El fiscal reprueba a las administraciones por no denunciar los delitos ambientales
La Fiscalía de Medio Ambiente de Cataluña considera que las administraciones tienen una "escasa y casi anecdótica" actitud en denunciar ante la fiscalía los delitos medioambientales. En su memoria de 2005, el fiscal coordinador de delitos contra el medio ambiente, José Joaquín Pérez de Gregorio, explica que el caso "más preocupante" es el de los ayuntamientos catalanes, que el año pasado sólo presentaron siete denuncias y todas fueron archivadas por no haber ningún indicio de delito. Es más, la fiscalía precisa que en la mayoría de estos casos ya era evidente que los hechos que se denunciaban estaban abocados al carpetazo.
Alguna de esas denuncias explican, por ejemplo, que un camión ha abandonado decenas de ruedas en un descampado. "Eso no es delito y ellos lo saben. ¡Que envíen otro camión para retirar las ruedas y se preocupen de las empresas que pueden estar contaminando los ríos y que pagan impuestos", afirma Pérez de Gregorio.
La Agencia Catalana del Agua sólo remitió un asunto en todo el año, y la de Residuos, tres
La fiscalía elogia la labor de la policía judicial y en especial la del Cuerpo de Agentes Rurales
El caso "más preocupante" es el de los ayuntamientos, que sólo plantearon 7 casos en 2005
El escaso número de denuncias que en la época de Convergència i Unió (CiU) habían generado los organismos dependientes del Departamento de Medio Ambiente de la Generalitat llevaron al fiscal jefe de Cataluña, José María Mena, a reunirse con el consejero Salvador Milà y con los fiscales del ramo. El encuentro se celebró el 14 de febrero del año pasado y los responsables políticos se comprometieron a comunicar al fiscal todos los casos que pudieran ser delito.
Funciones de control
Sin embargo, la realidad ha sido otra. Durante todo el año anterior, la Agencia Catalana del Agua sólo formuló tres denuncias y la Agencia Catalana de Residuos, una. Éstos son probablemente los dos organismos que palpan más de cerca la realidad del medio ambiente en Cataluña, teniendo en cuenta las funciones de control e inspección que la ley les atribuye sobre las empresas.
Un portavoz de Medio Ambiente explicó que desconocía el contenido de la memoria de la fiscalía y que, mientras tanto, no se pronunciaría sobre las evaluaciones que contiene. Con todo, dijo que las relaciones entre la fiscalía y el departamento son "buenas" y las "habituales" entre instituciones.
Tres de esas denuncias fueron archivadas y sólo una se sigue investigando porque se inició por una actuación previa del Cuerpo de Agentes Rurales. Frente a los reproches hacia las administraciones, el fiscal destaca "el especial celo investigador" desarrollado por los cuerpos que operan como policía judicial medioambiental en Cataluña: los Agentes Rurales, el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil y la Unidad Central de Medio Ambiente de los Mossos d'Esquadra.
Asegura la fiscalía que en el caso de los agentes rurales, que dependen de la Dirección General de Medio Natural, su labor es "harto satisfactoria", como lo demuestran los 40 atestados redactados y presentados el año pasado, ocho más que en 2004. Los Mossos también instruyeron 34 y en el caso de la Guardia Civil fueron 11. La Policía Municipal de Sant Sadurní d'Anoia fue la única de toda Cataluña que denunció en la fiscalía. Fueron dos casos. En total, los atestados remitidos por las diferentes policías fueron 87, frente a los 69 del año 2004 y los 62 de 2003.
Más allá de los datos estadísticos y de la actuación de las administraciones, el fiscal también censura la actitud de algunos tribunales por su escasa celeridad a la hora de señalar los juicios, así como las técnicas dilatorias que aplican muchos abogados. Dice el fiscal que en estas técnicas dilatorias "se han especializado varios bufetes jurídicos" y que con su actuación consiguen retrasar una media de dos años la recta final de la investigación judicial. Según la fiscalía, los mismos abogados que provocan esa demora son los que después, en el juicio, invocan que se han producido "dilaciones indebidas" con "los espurios fines" de disminuir la pena que pudieran corresponder a sus clientes o bien para lograr la absolución. El caso más ilustrativo es un juicio que se ha de celebrar con jurado por un incendio ocurrido en 1998. Hace ya cuatro años que el fiscal presentó escrito de acusación, pero todavía están pendientes de los recursos que presentaron las defensas.
