Rumí afirma que la normalización ha dado un golpe a la economía sumergida
La secretaria de Estado de Inmigración, Consuelo Rumí, declaró ayer que el proceso de normalización de inmigrantes -del que ahora se cumple un año- ha supuesto "el mayor golpe a la economía sumergida en este país", y explicó que el 98% de los nuevos regularizados ya cotizan. Hasta el pasado día 2, la Seguridad Social concedió 577.049 de las 691.655 solicitudes presentadas del 7 de febrero al 7 de mayo de 2005, periodo del último proceso de regularización puesto en marcha por el Gobierno.
Según sus datos, el número de peticiones denegadas se eleva a 61.060; las no admitidas a 18.727, las archivadas a 34.379, y en trámite se encuentran 440. A dos días del primer aniversario de la regularización, Rumí calificó el proceso como "muy satisfactorio". "Por primera vez, el Reglamento de Extranjería y la normalización logró un consenso sin precedentes en España: sindicatos, patronal, partidos, salvo el PP, ONG y CCAA confluyeron para acabar con una bolsa de marginalidad", agregó la secretaria de Estado.
En este contexto, Consuelo Rumí subrayó que la economía sumergida es negativa tanto para los inmigrantes -porque son "objeto de explotación"- como para los españoles, pues los empleados "en la economía informal no cotizan ni pagan impuestos ni colaboran en el Estado de Bienestar".
Reglamento de Extranjería
Llamó además la atención acerca de que la regularización coincide con la entrada en vigor del Reglamento de Extranjería, que prevé una serie de mecanismos ordinarios y estables para obtener la documentación de residencia y trabajo en España. Las fórmulas son: régimen general para contratar a un extranjero (ocupaciones de difícil cobertura por parte de los nacionales); contingente (que define anualmente la contratación programada de trabajadores que se necesitan para determinados sectores); reagrupación familiar; arraigo social y arraigo laboral.
Ya se han presentado casi 2.000 solicitudes de arraigo social" y un centenar de arraigo laboral, y se están dictando las instrucciones que desarrollan el texto legal.
