Un paso adelante
La construcción de la Europa unida está repleta de obstáculos que parecen insuperables, pero que a la larga se sortean o se vencen y que en general reportan beneficios. La historia está nutrida de ejemplos. La plena liberalización del sector de servicios, un mercado todavía muy embrionario, aun cuando representa más del 60% del PIB comunitario, es uno de los grandes temas pendientes. Ahora se acaba de dar un paso adelante, probablemente pequeño, pero paso al fin, en una Europa que se ha construido en gran parte gracias a un rosario de pequeños pasos.
Hay pocas dudas de que la liberalización pendiente de los servicios no ha quedado del todo resuelta tras la aprobación ayer en la Eurocámara, con el voto en contra de los socialistas franceses, de una directiva al respecto, bastante más tímida que la formulada hace dos años por el entonces comisario de Mercado Interior, Frits Bolkestein. La propuesta del comisario levantó enormes protestas de la izquierda, sobre todo en Francia -donde tuvo una fuerte incidencia en el voto de rechazo a la Constitución europea- y Alemania, y cosechó el repudio unánime de los sindicatos europeos, que la vieron como un ataque frontal al modelo social de la UE.
La nueva directiva es fruto de un pacto entre populares y socialistas europeos, orquestado en la sombra por la nueva coalición de gobierno alemana. El alumbramiento de ayer, por descafeinado que sea, avanza hacia una futura eliminación de las barreras proteccionistas en el capítulo de servicios y ha satisfecho a las propias organizaciones sindicales que convocaron manifestaciones esta semana ante la sede parlamentaria. La normativa no afectará por ahora a los derechos laborales de los países más ricos de la Unión y queda excluida una larga lista de sectores, entre ellos, todos los públicos.
La liberalización total del mercado supondría, según la Comisión Europea, la creación de 600.000 empleos, y un aumento de entre tres y siete décimas del PIB comunitario, según varios estudios de análisis. Con las rebajas acordadas, estas expectativas serán previsiblemente menores. Ha quedado definitivamente eliminado el punto más conflictivo de la controvertida directiva Bolkestein, el "principio del país de origen", por el que se permitía a las empresas prestadoras regirse por las leyes de su propio país y no por las de aquel en el que fueran a establecerse. El nuevo proyecto mantiene de forma ambigua el espíritu de este principio, aunque condicionado a las leyes de cada Estado en materia de seguridad pública, medio ambiente y salud pública.
La directiva pasa ahora a la Comisión antes de que se pronuncie el Consejo de Ministros. En el mejor de los casos entrará en vigor en 2010. Es evidente que está lejos de satisfacer las aspiraciones de quienes creen en la libertad total del mercado comunitario. Pero es un logro para los defensores de la integración ante las dificultades actuales por las que atraviesa la UE tras el fracaso del proyecto constitucional.
