica a fines de interés social del 0,52% a 0,7%.

Joan Herrera, de IV, acusó a los socialistas de incumplir su programa electoral, que proponía "que tiendan a tributar igual las rentas de capital que las de trabajo" y calificó la reforma de "derechazo fiscal de un Gobierno que a veces peca de ambidiestro". El "desencuentro" con el Ejecutivo se torna "divorcio" en lo que respecta a la fiscalidad verde que "se aplaza y se desenfoca", dijo Herrera.

El PP considera que el proyecto del Gobierno es una "reforma mini, pequeña y de dudosa utilidad para la economía española, cuando no perjudicial", según dijo el diputado Vicente Martínez Pujalte. Éste ironizó sobre la autoría del cambio en la fiscalidad ("no se sabe si es la de Miguel Sebastián, la del programa electoral, la de Miguel Ángel Fernández Ordóñez o la pactada con CiU") y dijo que el Gobierno "no baja impuestos" sino que "juega al cubilete". "Cosas que dijeron que eran malísimas, vamos a acabar diciendo que son buenísimas", dijo en referencia a las deducciones.

El ministro de Industria, José Montilla, habla con Pedro Solbes (de espaldas), en el Congreso.
El ministro de Industria, José Montilla, habla con Pedro Solbes (de espaldas), en el Congreso.EFE

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