El fiscal llama a declarar a 50 empleados de la Generalitat que recibieron las cartas de Vendrell

La Fiscalía de Barcelona ha citado a declarar a 50 trabajadores de la Generalitat que hace un tiempo recibieron las cartas remitidas por el secretario de organización y finanzas de Esquerra Republicana (ERC), Xavier Vendrell, instándoles a pagar cuotas para financiar el partido. Las comparecencias se iniciarán la próxima semana y casi todos los testigos trabajan en departamentos u organismos públicos de la Generalitat gobernados por ERC.

A todas las personas llamadas a declarar les une su condición de que no son afiliados a ERC, ni cargos electos de este partido, ni altos cargos. No tenían, por tanto, ninguna obligación de contribuir a la financiación del partido, salvo el riesgo de perder su puesto de trabajo porque eran trabajadores temporales, si no accedían al pago de las cuotas que se les reclamaba en las cartas; en algunos casos, de manera reiterada. Las cartas empezaron a enviarse en febrero de 2004.

Esas son circunstancias que conoce la fiscalía y por ello confía en que algunos de los 50 comparecientes se acaben convirtiendo en testigos de cargo. De esa manera se aseguraría que no caería en saco roto la investigación que inició el fiscal jefe de Cataluña, José María Mena, al enterarse por la prensa del masivo envío de cartas por parte de Xavier Vendrell (véase EL PAÍS del 30 de marzo). La fiscalía investiga si los hechos podrían constituir un delito de coacciones e incluso de extorsión. O sea, "coacción con objetivo económico", explicó el propio Mena hace unos días.

Las citaciones se han realizado a partir de las listas que ERC remitió a petición de Mena sobre la identidad de las personas a las que se les enviaron las cartas. Eran listas un tanto confusas porque contenían la relación de todos los cargos públicos de ERC en Cataluña, mezclados con los empleados que recibieron las cartas. Al segundo requerimiento del fiscal, ERC envió listas un poco más acotadas. Prácticamente todas las personas citadas a declarar trabajan en departamentos de la Generalitat o en organismos públicos gobernados por ERC.

"A nadie se le ha ocurrido la persecución de la voluntariedad de los pagos realizados por consejeros, alcaldes, diputados o puestos de confianza", dijo Mena hace unos días en la primera ocasión que hablaba abiertamente del asunto. Era una obviedad lo que estaba diciendo, admitió el mismo Mena, pero a renglón seguido remató. "Eso no hace falta decirlo, pero lo digo. Por si acaso".

Del mismo modo, Mena advirtió entonces de que no tenía datos de que existieran personas concretas a las que se les hubiese obligado a pagar las cuotas exigidas en las cartas con la amenaza del despido. De ser así, Mena dijo que se estaría ante una vulneración de la "presunción de voluntariedad" en el pago. O sea, una extorsión.

Entonces dijo también que él no tenía ninguna prisa en investigar los hechos y recordó que disponía de seis meses para hacerlo. Transcurrido ese plazo puede incluso pedir una prórroga al fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, si bien no agotaría el nuevo periodo porque Mena se jubila el 1 de diciembre.