Quién es quién en la trama de Orihuela
El fiscal denuncia al alcalde de la capital de la Vega Baja, cinco concejales, tres asesores y cinco empresarios por 30 casos de corrupción
El fiscal anticorrupción de Alicante, tras seis meses de investigación, ha puesto nombres y apellidos a la trama político-empresarial en el Ayuntamiento de Orihuela, en manos del PP con mayoría absoluta desde 1987, denunciada por el ex interventor de la corporación, José Manuel Espinosa, y por la oposición. El ministerio público ha remitido al juzgado un escrito con una treintena de casos supuestamente delictivos por la gestión urbanística y contable del Consistorio. El fiscal Felipe Briones engloba las irregularidades en cuatro delitos: malversación, falsedad, tráfico de influencias y prevaricación. Los denunciados son el alcalde, cuatro concejales, tres asesores del primer edil (una de ellas concejal cuando ocurrieron los hechos), cuatro promotores y la firma Necso.
El eje de la acusación del fiscal es la denuncia del ex interventor de la Corporación
- Alcalde. El grueso de la denuncia recae sobre el alcalde, José Manuel Medina, a quien el fiscal acusa de los cuatro delitos, por recalificaciones de suelo protegido, sobrecostes de obras sin consignación presupuestaria, contratación ilegal del jefe de personal y uso de bienes (un chalé y dos lujosos turismos) propiedad de empresarios beneficiados por adjudicaciones. Medina llegó a la alcaldía en 1996 en sustitución del ex consejero de Obras Públicas Luis Fernando Cartagena, que está pendiente de ingresar en prisión tras haber pedido el indulto por apropiarse de la donación de 49.000 euros de unas religiosas al Ayuntamiento. Al aflorar la división interna de los populares, entre zaplanistas y campistas, el alcalde se alineó en el segundo sector, claramente más débil en Alicante. Este extremo le acarreó el pasado mes de julio la pérdida de la presidencia local del PP oriolano a favor de la hasta entonces primera teniente de alcalde, Mónica Lorente. Una posterior rebelión de Lorente y sus ocho concejales afines contra un plan urbanístico impulsado por el alcalde llevó a éste a despojarlos de sus competencias. La represalia de los zaplanistas fue su expulsión del comité ejecutivo provincial.
- Concejales. Junto a Medina, el fiscal denuncia a los concejales responsables de Urbanismo, Personal y Hacienda, es decir, Eva Ortiz, Antonio Franco y Antonio Rodríguez Barberá, respectivamente, por los supuestos delitos de tráfico de influencias y prevaricación y falsedad. Rodríguez Barberá es secretario autonómico de la Consejería de Agricultura. El escrito del fiscal incluye la acusación directa del ex interventor a la también diputada autonómica Mónica Lorente, por no ingresar en caja las recaudaciones de los conciertos municipales.
- Asesores. La nómina de cargos públicos denunciados por el fiscal se completa con tres asesores del alcalde: Encarna Galiano, Luis Alberto Prieto Marí y José Vicente Escudero. Encarna Galiano, compañera sentimental del alcalde, fue concejal entre 1999 y 2003 y es en la actualidad asesora de infraestructuras. Según el ex interventor, dejó el cargo sin justificar mandamientos de pagos por valor de 22.000 euros. Prieto Marí, familiar político del concejal Antonio Franco, fue contratado en exclusiva en diciembre de 2004 como jefe de Personal del Ayuntamiento. Prieto Marí era, además, profesor de la Consejería de Murcia a tiempo parcial, por su condición de liberado sindical. Tras trascender que cobraba dos sueldos públicos, dimitió. Vicente Escudero, abogado y urbanista, dirigió entre 1996 y 2003 la oficina municipal para la rehabilitación del casco histórico. El ex interventor mantiene que la oficina cobró comisiones ilegales.
- Promotores. El fiscal personaliza la trama empresarial en los promotores supuestamente beneficiados por trato de favor en la recalificación de suelo. Éstos son Joaquín Antonio Grau Pomares, Francisco Marcos Ferrer, Domingo Alcocer y José Antonio Rodríguez Belmonte.
El promotor Domingo Alcocer, a través de la firma Doalco, se ha hecho con decenas de adjudicaciones urbanísticas en Orihuela. El empresario fue el ejecutor de las obras de la plaza de la Glorieta Gabriel Miró, con un desfase de 3,3 millones de euros, según una auditoria del Colegio Oficial de Ingenieros Públicos de Alicante. A través de la firma Cucheto, participada por el ex director general de Vivienda del Consell, José María Zarco, fue uno de los promotores del campo de Golf de Algorfa, también objeto de una investigación judicial. Alcocer es, además, propietario de un aparcamiento subterráneo, donde el Ayuntamiento, por decreto de la alcaldía, paga ocho plazas para uso particular de los jueces de Orihuela. El promotor, en unión el grupo Cotino, presidido por un sobrino del actual consejero de Agricultura, opta a la contrata de basuras de Orihuela.
Francisco Marcos Ferrer es otro de los grandes promotores locales (el cuarto empresario de Alicante por volumen de facturación), mediante las mercantiles Contratas Marcos, SL, Promoción Inmobiliaria, Sierra Flamenca, SA, y Vista Mar Flamenca, SA. Marcos Ferrer también regenta un concesionario de automóviles, Automoción Olaza. El alcalde Medina usa un Audi A8, propiedad del mencionado establecimiento. El promotor ha aportado documentación, según la cual el coche es propiedad de Medina, y no del concesionario. En septiembre de 2005, el alcalde recalificó suelo en la costa al promotor para construir un gran centro comercial "alegando que apenas existía oferta", cuando en la zona hay más de 30 grandes superficies comerciales de esas características.
Joaquín Antonio Grau Pomares es uno de los promotores más activos en el ámbito del sur de Alicante y en Murcia. El proyecto emblemático es Villas don Quijote, en la costa. En esa urbanización está el chalé, propiedad de una firma de Grau, donde reside Medina. El alcalde sostiene que vive en la casa en régimen de alquiler con opción de compra. Medina usa la casa desde mediados de 2004, cuando el Ayuntamiento le adjudicó a Grau la urbanización de las Asomadas -dos millones de metros cuadrados de suelo no urbanizable y protegido-. Desde esa fecha, Medina usa un Rolls Royce Bentley del empresario.
José Antonio Rodríguez, mediante las firmas San Antonio y Eurohouse 2010, ha desarrollado decenas de programas urbanístico en la comarca. También ha ejecutado las obras de urbanización de un centro de salud, cuya adjudicación se produjo seis meses después de su apertura al público. En septiembre pasado, Medina le autorizó los proyectos de Tierras Nuevas I y II, 800.000 metros cuadrados de suelo no urbanizable y protegido, en la costa. La denuncia del fiscal recoge, además, un supuesto soborno del promotor a los concejales de la corporación, denunciado por el portavoz del grupo socialista.
- Necso. Esta empresa es la adjudicataria de las basuras desde 1987. En 2002, según el ex interventor, se pasaron a cobro facturas falsas por un supuesto lucro cesante de 240.000 euros. El 22 diciembre de 2004, el Ayuntamiento, por decreto de la alcaldía, pagó un extra de 180.000 euros a los empleados de Necso para evitar una huelga.
- Canal 34. Alcocer, Marcos y José Antonio Rodríguez Belmonte, junto con otros cuatro promotores locales, coinciden en el consejo de administración de la televisión local canal 34, emisora afín al PP. En julio de 2005 Rodríguez Belmonte se convirtió en el socio mayoritario de la televisión. El gerente del canal, recientemente legalizado por el Consell, es Antonio Galiano, hermano de la asesora de Medina y ex concejal Encarna Galiano.
Con la grabadora en la faja
En la Vega Baja, y en especial en Orihuela, la tensión y los recelos mutuos entre los políticos están a flor de piel. Sin llegar al extremo de afilar los cuchillos, los cargos públicos han llegado a echar mano de la tecnología punta y de los cada vez más fáciles métodos de camuflar sistemas de grabación para dejar constancia del contenido de conversaciones, oficiales o meramente casuales. Las grabaciones saltan luego a la palestra como prueba jurídica incriminatoria.
El grueso de la denuncia del fiscal anticorrupción de Alicante por una supuesta trama de corrupción político-empresarial en el Ayuntamiento de Orihuela se basa precisamente en la grabación de una reunión entre el ex interventor de la corporación, José Manuel Espinosa, y los portavoces de los tres grupos de la oposición municipal (PSPV, Centro Liberal y Esquerra Verda). El encuentro se celebró en el domicilio personal de Espinosa, el 22 de febrero de 2005, tres días después de que el funcionario fuese destituido tras autoinculparse de haberse apropiado de 30.000 euros de las arcas públicas. Allí, el funcionario desveló un sinfín de ilegalidades contables y de casos de supuesto tráfico de influencias, falsedad y malversación de fondos públicos.
La grabación fue el eje sobre el que giró la investigación abierta por el fiscal anticorrupción en septiembre de 2005. El ministerio público podría haber prescindido de las cintas, porque Espinosa se ratificó en su denuncia en posteriores entrevistas a los medios e inclusive en su comparencia ante el fiscal, donde se definió "como el blanqueador de facturas del alcalde".
Una segunda grabación se presenta como prueba capital en otra de las denuncias del escrito del fiscal, el supuesto intento de soborno del promotor José Antonio Rodríguez Belmonte a los concejales para apoyar dos programas urbanísticos que impulsaba. El presunto cohecho está reflejado en la grabación de una conversación entre el portavoz socialista, Francisco García Ortuño, y Ginés Sánchez, concejal del PP.
