El 'clavo ardiendo' del abastecimiento
La 'insularidad'energética española justifica la oposición del Gobierno a la OPA de E.ON
El Ministerio de Industria, el de José Montilla, explica poco y mal las razones que justifican la oposición del Gobierno -es decir, del presidente José Luis Rodríguez Zapatero y el propio ministro de Industria- a la OPA de E.ON sobre Endesa. Tal oposición sólo puede y debe fundamentarse en la garantía del suministro energético, es decir, en la hipótesis muy probable de que la desaparición de Endesa como operador independiente, con sede en España, y el desplazamiento de decisiones desde Madrid a Düsseldorf, provocará un conflicto entre intereses nacionales y empresariales en caso de escasez sobrevenida en los mercados internacionales. En términos sencillos, las preguntas son si E.ON podría desviar recursos energéticos procedentes de su filial española -eso sería Endesa- para evitar situaciones de escasez en Alemania, con perjuicio grave para los consumidores españoles; o dónde estaría dispuesta E.ON a interrumpir el suministro en caso de crisis de oferta en el mercado.
Europa carece de una política común de suministro. Ni los recursos son comunes, ni las reservas se comparten en tiempos de crisis
España tiene una dependencia energética del exterior superior al 80% y una capacidad de interconexión con Europa que no llega al 3%
El contorno de las dificultades energéticas españolas es muy conocido, aunque se olvida con pasmosa facilidad. España tiene una dependencia energética superior al 80% -la media comunitaria es del 50%-; su capacidad de interconexión eléctrica con Europa apenas cubre en el mejor de los casos el 3% de la demanda, gracias entre otras razones a la resistencia de los ayuntamientos catalanes a permitir el tendido de nuevas redes de conexión a través de los Pirineos; más del 30% de la electricidad se está generando con gas, casi todo procedente del exterior...
España es una isla energética, con el agravante de una capacidad de almacenamiento de gas muy reducida, en la que el Gobierno tiene la obligación de asegurar que funcionen la luz y las calefacciones. Esta insularidad es causa a veces de escasez de abastecimiento. Un pequeño detalle aclarará un poco esta obsesión por la escasez. El Ministerio de Industria observó en 2004 que en alguna ocasión los cargamentos de gas adquiridos por compañías españolas con destino a facilitar combustible a las centrales eléctricas "variaban de rumbo" y se vendían en mercados que pagaban un precio más alto que el retribuido en España. Estos cambios de destino reducían la capacidad de producción eléctrica en momentos de puntas de demanda. Industria dictó una norma que obliga a las empresa a disponer de contratos de suministro de gas para satisfacer la demanda doméstica e industrial de gas y electricidad, norma muy protestada por las compañías británicas ante la Comisión Europea. ¿Respetaría E.ON esta obligación legal española conociendo las reticencias de Bruselas?
Políticas nacionales
La jaculatoria de la libertad de inversiones en el espacio económico europeo tropieza con la obligación de abastecimiento energético. El derecho a comprar empresas europeas es principio inmarcesible de la economía comunitaria; incluso a pesar de que empresas como E.ON, EDF o ENEL no puedan ser compradas gracias a que durante decenios han desarrollado, al calor de la protección pública, el volumen de capitalización suficiente para que empresas españolas o británicas carezcan de ánimo y financiación para ello. Pero se da la circunstancia de que la institución política que defiende tales principios, la Comisión Europea, carece de una política comunitaria de suministro energético. Ni los recursos son comunes, ni las reservas se comparten en tiempos de crisis ni está aprobada una política común de abastecimiento. Salvo que se entienda por tal la sarta de vagas promesas de una política energética común enhebrada al tuntún por el presidente de la comisión, José Manuel Durão Barroso, el miércoles pasado.
Si se admite como válido el principio de la seguridad de abastecimiento, el Gobierno dispone de dos vías posibles de acción que cuentan con la debida legitimidad. La primera es que la Comisión Nacional de la Energía (CNE), en aplicación de sus poderes recién adquiridos, recorte al menos en un 25% los activos de Endesa que puede comprar el grupo alemán. La segunda, que no excluye la primera, es un pacto con el Gobierno alemán. Si las autoridades españolas consideran que la OPA alemana es irreductible e imbatible, Rodríguez Zapatero y Montilla deberían imponer, sugerir u orientar una negociación con, al menos, dos objetivos: comprometer plenamente a E.ON en la garantía de suministro energético a España (sobre todo de gas) y procurar la sustitución rápida del equipo directivo actual de Endesa. No sólo porque carece del entendimiento necesario con los responsables de la política energética española, entendimiento necesario para la coordinación del abastecimiento, sino porque la mejor garantía de que se respetará en todo momento la obligación de suministro sería considerar la compra de Endesa como una fusión, en la que uno de los ejecutivos más importantes de la compañía resultante fuera español. Este esquema reproduce un modelo de gran empresa europea que recoge los controles políticos necesarios para asegurar los deberes estratégicos. Similar a EADS, sin ir más lejos.
Nada de esto sería necesario si Gas Natural (GN) dispusiera de la capacidad financiera suficiente para ganar o empatar los 27,5 euros que ofrece E.ON por Endesa; pero ese fuelle está hoy en cuestión. Como tampoco parece que el Gobierno español tenga la suficiente determinación para articular la solución de una empresa compartida, las soluciones más probables tienen el inconfundible aroma de una Plan B. Es decir, recortar al máximo los activos de Endesa mediante los superpoderes de la CNE y organizar el resto del mercado energético español con una fusión de envergadura, esta vez bien planteada y resuelta. La más oída, casi vox populi, es la de GN e Iberdrola. Otra, no tan evidente, sería la de GN y Repsol y La Caixa, el accionista de referencia en ambas, se decide a aceptarla. Cosa nada fácil, porque la caja catalana, de una timidez rayana en la pusilanimidad y, como se ha demostrado, poco capacitada para articular grandes operaciones, nunca se ha sentido cómoda con el negocio petrolero.
Tiempo de lamentaciones. Los gobiernos del PP perdieron dos legislaturas sin organizar la estructura empresarial del mercado energético; José Montilla ha perdido otros dos años. Gracias a tanto retraso, E.ON se disponen a derrotar al monstruo Grendel del proteccionismo español; llega con una década de retraso respecto al proteccionismo alemán.
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